Contra el negacionismo

En una entrevista que le hiciera a inicios de 2000 al filósofo francés Jacques Derrida aquí en Santiago, cuando a propósito de los discursos emancipatorios y de su no renuncia a pensar en la revolución, aquella que sin tanta estridencia también significa la interrupción en el tiempo del curso ordinario de la historia, Derrida se centró en el tema de la memoria.

“Es difícil escoger aquello de lo cual hay que acordarse, la memoria individual y la memoria colectiva es siempre selectiva”, señalaba, puntualizando que “ la memoria de lo peor” era quizás la más indispensable desde el punto de vista político, no solo para evitar que se repitieran los hechos, sino por respeto por aquellos que han sido las víctimas, sin número y sin nombre de esta violencia. «¡Por respeto a las víctimas- reiteraba-, hay un deber de la memoria!”.

Tras el fin de la dictadura cívico militar en Chile, diversas organizaciones de derechos humanos iniciaron la recuperación de ex recintos de represión, como una forma de protegerlos de la destrucción al que estaban condenados.

La Villa Grimaldi, fue el primer ex recinto de represión en ser recuperado, tanto en Chile como en América Latina, en 1994 gracias al trabajo organizado de las vecinas, vecinos, ex prisioneros y agrupaciones de familiares. A pesar de destruirla con la excusa de construir un conjunto habitacional, el predio fue recuperado y, en 1997, se levantó el Parque por la Paz Villa Grimaldi.

Han pasado más de 25 años y hoy son decenas los sitios de memoria recuperados y en proceso de recuperación a lo largo del país.

Pero Villa Grimaldi no fue pionera solo en este aspecto. También elaboró el primer archivo audiovisual, en 2005, iniciativa impulsada por Margarita Romero en alianza con la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, narrada en el libro “Archivo y Memoria. La Experiencia del Archivo Oral de Villa Grimaldi”, editado por la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi; el Instituto De la Comunicación e Imagen (Icei)-, y la Fundación Ford, hace casi una década y que contiene la información de cómo se construyó el primer archivo audiovisual creado en  Chile, que reúne testimonios de víctimas de violaciones de los derechos humanos que ilustran el terrorismo de Estado sobre cientos de hombres, mujeres y niños, a partir del relato de sus sobrevivientes.

Me detengo en esta experiencia inédita en esos tiempos porque no se trataba de materiales aportados por organismos de derechos humanos, sino de un trabajo de memoria efectuado por quienes sobrevivieron al horror.

Ante una transición que nos llamaba a dar vuelta la página, recordar para que nunca más; hablar en tanto ejercicio de sanación; y testimoniar contra el olvido, eran actos de resistencia que tuvieron como protagonistas a familiares y sobrevivientes de la represión, así como a abogados y organizaciones de DD.HH.

Así lo consignaba en sus páginas este libro sobre archivo y memoria de Villa Grimaldi, cuando destacaba:

“En Chile, el trabajo de memoria relativo a la experiencia del terrorismo de Estado desplegado por la dictadura militar (1973-1990) ha sido desarrollado principalmente por la sociedad civil a través de la demanda de verdad y justicia, la construcción de lugares de memorias, junto a acciones de conmemoración, así como por medio del acopio y conservación de documentación que ha contribuido en procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos, a la vez que sirve de fuente para la investigación histórica sobre el pasado reciente”.

Porque como muy bien se puntualizaba en aquellos años, a diferencia de otros países de la región, en Chile la sociedad civil no ha tenido acceso a los archivos construidos por los organismos encargados de la represión.

De esta manera, el reconocimiento logrado sobre los crímenes de la dictadura y las formas en que operó la política de terror estatal, fue posible “fundamentalmente gracias a la voluntad de testimoniar de personas que fueron víctimas de esos crímenes, y de aquellos que estuvieron dispuestos a defender los derechos humanos a pesar de las circunstancias”, concluye este texto.

Esto, pese a que de la experiencia de narrar el horror nadie sale indemne, como lo señalaba el intelectual español Jorge Semprún, en su ensayo “La escritura o la Vida”, que da cuenta de su largo tiempo de detención y tortura en el campo de concentración de Buchenwald, en Alemania:  “Durante años fui consciente que yo tenía que escoger entre dos soluciones, hablar y morir o quedarme silencioso y vivir”, haciendo alusión a Primo Levi y su libro “Si esto es un hombre”, que narra su experiencia en Auschwich.

Mientras escribo estas líneas recuerdo el libro “El vuelo de los cuervos”, del periodista Javier Rebolledo, que narra los crímenes cometidos en la casa de exterminio que la DINA tenía en la Calle Simón Bolívar 8.800, en la Comuna de la Reina, casa destruida y borrada y donde hoy se levanta un condominio.

