Promesa incumplida: romper con la violencia machista en las universidades

Hace pocos días alumnas de la Universidad Diego Portales se tomaron la Facultad de Derecho. Da la sensación de un déjà vu o de presenciar, otra vez, una misma obra de teatro, con los mismos actos y un mismo final. La acción de estas jóvenes se explica porque autoridades de la institución no respetaron las reglas que la comunidad universitaria se dio para enfrentar y erradicar la violencia sexual y los actos discriminatorios que de ella resultan hacia otros estamentos.

La violencia de género contra las mujeres es una expresión de la brutal discriminación que viven las mujeres en todo el planeta. Son múltiples acciones, en distintos contextos y manifestaciones que tienen como fin, someter a las mujeres a un orden construido sobre un sistema de creencias donde ellas son concebidas como seres cuyo propósito en la vida es reproducir biológica y socialmente a la sociedad.

La violencia actúa como dispositivo de control para “orientar” a las mujeres frente al mandato de la feminidad, dejándoles claro que en la universidad siguen siendo “intrusas”, que “no son bienvenidas”, “que su lugar es la casa” y que la violencia sexual que algunos hombres ejercen sobre ellas, es algo normal y natural, producto de el constante deseo sexual que ellas “provocan” en estos.

Son décadas de denunciar a través investigaciones que la violencia contra las mujeres no es normal, trivial o natural. Hemos logrado grandes acuerdos y avances a través de instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, normativas nacionales y organizacionales que buscan erradicarla.

En abril del 2018, alumnas de la Universidad Austral, levantaron la primera toma feminista en un campo universitario en Chile. Ellas denunciaban que los instrumentos normativos para enfrentar el acoso sexual, la violencia y la discriminación las revictimizaba y no contribuían a erradicar la violencia que ellas estaban viviendo sino más bien reforzaba el contexto de complicidad con la violencia machista.

A las semanas, eran decenas de universidades que estaban en toma feminista para denunciar las condiciones de desigualdad en las que ellas se educaban. En muchas universidades se consiguió el compromiso de levantar una institucionalidad de género que permitiera garantizar la mejora continua de las condiciones que permitieran a las estudiantes, académicas y trabajadoras estudiar y desarrollarse profesionalmente en instituciones educativas libres de violencia de género.

Muchas reglas de juego fueron mejoradas y otras nuevas elaboradas. La pregunta es ¿Qué han hecho las universidades para garantizar un mínimo de legitimidad a la institucionalidad ganada? Cuando la respuesta es una nueva toma feminista, evidencia que se ha hecho poco o muy poco para fortalecer la institucionalidad y mucho o muchísimo para fragilizarla y con ello fortalecer los contextos de complicidad y reforzar la impunidad con la que se han movido permanentemente los agresores en estos espacios.

Este contexto ha conseguido revictimizar y estigmatizar a las jóvenes y mujeres a través de representaciones sociales que la violencia machista ha usado tradicionalmente para minimizar y naturalizar la problemática: “las mujeres mienten”, “las mujeres son histéricas y escandalosas”. Frente a esto se desconfía de los canales formales de denuncia y se llevan a cabo acciones informales, fuera del debido proceso y que generan un ambiente no deseado para quienes integran la comunidad académica con costos altísimos para ellas.

Es urgente fortalecer la institucionalidad ganada por las jóvenes y docentes que apoyan estos cambios. Las universidades deben dotarse de capacidades que les permita comprender la problemática que enfrentan porque sólo así podrán diseñar instrumentos que les permitan sensibilizar a toda la comunidad sobre el derecho que tienen las mujeres a una vida libre de violencia machista, así como también comprender que la investigación en materia de violencia de género debe ser acuciosa, en manos de personas idóneas, formadas y sensibles; realizada con la máxima celeridad posible porque ésta es parte del proceso de reparación de las víctimas.

Todo lo anterior no es imposible o de frágil institucionalidad, si no se cuenta con una política de igualdad que mandate a todas las estructuras de la universidad a transformarse, y un mecanismo que empuje la política y cuente con el poder para tomar decisiones y presupuesto para planificar las acciones que permitan a la organización gestionar el urgente cambio que moviliza a las jóvenes