Represión, autoritarismo y educación

La agenda represiva y securitaria del gobierno ha sido una de las banderas de la derecha durante estos años. Se trata de una agenda amplia, sin embargo, el discurso de «enemigo interno» ha estado concentrado fundamentalmente en la juventud, particularmente en las y los estudiantes.

Lo vimos con toda su brutalidad en el ingreso reiterado de Fuerzas Especiales en el Instituto Nacional, con policías apostados sobre los techos del Liceo y estudiantes gaseados, desmayados, golpeados o en el ingreso reiterado de Carabineros en Universidades como el ex Pedagógico o el campus Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile.

Pero también en leyes o intentos de proyectos autoritarios y represivos, como la ley Aula Segura en los liceos, rechazada ampliamente por el movimiento estudiantil secundario. Por su parte, la diputada María José Hoffman quiso impulsar una versión de Aula Segura para las universidades. En la misma línea está el control de identidad preventivo a menores, el «toque de queda» para menores de edad que quieren impulsar algunos alcaldes, y ahora último, el intento por revivir la “Ley Hinzpeter” 2.0.

Coincidimos con organismos de Derechos Humanos y diferentes organizaciones políticas en el análisis de que estas medidas son el acompañamiento de un paquete de “reformas estructurales” precarizadoras como la reforma previsional o la laboral, a la vez que representan un intento desesperado (y consciente) de la derecha por controlar una agenda política que le es cada vez más esquiva, en un momento en que se desploma en las encuestas, entre otros motivos, producto del debate respecto a la reducción de la jornada laboral y por las expectativas creadas y no cumplidas de los “tiempos mejores”.

Pero además se da en el marco de la crisis de la educación pública y las consecuencias de una educación de mercado competitiva, neoliberal y autoritaria, fenómeno que ha sido visibilizado gracias a las importantes movilizaciones estudiantiles y de profesores que han marcado la última década. Poner como enemigos al movimiento estudiantil y estigmatizar establecimientos simbólicos para la educación como es el Instituto Nacional y la Universidad de Chile, no es sino un intento por destruir la educación pública y mover el eje del debate, abriendo las puertas para que surjan propuestas como las de privatizar el Instituto Nacional planteadas por el senador de Evópoli Felipe Kast.

El enfoque autoritario de la educación es una de las herencias de la dictadura. De hecho, la agenda represiva y securitaria coincide con expresiones de autoritarismo al interior de los mismos liceos y universidades, donde estudiantes y funcionarios poco y nada pueden decidir, empujando a que se sientan y se encuentren totalmente por fuera de la manoseada “comunidad educativa”, mientras autoridades (rectores y directores) hacen y deshacen según su propia conveniencia, o principalmente, según lo que dicte las necesidades del mercado educativo.

La combinación de represión, crisis educativa, reformas de la derecha y autoritarismo, nos ha llevado al escenario actual.

Es frente a esta situación que nos hemos propuesto levantar la más amplia campaña democrática por el derecho a una educación sin represión ni violencia policial, buscando que los más diversos sectores se solidaricen activamente y se hagan parte.

Diferentes diputados han apoyado con su firma la campaña, como Giorgio Jackson, Tomás Hirsch, Gonzalo Winter, Camila Rojas y Claudia Mix. Lo propio han hecho concejales como Camilo Brodksy de Ñuñoa e Irací Hassler de Santiago Centro. A su vez, han apoyado organizaciones de Derechos Humanos como la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, la Comisión Ética Contra la Tortura y Londres 38, y también organizaciones estudiantiles como la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Los problemas de convivencia al interior de los establecimientos no se resolverán con la injerencia del Estado, con la violación de la autonomía universitaria (y educativa) ni con la acción de funcionarios armados al interior de los establecimientos educativos.

Al contrario, para resolver este problema hay que avanzar a un control autónomo y democrático de las comunidades educativas, para que sean profesores, estudiantes y funcionarios (y apoderados cuando corresponda) quienes puedan discutir y decidir efectivamente sobre los problemas que aquejan a sus espacios educativos y a la educación pública en general.

Por eso es necesario sostener que la solución no pasa por medidas cada vez más autoritarias y aberrantes como las que ha impulsado el gobierno (Aula Segura), la Intendencia (ingreso de Carabineros) o la Alcaldía de Alessandri (control de identidad en los hechos a menores de edad), sino por la conquista de la democracia al interior de los planteles educativos: el gobierno de los estamentos, de manera autónoma del Estado, y con votación universal.

Ese es el debate que hoy debemos instalar para, además, comenzar a discutir sobre educación y superar la represión.

Para todo quien quiera aportar con su firma, aquí pueden acceder a la declaración.