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Opinión

La trampa de la integración social y urbana: entre la periferia y el mercado

Por: Alex Paulsen E. | Publicado: 18.08.2019
Un proyecto de ley que reduce la integración a ubicar viviendas para sectores de bajo ingresos y medios a ejes de transporte, no es integración ni inclusión. Todo proyecto de planificación urbana o que intervenga en la ciudad, debería reconocer dentro de sus principios la justicia espacial, la sustentabilidad en términos sociales, políticos y culturales, el acceso, la preservación, la diversidad de todo tipo, la participación, la resiliencia y la igualdad. Construir una ética de lo urbano nos remite precisamente a este tipo de principios y su consideración en la planificación de todo espacio social.

Luego de la “exitosa” y contradictoria década de 1990 en temas de vivienda, la necesidad de poner atención a los procesos de construcción y localización de la vivienda social se hizo patente en los primeros años del siglo XXI. Hacia el 2005, el programa político de Michelle Bachelet, hacía alusión a la necesidad de fomentar la integración de las ciudades y barrios a través de las políticas habitacionales y urbanas. En este sentido, se hacía énfasis en establecer un sistema de subsidios diferenciados a la vivienda social tomando en cuenta la localización de esta. Posteriormente, estas ideas contenidas en el programa político se concretan en su gobierno a través del Subsidio Diferenciado a la localización (SDL). Anterior a esto, la Nueva Política de Vivienda del año 2000, había hecho algunos tímidos intentos de materializar conceptos tales como integración en material de la localización de la vivienda. No obstante, solo desde el año 2006 en adelante se materializa este concepto que hace alusión a la justicia espacial en las ciudades por medio del SDL.

El SDL tuvo por objetivo establecer un valor agregado al Fondo Solidario de Vivienda I y II los cuales se dirigen a los sectores en condiciones de pobreza e indigencia y el 40% de menores recursos de la población. Este valor significaba aumentar la cantidad de recursos para que dichas familias pudieran acceder a terrenos en comunas consolidadas. Dicho esto, los resultados empíricos muestran que los objetivos de esta política no se concretaron en el espacio urbano de la Región Metropolitana de Santiago. Según datos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, referidos a la localización de los subsidios del programa FSV I, entre el 2007 y el 2009 la mayoría de estos subsidios fueron materializados en comunas como Puente Alto, La Pintana y San Bernardo. Con respecto al FSV II con SDL, las comunas con la mayoría de estos fueron Puente Alto, Maipú y San Bernardo. Al parecer, los inicios de la integración solo fueron retórica que tuvo cabida nuevamente en la periferia de la ciudad.

Por su parte, en el programa de gobierno de Sebastián Piñera (2018 – 2022), se señalaba que las ciudades debían avanzar a ser más integradas, sustentables, con calidad urbanística, identidad y visión de futuro. La relación inmediata que se establecía era que esto significaba promover la densificación de los ejes de transporte posibilitando a las familias vivir cerca de esos ejes. Es decir, en ese caso, la integración en las ciudades y su sustentabilidad se reducen a producir proyectos de vivienda en aquellos lugares en donde el transporte se encuentra cercano. Estudios empíricos señalan que los nodos de transporte se han convertido en los principales nichos de renta para los proyectos inmobiliarios, aumentando además la plusvalía de las viviendas aledañas. Esta es la concepción de sustentabilidad e integración urbana en la visión de este programa; densificar en los ejes del transporte. El reduccionismo patente de la integración y sustentabilidad, nuevamente se vuelven una retórica atractiva para estar acorde a los tiempos.

