La toma feminista en la Universidad Diego Portales (UDP) comenzó en la carrera de Derecho, y en días se extendió a todas las facultades. Ya está pronta a cumplir dos semanas y aún no hay señales de diálogo ni de un posible término. El Desconcierto conversó con Macarena Espinoza, integrante de la Asamblea de Mujeres Derecho UDP, instancia que sus integrantes describen como “no jerárquica y transversal”, y desde donde Espinoza relató el movimiento de las últimas semanas. 

Como ya han explicado en sus comunicados, la toma que se materializó el pasado martes 20 de agosto. Venía gestándose hace meses, desde que se conoció el caso de un profesor ayudante, que por redes sociales acosó -al mismo tiempo- a más de 20 jóvenes de la carrera de Derecho. El acosador era Francisco Cañas, abogado egresado en 2014 de la misma universidad y profesor ayudante desde hace siete años. 

Las estudiantes develaron que al realizar sus denuncias contra Cañas, la universidad primero no respetó los plazos investigativos y además compartió la información de la indagación (datos personales de las denunciantes) con los profesores del Departamento de Derecho Público, al cual pertenece el Cañas. 

Con esto, la universidad rompió su propia normativa, y “las compañeras fueron expuestas completamente”, según relata Macarena Espinoza. 

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Con el escenario actual, Espinoza dice que denunciar acoso o abuso en la UDP es algo que “no aconsejaría al resto de  mis compañeras, desconfiamos completamente, es un proceso sumamente revictimizante”. Más aún, explica que si bien la normativa en sí no ha resultado deficiente, sí lo ha hecho su aplicación. “Hay una falta de voluntad tremenda (…) Esta normativa no está mal hecha, nosotras alegamos contra quienes están a cargo de llevar a cabo esto”, afirma. 

“Ha sido sumamente difícil ver cómo las compañeras han tenido que afrontar estos procesos”, lamenta la estudiante.

Víctimas del acoso/Víctimas institucionales

Todo el proceso de investigación, y en particular el momento en el que se hizo pública la información de las denunciantes, ha conllevado una serie de consecuencias negativas para las mismas. Los cuestionamientos a las denuncias y la relativización del acoso sexual, se convirtieron en prácticas comunes en las aulas según explican las estudiantes. 

Una de las jóvenes involucradas en la denuncia contra Cañas explicó que apenas los profesores se enteraron del caso, surgió una sensación de que el Departamento de Derecho Público prefirió resguardar al denunciado más que a las denunciantes. 

-Ellos además de recibir nuestros nombres, se tomaron la libertad de ridiculizarnos en clases. Relativizando el acoso sexual ‘¿es demandable una persona por un like?, ¿es acoso un ‘me gusta’?’, nos decían. Entonces, una se siente súper expuesta-, explicó la estudiante que prefirió no revelar su nombre. 

Actualmente, en medio de ese escenario hostil, la estudiante dejó de ir a la universidad, y no tomó ramos para su segundo semestre, precisamente por las situaciones de incomodidad que generó la filtración de su identidad y la de sus compañeras. 

“Tener clases con esas personas para nosotras es muy incómodo. Nos sentimos muy observadas, es una inseguridad tremenda que se puede extender a persecuciones futuras incluso”, explicó. 

Las estudiantes explican también que existe una sensación de impunidad, no solo por el denunciado, sino hacia quienes- contrariando la normativa- las expusieron al no respetar la confidencialidad de los protocolos. “Haber acudido a la universidad, habiéndoles dicho que se rompió el acuerdo y que esto está sancionado por la normativa y que nadie haya hecho nada, es como ‘chuta, parece que lo que me pasó no importa’, pero en realidad sí importa”, afirmó la estudiante. 

Sentimos el espacio inseguro, sentimos el espacio hostil. Antes nos gustaba venir a estudiar, quedarnos en la biblioteca, y ya sentimos que realmente no podemos, porque todo el mundo sabe quiénes somos”, lamentó finalmente. 

Además del caso que inició las movilizaciones de este año, las estudiantes han querido enfatizar que hay un problema institucional en la Universidad. Y lo planteado por Espinoza se manifiesta en la toma de todas las otras facultades: Comunicación y Letras, Educación, Medicina, Auditoría, Psicología, Ciencias de la Salud y Odontología, Economía y Empresas, Arquitectura, Arte y Diseño, Ingeniería, y Ciencias Sociales e Historia.

Uno de los aspectos que ha pasado más desapercibido, es una suerte de “guerra sucia”, como ellas llaman a las acciones que ha llevado a cabo la institución en contra de sus estudiantes. Denuncian amenazas disimuladas, cortes de agua, y la “reactivación del calendario académico” a pesar de estar en toma, como algunas de las medidas que ha tomado la universidad desde el inicio de la movilización. 

Respecto de las veladas amenazas, la estudiante miembro de la Asamblea de Mujeres Derecho UDP, reveló que en la facultad de Sociales, por ejemplo, “se han acercado profesores a estudiantes de primer año a increparlas y a intimidarlas”, en relación a  las condiciones académicas, para que no apoyen la toma. 

Finalmente, la última movida de la universidad en esta contienda ha sido la de continuar con las actividades académicas, sin importar la falta de un espacio físico para las mismas. “De acuerdo con las indicaciones recibidas desde Casa Central, a partir de mañana jueves 29 de agosto, se retoman las evaluaciones y trabajos agendados por los profesores”, dice un correo enviado por la institución a sus estudiantes el pasado miércoles. “Se ha instruido a los profesores para que hagan llegar material de apoyo, lecturas y otro tipo de recursos on line”, explica el comunicado.