marcela cubillos estudio uc | /Agencia Uno
Los abogados de la oposición seguirán afinando los detalles del documento el lunes de la próxima semana y el martes los diputados conocerían su versión final.
A una semana de que se presente la acusación constitucional contra la ministra de Educación, Marcela Cubillos, los abogados siguen ajustando los últimos detalles técnicos del documento. Este jueves, los asesores de los jefes de bancadas se reunieron en el Congreso, en Santiago, para discutir algunas modificaciones a los cinco capítulos que ya están redactados, además de otros puntos que serán incorporados durante los próximos días.
En el encuentro, que se extendió por cerca de dos horas, participaron los abogados Gabriel de la Fuente, por el Partido Socialista (PS); Carlos Arrue, del Partido Comunista (PC); Guillermo Vásquez, del Partido Radical (PR); y Renato Méndez, del Partido Humanista (PH). Pese a que se convocó a la Democracia Cristiana (DC), finalmente, nadie asistió de esta colectividad.
Según fuentes consultadas por El Desconcierto, uno de los focos de la acusación estaría puesto en la falta de información que ha entregado el Mineduc en los establecimientos respecto del Sistema de Admisión Escolar (SAE), proceso que inició el 19 de agosto pasado, en la Región Metropolitana. Por lo mismo, se apuntaría a la falta de preocupación por hacer cumplir dicha normativa.
Desde el Frente Amplio (FA), en tanto, se planteó incorporar la condición laboral de las educadoras diferenciales y de párvulos y la insuficiente respuesta que obtuvieron tras las negociaciones del Colegio de Profesores con la ministra Cubillos, en julio pasado. En medio del paro del gremio, una de las peticiones era el reconocimiento oficial de la mención de las profesionales. Sin embargo, desde el Mineduc ofrecieron una asignación especial de 45 mil pesos trimestrales.
Los abogados seguirán afinando los detalles del libelo el lunes de la próxima semana y, finalmente, el martes los diputados conocerían el documento final.
El acuerdo al que llegaron las bancadas de la oposición fue presentar el texto el próximo jueves 5 de septiembre, después de que el Frente Amplio condicionara su apoyo al PS si no conocía en detalle los puntos de la acusación. Pero llegaron a consenso y también lo están evaluando con su equipo técnico.
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Aun faltan por conocer los últimos ajustes que se le harán al texto y, dentro de esto, cerrar el capítulo sobre Educación Superior.
Más allá de si estará o no en el documento, los diputados de la comisión de Educación han planteado su preocupación por la fiscalización de los contratos de las universidades pertenecientes al Grupo Laureate: la Universidad Andrés Bello (UNAB), de las Américas (UDLA) y de Viña del Mar (UVM).
En abril pasado, los parlamentarios de oposición solicitaron que el Mineduc informara sobre las medidas que han tomado para poner término a los contratos entre los planteles y las empresas relacionadas que pertenecen al grupo controlador, que «no se ajusten a las prohibiciones, regulaciones y demás disposiciones establecidas en la ley 21.091», de Educación Superior.
Esto se debía aplicar hasta el 29 de mayo pasado, de acuerdo a la propia resolución del ministerio. Pero como hasta ahora no han recibido los antecedentes, en la comisión desconocen si se ajustaron a la normativa.
En el oficio que le hicieron llegar al Mineduc, también señalan que, de acuerdo a los estados financieros que entregó el grupo Laureate al organismo regulador de Estados Unidos (SEC), «la Zona Andina (correspondiente a Chile y Perú) les ha reportado beneficios durante el año 2018 por 1.150 millones de dólares, de los cuales se estima que más del 55% lo aportaría Chile, hecho que debería establecer y comprobar el Ministerio de Educación”.
