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Los conflictos de interés del senador Rodrigo Galilea en proyecto que protege humedales urbanos

Por: Patricio Segura / Publicado: 30.08.2019
El senador Rodrigo Galilea (sentado). / Fuente: Agencia Uno. / El senador Rodrigo Galilea (sentado). / Fuente: Agencia Uno.
Durante la comisión de medio ambiente de la Cámara Alta del pasado 2 de julio, el parlamentario de Renovación Nacional insistió infructuosamente en incorporar al ministerio de Vivienda entre los organismos responsables de establecer los criterios mínimos para la sustentabilidad de estos ecosistemas. Los objetivos de dicha cartera, en pro de disminuir el déficit habitacional y la urbanización, son algunas de las amenazas a los humedales al interior y en la periferia de las ciudades. Por otra parte, están los intereses familiares del legislador y la constructora a la que pertenece.

Un decidor diálogo se produjo durante la sesión del 2 de julio de la comisión de medio ambiente del Senado, presidida por Guido Girardi (PPD) e integrada por Isabel Allende (PS), Ximena Órdenes (PPD), David Sandoval (UDI) y Rafael Prohens (RN).  Ese día, Prohens fue reemplazado por su correligionario Rodrigo Galilea.

En la ocasión, los legisladores aprobaron algunos artículos del proyecto que busca proteger los humedales urbanos. Parte de la votación estuvo centrada en dilucidar si el reglamento mediante el cual el ministerio del Medio Ambiente (MMA) establecerá los criterios mínimos para la sustentabilidad de estos ecosistemas de rica biodiversidad, deben ser elaborados en conjunto con la cartera de Obras Públicas (MOP), o también participará Vivienda y Urbanismo (Minvu).

Al momento de votar una indicación del Ejecutivo que dejaba el reglamento únicamente en manos del MMA y el MOP, se escucha al senador Galilea decir: “Estoy entre rechazar o abstenerme”.  Luego de un diálogo con Sandoval, el legislador se abstuvo, quedando en definitiva fuera el Minvu de la confección del reglamento.

En las semanas posteriores, la comisión se reunió en dos ocasiones más para zanjar el proyecto, sin participación de Galilea.  La aprobación de la sala fue el 21 de agosto.

Un intensa tramitación

El proyecto de protección de humedales urbanos  fue ingresado en junio de 2017 al Senado por Isabel Allende (PS), Alfonso De Urresti (PS), Adriana Muñoz (PPD), Víctor Pérez (UDI) y Patricio Walker (DC). La Cámara Alta lo aprobó en noviembre de 2018; los diputados, en tanto, lo hicieron en junio de este año, con algunas modificaciones.

Al regresar al Senado –como cámara revisora en tercer trámite constitucional-, fue derivado a la comisión de medio ambiente, la cual aceptó todo lo modificado por los diputados, con excepción del artículo 3º nuevo (relativo a que los municipios no podrán otorgar permisos de loteo, subdivisión o urbanización predial desde el momento en que se solicite declarar un área como humedal urbano), y el número 1 del artículo 5º (también vinculado a las restricciones sobre los permisos de construcción y urbanización en humedales).

La decisión de la comisión fue respaldada el 21 de agosto en votación del pleno, por lo cual las divergencias con los diputados deberán ser revisadas por una comisión mixta. La Cámara Alta ya nombró a los integrantes del grupo de medio ambiente.

¿Quién define los conflictos de interés?

El tema de los impactos de la actividad inmobiliaria es sensible para Rodrigo Galilea.

Previo a asumir en la Cámara Alta, el representante por el Maule fue presidente de la constructora Galilea, de propiedad de su familia, la cual tiene múltiples negocios en el sur del país y en el extranjero, y a los cuales sigue vinculado.  La empresa ha sido cuestionada por daños ambientales e intervención en sitios arqueológicos, como en el caso de Pilauco, en Osorno, donde se halló la huella humana más antigua del continente, lo que derivó en la formulación de cargos por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).

