Rafael Ferrada, abogado querellante en caso Landerretche: «Este no es un hecho aislado»

Han pasado más de dos años desde que un artefacto explosivo detonó en la casa del expresidente de Codelco, Óscar Landerretche, y aún la investigación no ha logrado dar con los responsables. Tampoco es que los abogados querellantes sepan muchos más detalles: el jurista Rafael Ferrada, quien tomó posición a nombre del Partido Socialista (PS), cuenta que ya no hay acceso a la carpeta investigativa que lleva el Ministerio Público: «Dada la complejidad del asunto, puede que nuestro acceso a ella pueda generar dilaciones o problemas dentro de la persecución de este tipo de delito», señala.

Ferrada adelanta, además, que pronto pedirá información para entender qué pasó. «Han pasado dos años y medio y no se ha demostrado que haya responsables. Creo que se tiene que dar cuenta, porque el caso de Landerretche no es un hecho aislado: hay dos hechos posteriores en los cuales se repiten patrones más o menos comunes en la entrega de artefactos explosivos. Tiene que haber una preocupación como sociedad. No se están encontrando los responsables de estos delitos».

-Una de los principales llamados que el Ejecutivo ha hecho, a propósito de toda esta situación, es a aprobar  la propuesta de ley antiterrorista, que amplía facultades de investigación y no la figura del delito mismo.

-El tema de fondo es la reforma al delito del terrorismo, de forma actualizada, moderna, que es lo que no existe ahora. O sea, va a quedar coja (la propuesta del Ejecutivo así como está): solamente una parte, que le va a permitir tener agentes encubiertos, agentes reveladores, es lo que hace esta modificación del Gobierno. No necesariamente es lo que va a prevenir delitos. Los últimos delitos que se han cometido en Santiago y por los que se ha invocado esta ley antiterrorista, son de distintas células de diferentes orígenes: ecoterroristas, anarquistas, que son de difícil intervenir. Que un agente encubierto tome la confianza y pueda acreditar pruebas, creo que no va a tener ninguna medida de prevención y no va a servir para nada. Estas medidas introducidas ya se están aplicando para delitos respecto a los robos, después de la ley de agenda corta y seguridad pública, y no ha significado al disminución en este tipo de delitos. No sé cuál es la motivación de crear una reforma que está coja.

-¿Es perpetuar los mecanismos investigativos actuales?

-Es como una apariencia de que se están haciendo medidas que van a significar prevenir y sancionar este tipo de delitos. Pero claramente va a pasar lo mismo de siempre si no se modifica el delito propiamente tal.

-¿Cuán sería una alternativa, o una modificación más contingente?

-La ley actual antiterrorista tipifica el delito con agravantes. Por ejemplo, si mato a una persona, es un delito común, un homicidio; pero si se hace con el objeto de causar temor en la población, tiene ciertas agravantes que es lo que causa este delito antiterrorista. Sin embargo, hay una reforma que se ingresó el año 2014, por el gobierno de Bachelet, en la cual se establece una distinta modalidad de tipificación del delito terrorista como una asociación criminal terrorista, que de esta forma se entiende en Alemania y las legislaciones penales europeas más modernas, en las cuales se establece necesariamente que el terrorismo se concibe como delito organizacional, de crimen organizado. No como existe actualmente en Chile, que es un delito común con agravante en el que el dolo terrorista es de imposible acreditación.

-¿Alguna de estas modificaciones que propone el Ejecutivo beneficiaría las investigaciones en curso del Ministerio Público?

-Todas las modificaciones que se están discutiendo sobre ley corta o ley larga, no influyen mucho en la investigación porque hay problemas tanto en las diligencias como en la persecución de estos delitos, que son cuestiones más administrativas. Otorgarle más facultades a la policía, por ejemplo, para tener más agentes encubiertos, entregas vigiladas, o agentes reveladores, no crearía una modificación. Porque no ha estado cerca ni por dos años que dura la investigación (del artefacto explosivo que llegó a la casa de Landerretche en La Reina), para poder llegar a los responsables. Esto no va a tener ninguna consecuencia.

¿Qué sería, entonces, lo que se necesita?

