La abogada de la Defensoría Penal Pública, Alejandra Rubio, aseguró que en este caso se ha vulnerado «el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso y el derecho a no autoincriminarse» del imputado.
Este jueves, la Defensoría Penal Pública presentó un recurso de amparo en favor del único imputado por una serie de casos de envío y activación de artefactos explosivos en Santiago, con el objetivo de que la justicia deje sin efecto la prisión preventiva que se determinó para Camilo Gajardo Escalona (28).
Al joven se le imputan distintos delitos relacionados con atentados bomba registrados durante los últimos dos años. Entre ellos, el que afectó al ex presidente de Codelco, Óscar Landerretche. Son seis los incidentes en los que habría tenido participación.
Sobre estos presuntos ilícitos, la Fiscalía Metropolitana Sur ha indicado que se trata de acciones de «carácter terrorista».
La Defensoría Penal Pública -a cargo de la representación del imputado- se mostró en desacuerdo con la medida cautelar de prisión preventiva, que mantiene al joven recluido desde el viernes pasado.
Su defensora, Alejandra Rubio, apela a que tras la detención de Gajardo Escalona, se vulneraron varios de sus derechos, partiendo por que «las resoluciones judiciales que se dicten en un proceso en su contra», deben tener «un fundamento».
«También se vulneró el derecho a la defensa, el derecho al debido proceso y el derecho a no autoincriminarse», agregó Rubio.