Es entre sus múltiples proyectos que se incluye uno relacionado con lo discutido y aprobado por la Comisión de Medio Ambiente en la que Galilea participó: la construcción de 704 viviendas en la zona aledaña al humedal de Angachilla, en Valdivia.  Este reservorio es uno de los 40 incluidos en la primera etapa del “Plan Nacional de Protección de Humedales”, impulsado por el Gobierno.

En marzo de 2018 las obras fueron paralizadas por la SMA por “tener el proyecto en ejecución cuando aún estaba en proceso de evaluación ambiental”.  Luego de 5 meses de suspensión, la comisión de evaluación ambiental de Los Ríos aprobó la declaración de impacto ambiental, en la cual se señala que las actividades del proyecto “no generarán una afectación significativa a los humedales aledaños” y que “las aguas lluvias serán conducidas a zonas inundables inmediatas al área de construcción de las casas y urbanización del proyecto”. En el fondo, se reconoce cercanía con este especial ecosistema y un eventual impacto, aunque lo califican de menor.

Es por ello que el tema en discusión, sobre el involucramiento del Ministerio de Vivienda en el reglamento de criterios mínimos para la protección de humedales, tocaría los intereses empresariales de la familia Galilea. Incorporar a la cartera en la elaboración del reglamento tendería a reducir el estándar ambiental.

Aunque se abstuvo en la votación en la comisión sin señalar el motivo, Galilea sí participó del debate y argumentó en varias ocasiones en favor de la incorporación del Minvu en la decisión regulatoria. Incluso señaló a El Desconcierto que “el tema que podría ser más conflictivo, si bien ocurrió en el pasado, no creo que haya nadie hoy día por la idea de rellenar un humedal para hacer un conjunto habitacional, ni siquiera el Serviu. Esos temas se vieron en Concepción hace ya bastantes años, pero no lo he visto nunca más”.

Pero Galilea no consideró las múltiples denuncias de marzo pasado, por afectación del humedal Angachilla, cercano al área en que la empresa familiar mantiene operaciones.

Además, agregó: “a la hora de decidir, por la marcha de la ciudad, si es necesario pasar un viaducto o lo que sea por una zona de humedal, a mí me parece que el criterio, el conocimiento y la experiencia del Minvu, tiene que ser considerado junto con lo que pueda decir la DGA en el MOP y el MMA”.

El artículo 5b de la Ley 18.918 Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional establece reglas para participar en las discusiones: “Los miembros de cada una de las Cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas, o las personas mencionadas, tengan en el asunto”.

Consultado al respecto durante la elaboración de este artículo, el legislador expresó: “me ha tocado participar una sola vez en la Comisión de Medio Ambiente y justamente ahí vimos, al menos, parte del proyecto humedales”.  Sobre su abstención, desestima que fuera por un eventual conflicto de interés: “no tuvo ninguna relación al hecho de que yo y mi familia tengamos relación con empresas inmobiliarias. La razón de mi abstención tuvo únicamente relación a que, tal como expresé en la comisión, en mi opinión, además del MOP, debía considerarse la opinión del Minvu”.

“Mi opinión no fue recogida por la mayoría de la comisión y en consideración a que mi postura era de ‘parcial desacuerdo’ con el texto, opté por abstenerme en vez de rechazar el artículo correspondiente. Eso fue todo”, concluyó el senador.

El tema sobre la difusa área de los conflictos de interés de los legisladores ha sido abordado por múltiples expertos. Recientemente, el profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales, Claudio Fuentes, se preguntó en una columna en Ciper: “¿Cómo y quién define lo que significa un ‘conflicto de interés’ que afecte a un congresista? Ha sucedido que congresistas han explicitado ciertos conflictos y se han inhibido de votar. Pero también ha ocurrido lo contrario: parlamentarios que han participado en votaciones a pesar del evidente conflicto de interés con la materia que se legislaba”.