-Lo que se necesita son más facultades y reformas al sistema de inteligencia; se necesita que el Ministerio Público tenga más personas para esto; que se fiscalicen de mejor manera el envío de encomiendas, que no sean tan libres. Falta esa fiscalización, que son medidas preventivas, de seguridad, que es la que se están ocupando en otros lados del mundo. Pero esto no va a significar nada en una reforma legal en este espacio. O sea, con una reforma, tendríamos las mismas consecuencias de no tener responsables hoy en día, tanto en el caso de Óscar Landaerretche, como con lo que pasó en Vicuña Mackena, o lo que recién se está investigando en Huechuraba.

-¿Cuáles son las principales dificultades para estos tipos de casos?

-Hay una modernización y también una organización más acabada que tienen estos movimientos para poder cometer estos delitos. Tienen mayor prevenciones, lo realizan de manera más oculta, y por eso no se ha podido prevenir, ni intervenir, ni buscar responsables. No es como pasó en el Subcentro, en el cual fueron poco diligentes al momento de hacer la colocación del explosivo, donde se pudo llegar al responsable con las cámaras. Pero estas personas toman varios resguardos para poder hacerlo. Y en el caso particular de Óscar Landerretche, por ejemplo, la grabación de Chilexpress donde se llevó esa encomienda, las cámaras estaban malas o no estaban apuntando donde tenían que apuntar para determinar quién era el remitente. Esperamos que en esta investigación que se está realizando por Huechuraba, Correos de Chile, como una empresa de servicio público, tenga las cámaras correspondientes para saber qué personas es. Porque lo que sabemos ahora es que hubo una usurpación de nombre de una funcionaria de la municipalidad de El Bosque y nada más. Así que lo que está pasando y que se sigo viendo es que faltan prevenciones y fiscalizaciones, al menos, que tienen que ver con las encomiendas y medidas de seguridad.

-En el caso particular de Landerretche, ¿han habido acciones de los proceso investigativos que sean cuestionables y que puedan eventualmente replicarse en este último caso de bombas?

-El Ministerio Público tiene parte de esta responsabilidad compartida (sobre la demora en la búsqueda de responsables), porque investiga a través de la PDI como de Carabineros de Chile. Existe un problema sistemático y, como dije anteriormente, tiene que ver con prevenir con el sistema de inteligencia, que es un sistema antiguo, donde las distintas policías o las fuerzas armadas no comparten la información para poder prevenir y perseguir el crimen organizado.

-Una vez que explotó la bomba, el Presidente Piñera salió rápidamente a señalar que habían dado con un nombre y una dirección que, sabríamos después, resultó ser usurpada. ¿Influyen esas declaraciones, junto con la promoción de la agenda de seguridad propia, en el mismo camino de la investigación penal?

-El Presidente tiene que ser responsable con las declaraciones que pueda emitir respecto de las investigaciones que se están realizando. Una de las declaraciones que realizó el mismo día, a raíz de este hecho, la ocupó para impulsar su política pública de seguridad, que ha sido bien cuestionada por el populismo punitivo que tiene detrás. Llamó a aprobar esta ley corta antiterrorista. O sea, lo que hizo fue terminar con cualquier debate democrático en una sociedad por un hecho particular, aprovechándose un poco del temor que causa este tipo de delitos para legislar. Es una legislación que no va resultar en nada. Además, hizo un llamado para que se aprobara por Contraloría la intervención de las Fuerzas Armadas en las fronteras para combatir el nacrotráfico, cuestión que no tiene ninguna relación con los artefactos explosivos. O sea, aprovecha un hecho puntual para poder impulsar su política de seguridad, es riesgoso. Sobre todo porque tienen bastantes cuestionamientos.

-Entonces, ¿hacia dónde debería apuntar las modificaciones?

-Lo que tienen que hacer (el Gobierno), son más medidas administrativas fuertes para poder perseguir y prevenir. Veamos: ¿se podría haber evitado el delito en Carabineros y Correos de Chile? Claramente, se podría haber evitado. Tiene que haber una mayor fiscalización, tanto en las comisarías como en los correos, para evitar que se envíen estas cosas.