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Oposición paraguaya pide juicio político contra el presidente por acuerdo secreto con Bolsonaro

Por: Victor Farinelli | Publicado: 08.08.2019
La iniciativa está basada en un acuerdo secreto que el mandatario guaraní firmó semanas atrás con el gobierno de Brasil, por la gestión de la Central Hidroeléctrica de Itaipú, instalada próxima a la triple frontera entre los dos países y la Argentina (y también medianamente cercana a las Cataratas de Iguazú).

En la noche de este martes (6/8), un grupo de 32 diputados de la oposición formalizó un pedido de juicio político al presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez; su vicepresidente, Hugo Velázquez; y al ministro de Hacienda, Benigno López, acusados de “traición a la patria”.

La iniciativa está basada en un acuerdo secreto que el mandatario guaraní firmó semanas atrás con el gobierno de Brasil, por la gestión de la Central Hidroeléctrica de Itaipú, instalada próxima a la triple frontera entre los dos países y la Argentina (y también medianamente cercana a las Cataratas de Iguazú).

Según lo revelado hace dos semanas (más precisamente el 24 de julio), los presidentes Bolsonaro y Abdo Benítez acordaron durante la última cumbre del Mercosur (el 15 de julio, en la ciudad argentina de Santa Fe) adoptar un nuevo modelo en el que, a partir del 2020 y hasta el 2022, Brasil pasaría a fijar el precio que los dos países tendrían que pagar por la energía generada en Itaipú.

Ese parámetro fue considerado bastante desventajoso no solo por la oposición, sino que también por gran parte de la prensa hegemónica del país, porque el escenario vigente determina un valor fijo que los dos países deben pagar por la mitad de la energía producida que le corresponde, pero permite a Paraguay vender el excedente de su energía a cualquier país vecino (aunque Brasil es el mayor comprador histórico de ese excedente) y a estipular el valor que quiera por ello. Con el documento firmado por Bolsonaro y Abdo Benítez, la nueva regla significaría para el Estado guaraní una pérdida de recursos por más de 200 millones de dólares, según analistas económicos.

El escándalo por el acuerdo fue tan grande en Paraguay que Bolsonaro aceptó deshacerlo la semana pasada, creyendo que esa movida ayudaría el aliado regional a zafarse de complicaciones políticas.

Pero la venta de los excedentes energéticos de Itaipú es uno de los grandes temas estratégicos de Paraguay, por lo que ni el fin del acuerdo ni las dimisiones del canciller Luis Alberto Castiglioni y de dos directores de la estatal Ande (Administración Nacional de Energía), Fabián Cáceres y Pedro Ferreira, evitó que el tema siguiera en la pauta del quehacer político del país. El simple hecho de poner en riesgo una cuestión de tanta importancia, mantuvo al presidente bajo sospecha y la oposición ha sabido aprovechar esa situación.

La oposición no posee los votos suficientes para llevar adelante su pedido (cuenta con 32 diputados y 20 senadores, pero necesitan 53 votos en la cámara baja y 30 en la cámara alta para iniciar el juicio), pero cuenta con que el escándalo nacional termine por convencer a algunos aliados del oficialismo. Según la diputada Celeste Amarilla, del Partido Liberal (el de mayor presencia entre los opositores), “no importa si al final perdemos, esto es lo que hay que hacer en este caso”.

La crisis surge faltando pocos días para que Mario Abdo Benítez cumpla su primer aniversario como presidente de Paraguay (el 15 de agosto). El político y líder del Partido Colorado es hijo de Mario Abdo, quien fue el secretario privado del dictador Alfredo Stroessner (1954-1989), también conocido como “el dictador pedófilo”. Además de los 18 mil presos políticos y las más de 5 mil víctimas entre ejecutados y desaparecidos, el tirano paraguayo también se hizo conocido por un reportaje del diario The Washington Post, en los años 70, que mostró como él mantenía un local donde había decenas de niñas menores de edad, con edades entre 10 y 15 años, que servían como sus esclavas sexuales, aunque el caso nunca fue investigado, por lo que no se supo si el padre del actual presidente y otros funcionarios cercanos al dictador fueron cómplices de esos hechos.

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