El fracaso del modelo económico en vivienda como oportunidad para constituir actor y alternativa política

El 28 de agosto de 2019, la Cámara Chilena de la Construcción comunicó públicamente los resultados del Índice de Acceso a la Vivienda en Chile. Este indicador permite medir la relación entre precio promedio de una vivienda e ingresos económico promedios de las familias en el país en un momento determinado. Este índice posibilita estimar la cantidad de años que necesita una familia de ingresos promedio en Chile para comprar una vivienda de precio promedio.

Los resultados son los siguientes: En nuestro país una familia de ingresos promedio debe destinar el 100% de sus ingresos por 7,6 años para poder cancelar la totalidad de una vivienda de valor promedio en el mercado. En Santiago, el tiempo que requiere es de 7,4 años.

Considerando que las familias no pueden destinar el 100% de sus ingresos solo al pago de la vivienda, este dato se traduce a un crédito hipotecario a 45 años con un dividendo del 25% de dicho ingreso promedio.

De esta forma, se puede clasificar la cantidad de años que requiere una familia para pagar su vivienda en los siguientes tramos: menos de 3 años: alcanzable; entre 3 y 4 años: moderadamente no alcanzable; entre 4 y 5 años altamente no alcanzable; mayor a 5 años: severamente no alcanzable.

Vale decir, en Chile una familia de ingresos promedio se encuentra en una situación económica que le hace prácticamente imposible comprar una casa o departamento. Esto explicaría el aumento notable que ha tenido en los últimos años el arriendo, el allegamiento y la residencia en campamentos.

Esta situación negativa se agrava si consideramos que, por la alta concentración del ingreso existente en el país, es decir, la profunda desigualdad económico-social y político-jurídica, la mayor parte de las familias chilenas, esto es, cerca del 70% no alcanza dicho ingreso económico promedio (573.964). Mientras, el 1,7% más rico recibe ingresos mensuales de más de 3.000.000 de pesos.

Este último dato explicaría que, junto al aumento del arriendo, allegamiento y campamentos, también han crecido las comprar de viviendas para inversión (el ingreso mínimo necesario es de 1.300.000).

Dicho en una frase: el sistema económico neoliberal ha empujado a los campamentos y el allegamiento a las clases de bajos ingresos, al arriendo a los grupos de ingresos medios. Y simultáneamente, le genera condiciones para el lucro a las clases de altos ingresos.

De esta manera, la producción y distribución de viviendas se transforma en un mecanismo de profundización de la desigualdad económica originada en el mundo del trabajo (salario).

Esta desigualdad brutal ha hecho que grupos de ingresos medios no puedan acceder a la comprar de viviendas, ni siquiera a través de créditos hipotecarios. Es decir, que la demanda potencial no se realice. Es por ello que los empresarios de la construcción han encendido las alarmas y han solicitado al gobierno utilizar recursos públicos para cubrir aquella diferencia faltante entre oferta y demanda. En concreto, piden que se les asegure (regale) suelo urbano público para crear una oferta privada de viviendas accesible a la capacidad de pago existente; se les permita edificar grandes torres de departamentos (los mal llamados ghettos urbanos, del tipo Estación Central) en las cercanías de las estaciones de metro para vender a grupos de ingresos medios (crédito hipotecario) y bajos (con subsidio estatal); y transferir subsidios de arriendo a las empresas constructoras-inmobiliarias a través de la construcción de conjuntos destinados solo a este propósito. 

El diagnóstico es claro, el actual modelo económico no permite la compra o acceso a la vivienda a la mayor parte de la sociedad. La cantidad de familias propietarias ha caído a cifras de los años 80 del siglo pasado. Donde existe discrepancia es en la manera de abordar o resolver este problema social, es decir, en el ámbito de la política.

¿Qué se busca resolver? El acceso a la vivienda de las familias de medianos y bajos ingresos. Pero, ¿para qué se quiere resolver? ¿Para garantizar un derecho social, esto es, el acceso a un espacio fundamental para la vida familiar de la mayor parte de la ciudadanía (vivienda digna) o para asegurar tasas de ganancias a los empresarios (vivienda mínima y con deuda)? En el actual sistema, ya hemos visto que no ha sido posible armonizar ambos objetivos.

Terminado este gobierno se abrirá una posibilidad política para la sociedad. La posibilidad de un gobierno progresista o de izquierda que redefina el modelo económico y político, es decir, el ¿para qué producimos y distribuimos la riqueza? En ese nuevo escenario, habrá que ver las formas de producir vivienda, ciudad y territorio con un objetivo de bien común y no privado.

En esa línea proponemos la recuperación de plusvalía urbana a través de impuestos a las inmobiliarias que vaya en directo beneficio de los barrios populares (llevar ciudad donde no la hay o es precaria), creación de subsistema de habitaciones públicas de propiedad municipal para arriendo con valores regulados, banco de suelo urbano reservado a viviendas sin deuda para familias de bajos y medianos ingresos, ajustes al sistema de impuestos haciéndolo menos regresivo o directamente redistributivo, y reformas político-institucionales que doten de mayores facultades a organismos públicos del sector que permita llevar a la práctica estos cambios.

Pero, antes de aquello, las familias trabajadoras de ingresos medios y bajos deberán constituirse en actores sociales que pujen y sostengan transformaciones económicas y políticas. Actualmente, cientos y cientos de familias de bajos ingresos (pobladoras) se organizan y reivindican de forma sistemática y, no pocas veces política, su derecho a la vivienda y ciudad. El movimiento UKAMAU, junto a su instrumento político Pueblo Libre y su centro de estudios Fundación Feman, es tal vez el más dinámico, pero no el único. El desafío sigue pendiente en los grupos de ingresos medios, portadores de mayor legitimidad, que hasta ahora han privilegiado reivindicar libertades individuales por sobre la colectivas y el bien común.

El nuevo modo de producir vivienda y ciudad no surgirá de una columna de opinión ni de un documento llamado “programa”, sino de las prácticas concretas de organización y lucha de las familias trabajadoras de medianos y bajos ingresos, afectadas por el neoliberalismo, necesariamente politizadas y articuladas en torno a un proyecto de país que anteponga el bien común de la nación al interés particular del gran capital.