“Ley Hinzpeter” 2.0: El resurgimiento del proyecto antiencapuchados de Piñera que fracasó en 2013

A inicios de semana, la intendenta Karla Rubilar se reunió con la ministra de Educación, Marcela Cubillos, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el alcalde de Santiago Centro, Felipe Alessandri, para abordar posibles salidas a los hechos de violencia que han ocurrido durante los últimos días en el Instituto Nacional. Pese a que el presidente Sebastián Piñera no participó del encuentro, el anuncio que hizo este viernes sí estuvo muy relacionado.

La respuesta no solo pasó por disponer carabineros de Fuerzas Especiales en el techo del histórico establecimiento, como dijeron, de “manera preventiva”. Piñera decidió reflotar un viejo proyecto que fracasó en su administración anterior: la ley antiencapuchados que ingresó en medio de las marchas estudiantiles de 2011 y que la próxima semana entrará nuevamente al Congreso. «Espero que la segunda sea la vencida porque necesitamos elementos más eficaces y más poderosos para combatir la delincuencia«, sostuvo el Mandatario.

El nombre oficial del proyecto de 2011 era “Ley que Fortalece el Resguardo del Orden Público”, pero fue conocido como la “Ley Hinzpeter”, en alusión al ministro del Interior que entonces la impulsó, Rodrigo Hinzpeter.

La iniciativa fue polémica y tuvo una férrea oposición entre los estudiantes secundarios y universitarios que acusaron un intento de frenar las manifestaciones y el paro que llegó a los siete meses, pese a la falta de respuesta de las autoridades del Mineduc.

Ese texto señalaba: “Los últimos acontecimientos en nuestro país, han demostrado que el derecho a manifestarse pacíficamente se ha visto limitado o restringido debido a la acción de personas ajenas a las causas que ellas expresan, las que actúan violentamente, sea en contra de la vida e integridad física, sea dañando bienes públicos y privados, sea atacando a las Fuerzas de Orden y Seguridad”.

Y también integraba un artículo sobre la facilitación de la obtención de medios de prueba, que buscaba incorporar una nueva facultad para que “las policías solicitaran la entrega voluntaria de grabaciones, filmaciones u otros medios electrónicos que puedan servir para acreditar la existencia de delitos o la participación en los mismos, sin orden previa del fiscal”.

Además de estar firmado por Hinzpeter, el documento tenía el respaldo del entonces ministro de Justicia y actual canciller, Teodoro Ribera Neumann.

Sin embargo, en diciembre de 2013, el proyecto fue rechazado en comisión mixta, por 51 votos en contra y 46 a favor. Los parlamentarios de oposición argumentaron que criminalizaba la protesta social y se mostraron en desacuerdo con la detención por sospecha que proponía.

En ese momento ya se conocían los resultados de las elecciones presidenciales y Michelle Bachelet asumiría en marzo del año siguiente. Por eso, ante esa derrota para La Moneda, Piñera dijo: “Espero que el próximo gobierno no se arrepienta de haber rechazado una ley que le habría dado mejores instrumentos para luchar contra la delincuencia y los encapuchados y proteger a la gente inocente, que somos la inmensa mayoría del país”.

Revisa aquí el proyecto inicial ingresado por el presidente Piñera en 2011, que busca reflotar en su segundo gobierno.