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Además de esto, quienes diseñaron la propuesta dicen que el Estado debería crear una superintendencia que administre dichas edificaciones y que los precios de arriendo en ellas no deberían superar el 25% del ingreso de los hogares. Todo con el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda -que corre cada vez más peligro en Chile- sin perjudicar al mercado, como ya se ha hecho en ciudades europeas por ejemplo.
En la tercera entrega de una seguidilla de artículos sobre este tema, CIPER publicó la propuesta que los expertos Francisco Vergara Perucich y Carlos Aguirre Núñez, diseñaron para encontrar soluciones a la problemática habitacional que tiene los precios de arriendos y venta por las nubes.
Como bien explican los autores, “los precios de las viviendas se encuentran tremendamente distantes de los componentes fundamentales que configuran esos precios (costos de construcción, valor de suelo, capacidad de pago de los hogares y el desarrollo económico reciente)”, lo que ha generado una diferencia importante entre los precios y la capacidad de pago de los usuarios.
En ese sentido, los autores proponen que el Estado intervenga, de forma inteligente y preparada en el mercado.
“El Estado debe avanzar en implementar la Nueva Política Nacional de Desarrollo Urbano con los servicios regionales de desarrollo urbano (SRDU) para coordinar con las municipalidades y las constructoras locales la ejecución de al menos 95.000 viviendas públicas para el 2030 a nivel nacional, junto a la compra de 95.000 unidades disponibles en el mercado”, dicen los autores.
Para esto, el estado debería invertir anualmente aproximadamente 53 mil UF, monto equivalente al monto anual que actualmente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) destina a subsidios.
“La administración de las viviendas sería llevada a cabo por la municipalidad correspondiente y los arriendos no podrán superar el 25% del ingreso de los hogares”, agregan en su publicación Vergara y Aguirre.
Finalmente, los autores plantean la creación de una Superintendencia de Vivienda, “que se instale como una nueva institucionalidad fiscalizadora y organizadora de procesos de intercambio de vivienda y transa de servicios habitacionales”, para fiscalizar el apropiado funcionamiento de la entrega de viviendas fiscales a nivel regional y central.