En esas páginas referida a la casa de exterminio, hay un episodio que consigna el principal informante del autor, el agente Jorgelino Vargas, cuando cuenta que entre los gritos desgarrados de un torturado que agonizaba en la mañana de un día cualquiera de tormentos, un vecino grita desde el otro lado de la pandereta algo así como “¡¡ya, córtenla¡¡”, molesto por tanto ruido flagrante e incriminador. Y que cuando los agentes subieron el volumen de la radio para apagar los alaridos, ese vecino ya más tranquilo porque ni él ni nadie escuchaba nada, siguió regando su césped.

«¿Cómo estas sociedades pueden vivir con la conciencia de las masacres que tuvieron lugar durante la dictadura?», se preguntaba en Chile el sociólogo francés Alain Touraine en la presentación del libro “Encuentros con la memoria. Archivos y debates de memoria y futuro”, publicado en el 2004 por LOM;  y editado por Manuel Antonio Garretón, Sergio Campos, Carmen Garretón y quien escribe estas líneas, como compilación de un debate  luego de la apertura de los archivos de la Operación Cóndor; y del seminario Debates de Memoria y Futuro, efectuado en septiembre del 2003, con motivo de la conmemoración de los 30 años del Golpe de Estado.

«¿Cómo olvidar si no ha habido, en muchos casos, justicia y reparación?», reflexionaba Touraine. «¿Cómo conciliar la necesidad de conocer la verdad de las atrocidades que se cometieron con la necesidad que tienen estas sociedades de proyectarse hacia el futuro?».

En ese mismo encuentro, Ana González -a quien le asesinaron a su esposo, hijo y nuera- acusaba: “ante tanta indefensión, ante la falta de información en los medios de comunicación, le dije un día a la asistente social, ¿y si yo me quemara a lo bonzo? Ella, estremecida, me dijo: ¿para qué? Sólo se limitarían a recoger tus cenizas».

Según organismos de derechos humanos, se asume que en Chile hubo más de 300 mil personas que fueron torturadas y encarceladas. De ellas, poco más de un diez por ciento testificó para la Comisión sobre Prisión Política y Tortura.

El miedo, la desconfianza y la impunidad son elementos que se confabularon para exhibirnos toda la verdad.

Para muchos de nosotros este esfuerzo de memoria es por sobre todo la respuesta clara y contundente de las propias víctimas hacia quienes hoy, con desparpajo, se interrogan acerca de la utilidad de los sitios de memoria o de la pertinencia de acompañar al horror un relato que «contextualice» los crímenes de lesa humanidad.

Al respecto, sólo una reflexión. Ese correlato existe, y no sólo para Villa Grimaldi, el Museo de la Memoria y los DD.HH., Londres 38 o los cientos de lugares de detención, tortura y exterminio que habitaron el país de norte a sur.

El contexto para explicar estos hechos está sin duda en el silencio cómplice de quienes sabiendo, callaron.

Y en la cobardía moral de aquellos que saben dónde están los cuerpos de las víctimas, pero que aún hoy, lo siguen negando.

Tras esas omisiones y silencios; para borrar las huellas de esas complicidades pasivas y activas; para mantener tranquilas las conciencias de esos “buenos ciudadanos” que regaron su césped mientras sus vecinos torturaban y mataban en nombre del Estado, se levantan los discursos que niegan y relativizan los crímenes de lesa humanidad.

Por ello, los sitios de memoria han surgido a contrapelo de la historia oficial, gracias a las organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de abrir estos espacios, contar su historia, rescatar las memorias, en un ejercicio que hace posible la reconstrucción histórica de nuestro pasado reciente, pero que no tienen cabida en las verdades oficiales.

Por ello también, a pesar de las recomendaciones contenidas en los Informes de Verdad emitidos por el Estado, aún no existen políticas públicas de memoria, enfocadas en avanzar en la consecución de verdad, justicia, memoria y reparación.

En el caso específico de los sitios de memoria, la recuperación, preservación, mantención y gestión, sigue dependiendo principalmente de organizaciones de la sociedad civil. Salvo cuatro ex recintos de represión, hoy sitios de memoria, el resto no recibe financiamiento que permita mantener el trabajo de recuperación y resignificación de los lugares.

Sin embargo, cabe destacar el rol activo que cumple la Unidad de Memoria y DD.HH. del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, en nuestro país.

Por ello, también se destacan las estrategias de protección de los sitios de memoria utilizadas por la sociedad civil, solicitando la declaratoria de Monumento Nacional, atendiendo al valor histórico y patrimonial vinculado a las violaciones a los derechos humanos.

Hoy, son 41 los sitios de memoria declarados monumento nacional en la categoría de histórico; el último de ellos el Complejo Forestal y Maderero Panguipulli el 7 de junio de 2019, según decreto N°32 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Sin embargo, en el último tiempo, la derecha ha irrumpido para cuestionar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos; para -apoyada en el poder económico de las inmobiliarias- borrar y destruir las pruebas históricas y judiciales que representan los sitios de memoria; intentando revocar las declaratorias para sitios de memoria, poniendo en grave riesgo el patrimonio asociado a las violaciones a los derechos humanos.