En el artículo incluso puso de ejemplo al propio Galilea, indicando que “el ranking (en el Congreso) de sociedades y acciones lo encabeza el senador Rodrigo Galilea (RN) (…) Presentó una declaración con 15 participaciones en empresas  y acciones dentro y fuera de Chile,  y en un amplio espectro de giros que incluyen inmobiliarias, sector agrícola, inversiones y construcción”.

Urbanismo vs. humedales

La demanda por construir infraestructura sobre humedales urbanos lo aclaró la senadora Ena von Baer (UDI), quien durante la votación del proyecto en el pleno señaló: “me preocupa especialmente el artículo 5°, porque con la modificación introducida se puede dificultar el desarrollo de proyectos relevantes para la ciudad y para la región. Por ejemplo, en la Región de Los Ríos se verían afectadas las entradas norte y sur de la ciudad. Evidentemente, nosotros no queremos dañar los humedales, pero, al mismo tiempo, deseamos tener doble vía en las entradas a nuestra ciudad”.

Concordó su correligionario David Sandoval, quien aunque dijo apoyar la iniciativa, expresó sus reparos: “Tenemos acá un listado no menor de obras públicas significativas, en diferentes ciudades del país, que se van a ver afectadas con tales disposiciones: en Coquimbo, con el tema del ferrocarril; en Llolleo; en Talcahuano, Hualpén y San Pedro; en San Antonio, con el puerto; en Arica, con el puerto; en Concepción, con el aeropuerto Carriel Sur, todo lo cual evidentemente habrá que compatibilizar.  Y, probablemente, las obras que se ejecuten tendrán que considerar el valor que reviste este patrimonio desde el punto de vista ambiental y, por supuesto, el interés general que existe al respecto para dar otro tipo de solución”.

En contrario, el senador Alfonso De Urresti (PS), manifestó: “vamos a tener un instrumento que permita, principalmente a los gobiernos locales, contar con una mejor defensa, una mejor articulación; también, habrá instrumentos en el propio ministerio (de Medio Ambiente) para buscar en el ordenamiento territorial cómo identificar y proteger el humedal. De ese modo, no existirá la incertidumbre que se genera hoy día con la ciudadanía al tener que recurrir a distintos servicios: el SAG, el Ministerio del Medio Ambiente, la superintendencia, los municipios, los tribunales, el Tribunal Ambiental, algo que es simplemente imposible”.

En la votación en sala, Galilea no se abstuvo. Y al ser requerido, dejó en claro que tampoco lo hará si reemplaza a Prohens en la Comisión Mixta, ni tampoco si el proyecto vuelve al Senado: “No veo muy clara una razón por la que me debiera abstener.  Soy partidario de la conservación de los humedales, de que las obras de infraestructura pública o privada que puedan afectarlos deben tener una tramitación ambiental apropiada, etc. Me parecen razonables las ideas matrices del proyecto” señaló.

Sobre la posibilidad de que la empresa familiar afecte el humedal Angachilla, fue enfático: “en Valdivia, la zona de humedales está claramente demarcada en el plano regulador y, por lo tanto, desde la municipalidad (y las empresas) se tiene el cuidado de no afectarles”, fue su postura.

Este debate no es menor.  Y lo deja claro Fuentes en su artículo en Ciper: “La regulación de los conflictos de interés de las autoridades políticas es crucial para el adecuado funcionamiento de la democracia. En el caso particular del Congreso Nacional se requeriría además mejorar el sistema de información de potenciales conflictos de interés que sigue siendo poco amigable; establecer comisiones de ética autónomas de los congresistas y proactivas en términos de educación a los parlamentarios y sus asesores, como también respecto de la identificación de potenciales conflictos de interés; y establecer la función parlamentaria como de dedicación exclusiva”.

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