Agenda Nacional de la Discapacidad: Una tarea compleja y la desidia del Estado

La sociedad civil se ha puesto la camiseta por los derechos y la dignidad de las personas con diversidad funcional, en sintonía con las preocupaciones y recomendaciones de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CRPD) de Naciones Unidas, un instrumento que entró recién en vigencia en 2008. Sin embargo, la preocupación por el cambio de paradigma: la vindicación y reconocimiento de los derechos de niñas, niños y adultos con discapacidad es, sin duda, anterior.

Distintas organizaciones -abrumadas por el entorno nefasto- actúan y se autoconvocan para superar cada una de las barreras que se les imponen a su paso. Obstáculos que no siempre son visibles, es decir, no solo se trata de la ausencia de una rampa, sino que también los hay en el acceso a la información y a la participación política y ciudadana de las personas en situación de discapacidad. Un ejemplo claro es que el CENSO 2017 no indagó acerca de este segmento de la población chilena. Este colectivo de personas realiza a diario un trabajo ‘de hormiga’, muchas veces invisibilizado, que demuestra un profundo compromiso y convicción de que las generaciones venideras serán más inclusivas.

Desde la otra vereda, la capacidad de (re)acción y diligencia de las instituciones que están concebidas para promover, resguardar y revindicar los derechos humanos de todos los segmentos de la sociedad, como el aparato estatal y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), se ve entorpecida por conflictos de intereses y estrategias políticas que rondan en el aire de sus directorios y entidades rectoras. Al menos, en las primeras tres prioridades ni se menciona la discapacidad.

Frente a esta insuficiencia, se realizó un conversatorio, autoconvocado por Corporación CIMUNIDIS y Fundación Down 21, que contó con la asistencia de ex miembros de la Comisión Asesora Presidencial en Discapacidad, integrantes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, enviada especial de la Secretaria General de Naciones UNIDAS (SGNU) y representantes del INDH. Un encuentro que trajo a la mesa de diálogo la Agenda Nacional de Discapacidad, que surge de una moción parlamentaria, proyectos de Ley e iniciativas de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC). Esta instancia tuvo como un primer objetivo analizar la vigencia del Plan Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad (2016) de Senadis y la del Plan Nacional de Derechos Humanos (2018) de la Subsecretaría de DD.HH, que incluye un solo capítulo dedicado a la discapacidad y del cual la administración aprobó las tres metas establecidas, aunque solo de manera nominal. Y, como segundo propósito, se discutió el tratamiento político de los temas que componen la agenda y las responsabilidades del Estado frente a esta.

Algunos de los puntos de la Agenda Nacional descritos son la Ley de Inclusión Laboral, el proyecto de Ley integral por el Derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia y la recomendación de la CRPD en 2016 y el Consejo de Derechos Humanos (CDH) en 2019 -ambas dependientes de la ONU- sobre el Mecanismo de Seguimiento para la implementación de las Observaciones de Órganos de Tratados en cuanto a la discapacidad.

A propósito de este último, quisiera aclarar que la sociedad civil se define como un colectivo de ciudadanas y ciudadanos que, en provecho de su diversidad, actúa para incidir en las decisiones que se toman en el ámbito público. La participación de la sociedad civil es reconocida y propiciada por los organismos multilaterales de derechos humanos, pero todavía el Estado chileno no ha instalado los mecanismos efectivos para su materialización. Así lo advirtió el Comité de la CRPD en el artículo sobre la aplicación y seguimiento nacionales: “el Estado parte no ha designado al mecanismo independiente de supervisión del cumplimiento de esta Convención, asimismo que no se ha definido el rol de la sociedad civil, particularmente de las organizaciones de personas con discapacidad”. De esto, aún se esperan respuestas concretas para tales reconocimientos.