Esto explica también que en mayo último, el Ministro de Bienes Nacionales cuestionara en Puerto Montt la labor impulsada durante años por las organizaciones de derechos humanos en torno al edificio Egaña 60, ex recinto de represión de la dictadura, indicando que les retiraría el comodato del edificio por el supuesto retraso en los trabajos para la construcción de un Centro Cultural y de Memoria. O que en Santiago, la Villa San Luis, pese a ser declarada Monumento Histórico en 2017, el pasado mes de junio se acordara revocar dicha declaratoria de Monumento Nacional cediendo con ello a las presiones de las inmobiliaria Presidente Riesco S.A., actual dueña del terreno.

En este recuento cabe destacar que la incorporación de dos sitios de memoria en los 14 espacios que conforman la declaratoria del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli, generó la reacción de un grupo de diputados y senadores de derecha, quienes enviaron una solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales con el objetivo de revocar la declaratoria de dichos espacios. Se trata del “Sitio de Memoria del Retén de Carabineros de Neltume” y del “Sitio de memoria campamento 8-3 del destacamento guerrillero Toqui Lautaro”.

Ante esto, las organizaciones de derechos humanos se movilizaron solicitando cartas de apoyo a universidades, centros de estudios, académicos, políticos, artistas, colegios profesionales, entre otros, para frenar esta arremetida que buscaba negar los crímenes de lesa humanidad perpetrados en ambos espacios, lo que fue consignado en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) y en el Informe de Prisión Política y Tortura (Informe Valech).

Finalmente, y en tanto una nueva afrenta contra el patrimonio, cabe denunciar la reciente venta del ex recinto de secuestro, tortura y exterminio de la dictadura, “La Venda sexy o Discoteque”, a la empresa inmobiliaria Sociedad de Inversiones Arriagui Ltda., con fecha 24 de abril de 2019. Se trata de un sitio de memoria, que había sido declarado monumento nacional el año 2016.

La historia de recuperación de los sitios de memoria, cuenta otras destrucciones y borramientos en una alianza entre privados y empresas inmobiliarias: Villa Grimaldi, Simón Bolívar, José Domingo Cañas, son algunos ejemplos.

Como si borrando las huellas donde se consumaron los crímenes de lesa humanidad pudiera también borrarse la historia.

Vivimos tiempos complejos marcados por el resurgimiento de los neofascismos cuyo correlato discursivo se escucha en las calles y en la conversación cotidiana.

Así, en los últimos años se han instalado con fuerza discursos de discriminación y violencia contra mujeres, movimientos feministas, migrantes, comunidad LGBTIQ, y pueblos indígenas, principalmente.

Para los Derechos Humanos esto marca un grave retroceso, pues resurgen en el espacio público y como parte de un diálogo validado, aseveraciones que no solo relativizan las violaciones a los derechos humanos; también las prácticas políticas que instalan la discriminación y la intolerancia contra los actuales movimientos sociales, lo que junto a los discursos de odio conforman un escenario alarmante.

Un escenario que no puede omitir los actos vandálicos contra de memoriales o sitios de memoria que han sucedido en los últimos meses, como la vandalización perpetrada por desconocidos que arrojaron excrementos en la casa de José Domingo Cañas; la basura arrojada en el memorial de Víctor Jara, en Lo Espejo, o la destrucción del memorial de Nattino, Parada y Guerrero en la comuna de Quilicura, por citar algunos ejemplos.

Tan escandaloso ha sido este fenómeno que la versión 2019 del Informe Anual de la Universidad Diego Portales dedicó un capítulo completo al negacionismo, señalando:

“Es por tanto especialmente preocupante que durante el periodo de este Informe se han agravado y profundizado las expresiones públicas de lo que puede ser calificado de negacionismo, en atención a la forma en que ciertas personas se refieren a crímenes atroces, sus víctimas y sobrevivientes, y sus perpetradores. El uso y abuso del término “montaje”, pretendiendo provocar ambivalencia o dudas sobre hechos completamente establecidos, es solamente una de las preocupantes estrategias de tergiversación y mentira que se visibilizaron durante el periodo. Es particularmente preocupante cuando dichas expresiones son vertidas en espacios públicos o cívicos, y/o sostenidas por quienes ocupan cargos significativos u ostentan, por algún motivo, particular visibilidad social.” (Informe Anual de Derechos Humanos UDP, Capítulo Negacionismo, 2019).

Con este panorama, la acción de las agrupaciones de DD.HH. y sitios de memoria resultan fundamentales en tanto gestos de resistencia y denuncia ante fenómenos que están atentando no solo contra la memoria colectiva, sino también contra los principios fundamentales de toda democracia.