Esta semana, se acaba de aprobar el primer trámite constitucional con suma urgencia para modificar diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana. A la luz de lo expresado por la sociedad civil -organizaciones de vivienda, allegados, asociaciones de barrios, fundaciones, colegios profesionales hasta la academia-, han manifestado su rechazo a estas modificaciones por cuanto esta nueva normativa reestructura las potestades entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los municipios. Esto se traduce en primer lugar, que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo podrá interferir en los planes reguladores, estableciendo “beneficios” a los proyectos promuevan la integración social y urbana. Esta idea también se encuentra contenida en el decreto 56 que se publica el 10 de julio del presente año. En este decreto se establece que el MINVU podrá entregar dichos beneficios a estos proyectos en lugares determinados, previa consulta a la municipalidad respectiva. Este último punto resulta importante, ya que en caso de que la municipalidad no tenga observaciones a las solicitudes ministeriales -dentro de un plazo de 60 días, prorrogables a 30 días-, el ministerio tendrá la facultad de eventualmente aprobar dicho proyecto mediante resolución fundada. Con ello el MINVU adquiere un poder considerable en las decisiones de la producción de la ciudad, dejando de lado la participación de la sociedad civil en esto.

Llama la atención que los conceptos utilizados en el Mensaje presidencial N° 331-366 del 3 de diciembre del 2018, se hable de “zonas de inclusión urbana” y zonas de integración urbana”. Los conceptos de inclusión e integración nos remiten a dos visiones diferentes. La inclusión implica que una sociedad o ciudad se reestructura en función de las necesidades de comunidades o grupos particulares. Por su parte, la integración significa que las comunidades deben acogerse a las características de la ciudad o sociedad dominante. Bajo estos principios, es que la integración resultaría un proceso menos participativo que el de la inclusión. Siendo esto así, los ciudadanos que se encuentran acogidos a los FSV o FSEV, deben integrarse a las iniciativas que establece el SERVIU y en este caso al mercado que va a ir en busca de aquellos espacios urbanos en donde va a desarrollar estos proyectos. Nada menos democrático que esto.

Para agravar esta situación, en el debate parlamentario el diputado Monsalve menciona que en la sala existen 21 parlamentarios con conflictos de intereses -es decir, aproximadamente el 15%- debido a que son parte de negocios inmobiliarios o derechamente dueños de inmobiliarias. De igual forma, y ante las advertencias que hace el secretario de la sala con respecto a la posible investigación posterior de la comisión de ética sobre el patrimonio y vinculo de los 155 parlamentarios, estos votan y no se inhabilitan. Dicha votación tendrá consecuencias en el patrimonio de dichos parlamentarios y con ello en el daño nuevamente a la ciudad y a la democracia.

Si seguimos escarbando en este entramado del proyecto de ley, nos encontramos con el plan regulador comunal. En dicho plan regulador comunal, aquellas comunas que no ingresen una cuota de integración social, deberán hacerlo en el futuro. Si bien la densificación es una variable deseable por sobre la ciudad difusa, esto no hará más que seguir aumentando la plusvalía de los suelos, pero, además, en el beneficio directo hacia las inmobiliarias, las cuales podrán ir incrementando los nichos de renta en donde producir. Si bien este proyecto de ley establece una política del suelo, no existe nada acerca de la captación de plusvalía que se produce con estos proyectos y que pueden ir en directo beneficio de las comunidades que se encuentran viviendo en dichas zonas y para quienes van a llegar a estas.

Con estos antecedentes, el proyecto de democratizar la ciudad se aleja cada vez más y los discursos de integración se vuelven más una trampa que un aporte a nuestras ciudades ya altamente segregadas. Un proyecto de ley que reduce la integración a ubicar viviendas para sectores de bajo ingresos y medios a ejes de transporte, no es integración ni inclusión. Todo proyecto de planificación urbana o que intervenga en la ciudad, debería reconocer dentro de sus principios la justicia espacial, la sustentabilidad en términos sociales, políticos y culturales, el acceso, la preservación, la diversidad de todo tipo, la participación, la resiliencia y la igualdad. Construir una ética de lo urbano nos remite precisamente a este tipo de principios y su consideración en la planificación de todo espacio social.

Alex Paulsen E.