«Hay cientos de formas de que el Estado intervenga para bajar los precios»: FA arremete contra elevados precios inmobiliarios

Hace tan solo unos días un estudio de la  Cámara Chilena de la Construcción (CChC), reveló que el precio de las viviendas ha aumentado un 67,8% entre 2011 y 2019, mientras que los ingresos lo hicieron en un 24,7% en el mismo periodo. Con estas cifras en mano, el FA publicó una serie de medidas que el Ejecutivo podría llevar a cabo para sanear la situación.

En el citado estudio, también se expuso que los valores de las viviendas son hoy «severamente no alcanzables» para la población, y que esta problemática no solo afecta a Santiago, sino que también a ciudades como Temuco, Concepción, La Serena y Valparaíso, las que también se encuentran en el rango de precios «no alcanzables» según el estudio.

Más aún, durante esta jornada de jueves, desde la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios advirtieron que la tendencia al alza continuará. “La propiedad ha sido como el lugar donde las personas han volcado sus ahorros, entonces ha aumentado la demanda por el bien raíz y ese aumento de demanda contra una oferta que se ha contraído, o que ha habido bastantes dificultades para desarrollarla, ha producido un alza de precio. Pronostico que en el corto y mediano plazo esta tendencia se va a agudizar», afirmó el director ejecutivo de la agrupación, Vicente Domínguez.

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Ante esto, el diputado frenteamplista Gonzalo Winter, afirmó esta mañana que en el mundo “hay cientos de formas de que el Estado intervenga para bajar los precios” de la vivienda. En ese sentido, Winter expresó que «Nosotros estamos proponiendo que hagamos políticas públicas para bajar el precio de la vivienda, para ponernos del lado de la gente que está viviendo de allegada y que se está yendo a campamentos”.

Bajo esta lógica, desde el conglomerado proponen las siguientes medidas:

1. Impuesto de recuperación de plusvalía, para que los proyectos inmobiliarios retribuyan a la sociedad el aumento de valor que tienen sus propiedades gracias a la inversión pública. Que sea difícil de recaudar no quiere decir que no sea necesario.

2. Sistema de vivienda pública con inmuebles de propiedad de los Municipios, involucrando en su diseño a cooperativas de vivienda, y que se arriendan con un tope de precio proporcional a los sueldos de las y los beneficiarios.

3. Reserva de suelos públicos destinados a vivienda, para limitar su valor de suelo y así promover allí la construcción de proyectos habitacionales accesibles para todas y todos.

4. Regulación de las tasas de rentabilidad de los proyectos de vivienda, para compatibilizar la inversión con precios accesibles para las familias chilenas, con sistema público y con metodología clara. A escala local, observatorio municipal de precios que regule a escala de barrios.

5. Reformar el sistema de pago de contribuciones para que sea más progresivo, considerando un principio de agregación de propiedades que sume los avalúos para quienes concentran muchos inmuebles y el acercamiento al avalúo comercial.

7. Reformar la institucionalidad estatal, para crear organismos como una Superintendencia de Vivienda que transparenten y fiscalicen las condiciones de competencia, eventual colusión y concentración de la propiedad en el mercado inmobiliario.
8. Impulsar una política descentralizada y real de integración social y urbana, que considere porcentajes mínimos de vivienda pública, pero no con beneficio normativo hacia las inmobiliarias, sino que como condición mínima para obtener el permiso de construcción.