Por si con eso bastara, a tres años de las observaciones finales de esta entidad de la ONU, en el tercer Examen Periódico Universal (EPU), el actual Gobierno de Sebastián Piñera aceptó solo el 79% del total de recomendaciones y rechazó el 6,8% de todas las observaciones que hizo el CDH. “Dentro del proceso EPU existe un espacio para que la sociedad civil y las partes interesadas presenten sus consideraciones, recomendaciones y análisis, como insumo adicional al Informe Oficial que presentan los Estados”. Lo anterior no fue aceptado, por lo que distintas ONG, fundaciones y otras suscribieron a la siguiente declaración: “Finalmente, exigimos al Gobierno la creación de instancias de monitoreo efectivo del cumplimiento de las recomendaciones que ha aceptado. Asimismo, exigimos que en estas instancias se considere la participación de sociedad civil, y en particular de aquellos sectores más afectados por situaciones de discriminación”.

En razón de este pronunciamiento, cabe destacar otra carencia: la inexistencia de una defensoría temática en materia de discapacidad, tal como la hay en Ginebra, Suiza. Este defensor o defensores debieran promover y supervisar las iniciativas de inclusión comunitaria, velando por reducir las discapacidades del entorno local y regional que enfrentan las personas con diversidad funcional diariamente. En Ginebra, por ejemplo, los defensores ofrecen contribuciones en forma de pago y aportan su tiempo de voluntariado. La importancia del aporte de las y los expertos también está vinculada a la participación social vinculante de las OSC -según la CRPD- en el mecanismo de revisión independiente.

Entonces, para recapitular, la relevancia de la Agenda Nacional de Discapacidad radica en seguir problematizando las temáticas que la componen, alumbrar un camino certero para la superación de las debilidades que presenta el Estado chileno en materia de Derechos de las Personas con Discapacidad y, finalmente, dialogar en cuanto a los mecanismos de acción disponibles -algunos de ellos están juntando polvo por su desconocimiento- para lograr los cambios que se requieren.

Esta agenda, además, pondría los puntos centrales para emplazar a las autoridades del Estado a responder frente al poco o nulo avance que ha tenido en el último tiempo; olvido evidenciado en la última cuenta pública presidencial. Se espera del Estado consecuencia con la firma y ratificación de Chile del protocolo facultativo de la CRPD de la ONU.

En los dos últimos años, hemos esperado un espacio de diálogo multilateral en materia de discapacidad con Naciones Unidas y el Estado de Chile, considerando la ausencia de estos temas en la actual Agenda Política que se comunicó en junio. A esto se le suma el silencio administrativo en la reciente crisis humanitaria de la región del Bío Bío y el silencio de la prensa ante la manifestación de sufrimiento realizada por la organización de personas con discapacidad; una situación que nos provoca una honda consternación e indignación.

Las prioridades del Consejo del INDH ya fueron expuestas por su nuevo director, Sergio Micco Aguayo, y son tres: migración, infancia y la mujer. El tema ‘de la mujer’ planteado así no explicita que la preocupación referirá a las desigualdades de género y la amenaza de la dominación patriarcal que discrimina y violenta a todas las mujeres y niñas. La discapacidad, en tanto, sigue siendo una problemática tangencial, a pesar del buen entendimiento de sus representantes.

Es bajo este escenario que CIMUNIDIS, en acuerdo con otras organizaciones, aboga por el cambio institucional del INDH para la designación del mecanismo de supervisión independiente referido en las observaciones finales del Comité experto de la ONU. Esto, porque al parecer habría intereses creados que operan desde su ente rector y la redacción de la Ley que crea al Instituto. Una modificación estructural que podría promover el mismo INDH o venir de la mano de una moción parlamentaria o del Presidente de la República; una acción que podría significar una larga espera para quienes necesitan esta facultad de vigilancia interna prontamente.

Parece inaceptable que quienes toman las decisiones en las altas cúpulas en materia de Derechos Humanos sea la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda (Dipres) y que su justificación para pasar por alto e invisibilizar la designación se centre en la dificultad que implica dotar de más personal, por tanto,  una asignación presupuestaria y, sobre todo, pensar una visión política y estratégica por parte del Instituto y de sus órganos rectores: el Consejo y la Dirección. Todo lo anterior, demuestra una gran piedra de tope para el avance y consolidación de la sociedad civil, una piedra que se encontraría en los zapatos del Estado de Chile.