La ofensiva contra los derechos laborales

El proyecto de flexibilidad laboral del gobierno permitiría que el empleador “pacte” con cada trabajador o trabajadora, por separado, una serie de medidas tendientes principalmente a hacer “menos rígida” su jornada laboral. La suposición de que “el trabajador podrá negociar individualmente sus condiciones de trabajo con la empresa” olvida que el derecho laboral se funda bajo la premisa de que trabajadores y empresarios no se encuentran en igualdad de condiciones. Lejos de mejorar la calidad de vida o mejorar la integración al mercado del trabajo, este proyecto le entrega al empleador un cheque en blanco para imponer a trabajadores las jornadas que su empresa requiera en función de la demanda. Esto implica que ahora las empresas podrán someter la jornada laboral a los vaivenes del mercado, al contar con un banco de horas de trabajo disponibles ante todo evento. En suma, detrás de este proyecto, está la noción del trabajador o trabajadora como un factor productivo más, que debe adaptarse a las necesidades de producción, y en ningún caso un sujeto de derechos.

Este panorama se complica si ponemos sobre la mesa las fuertes restricciones a los derechos colectivos de sindicación, negociación colectiva y huelga existentes en Chile, a partir del Plan Laboral de la dictadura y la Reforma Laboral de Bachelet, que introdujo nuevos obstáculos para el ejercicio de estos derechos. Sin la presencia de organizaciones sindicales fuertes en la mayoría de los lugares de trabajo, es muy probable que la tónica sea incorporar estos pactos de flexibilización de manera obligatoria para todos aquellos trabajadores o trabajadoras que no cuenten con una organización sindical que les permita negociar de manera adecuada. Solo con sindicatos fuertes es posible pensar en una flexibilidad negociada beneficiosa para ambas partes y no solo para la empresa. En la propuesta del gobierno este problema se expresa también en la posibilidad de pactar colectivamente jornadas semestrales y anuales, pero un sindicato débil –o la inexistencia de estos- no podrá hacer frente a la imposición de la empresa sobre este tipo de jornadas. Muchos expertos laborales consideran que esta última medida nos retrotrae a la situación laboral del siglo XIX al relativizar una de las grandes conquistas del movimiento obrero lograda durante el siglo XX, que fue precisamente la jornada laboral de ocho horas diarias.

De esta forma, este marcado desequilibrio entre los actores laborales se consolida aún más con proyecto del Gobierno y permitirá la imposición de estas cláusulas de flexibilización por parte del empresario, se explica por las políticas laborales de los últimos cuarenta años, compartidas por la derecha, la Concertación y la Nueva Mayoría. Podemos decir, en consecuencia, que existe una continuidad histórica entre lo que hoy propone el gobierno de Piñera, la última reforma laboral de Bachelet y el Plan Laboral de la dictadura. No obstante lo anterior, es importante recalcar que el proyecto de Piñera sobrepasa cualquier reforma laboral con sesgo pro empresarial vista desde el retorno a la democracia. Si Bachelet realizó una reforma que se enfocaba principalmente en limitar el ejercicio de los derechos sindicales en nombre de una supuesta “modernización” de relaciones laborales, lo que hace Piñera es consagrar la precarización laboral de amplios contingentes de trabajadores y trabajadoras, la mayoría de los cuales tendrá que negociar individualmente su contrato sin ningún tipo de organización que le permita efectivamente nivelar la cancha.

El Frente Amplio y las diversas fuerzas de cambio debemos no solo resistir esta ofensiva contra los derechos laborales que se gesta hace décadas, sino además proponer políticas que conciban a trabajadoras y trabajadores como sujetos de derecho y al trabajo como una actividad social fundamental que debe ser ejercida de manera libre y digna, reconociendo todas sus manifestaciones, sean o no actualmente remuneradas.

Dentro de este marco, el proyecto de 40 horas y su propuesta de contar con más horas efectivas de descanso o tiempo libre sin menoscabo de la remuneración, es un avance siempre y cuando no implique la reducción de derechos laborales, que es lo que está intentando instalar actualmente el ejecutivo. Un proyecto de flexibilidad laboral con la posibilidad de rebaja de horas semanales termina siendo una muy buena conquista del empresariado: les permite controlar de mejor forma la distribución y el límite de la jornada, e incentivar segundas ocupaciones con las horas que se “liberan”, además de mostrar una cara amable que, en la práctica y a la luz de lo que ha sido el orden laboral en Chile las últimas décadas, no será tal.