La mañana de este lunes, las diputadas Natalia Castillo (RD) y Karol Cariola (PC), junto a los diputados Raúl Soto (DC) y Luis Rocafull (PS), se reunieron en la Contraloría General de la República con el objetivo de ingresar un requerimiento para que se fiscalice al Ministerio de Desarrollo Social en relación al “Servicio de conteo a nivel nacional de niños, niñas y adolescentes en situación de calle”.

Esto con el fin de averiguar respecto de los protocolos de intervención que se llevaron a cabo en los casos que se tomó conocimiento de vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Sobre la acción, la diputada y abogada Natalia Castillo, autora del documento, expresó que “con este requerimiento esperamos que la Contraloría estudie minuciosamente las bases administrativas y técnicas de la licitación que ofertó un Conteo de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, para que pueda  definir, en primer lugar, las eventuales responsabilidades administrativas en cuanto a si las bases se ajustan a las exigencias y estándares de un estudio realizado con niños, niñas y adolescentes en situación de calle  y en segundo lugar – y más importante- en cuanto a la obligación del Estado de ser garante de la restitución de los derechos de los niños”.

“No hay excusas para no tomar medidas inmediatas”

No hay excusas para no tomar medidas inmediatas con cada uno de los niños con los que se tomó contacto y son parte este conteo y a su vez darle seguimiento a cada uno de los casos. A modo de ejemplo, se encontró a una niña de 14 años embarazada, es decir una niña violada, y hoy no hay claridad de lo que ha pasado con ella y su bebé y tampoco si se hizo la denuncia respectiva al Ministerio Público”, explicó Castillo.

El diputado Luis Rocafull, quien preside la Comisión de Familia, agregó que “hemos citado dos veces al nuevo ministro a la Comisión y no ha concurrido, la última vez justificó que tenía compromisos contraídos anteriormente, siendo que lo habíamos citado con más de 15 días de anticipación y estaba en el Congreso. Este tema tiene que ver con la prioridad que deben tener niños niñas y adolescentes, especialmente los que están en situación de calle y se encuentran más vulnerados”.

Por su parte, la diputada Karol Cariola expresó que “nos parece valorable y necesario que el gobierno haya realizado un conteo ¿pero qué sacamos con saber cuántos niños, niñas y adolescentes viven en situación de calle, si esto no estará vinculado a que el Estado de Chile se haga cargo de tomar medidas y de darle seguimiento a esos mismos niños y niñas que está contando? Haber gastado 100 millones de pesos en un conteo que no lleva aparejadas las medidas necesarias y que no es capaz de reubicar a los niños y niñas que ya ha contando, es un escándalo”.

“Exigimos saber qué pasó con aquellos niños”

Además agregó que le solicitan al Contralor que analice cada uno de los procedimientos que se llevaron adelante. “Necesitamos saber qué pasó con los niños, niñas y adolescentes, donde había incluso una embarazada. Exigimos saber qué pasó con aquellos niños que estaban en una vulneración flagrante de sus derechos”, sentenció.

En la misma línea, el diputado DC Raúl Soto aseveró que “acá lo que buscamos es que se declare irregular el incumpliendo normativo en las bases de licitación que se tuvieron en cuenta para este estudio y conteo de niños, niñas y adolescentes en situación de calle”. “Porque el Estado y el Gobierno no pueden simplemente considerar el conteo a secas pura y simplemente, sino que éste tenía que ir acompañado de medidas y políticas públicas de acompañamiento y que permitieran impulsar y abrir los procesos proteccionales donde hubieran vulneraciones de derechos, ya sea por la vía administrativa o la vía  judicial y eso no se hizo”, criticó Soto.