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Larraín sobre llamado de la CIDH al Estado a pronunciarse por el caso de su hijo Martín: «¿Quién financia esta acción?»

Por: El Desconcierto | Publicado: 08.09.2019
El político dejó entrever unas segundas intenciones detrás de quien promueve esta solicitud, asegurando que «ir a la Corte Interamericana cuesta dinero».

Hace unos días se conoció que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado chileno pronunciarse respecto de la absolución del hijo del ex senador Carlos Larraín, Martín Larraín, tras el atropello que protagonizó en 2013 y que dio muerte al joven Hernán Canales.

Esto luego de que en 2015 la familia de la víctima se acercara al ente internacional para presentar una denuncia, cuya respuesta fue entregada el pasado 19 de agosto, en donde se pidió una respuesta de parte del Estado, poniendo un plazo de tres meses contados.

Sobre esto fue consultado Carlos Larraín en el programa «Mesa Central» de Canal 13. Allí el político aseguró que no ha leído el informe, pero que considera que es «la última chupá del mate», dado que su hijo fue absuelto por la justicia chilena.

El ex senador sostuvo que «hay que preguntarse, ¿quién financia esto?, porque ir a la Corte Interamericana cuesta dinero, o sea, ¿quién está detrás de eso?«, a lo que la periodista Carola Urrejola respondió: «la familia de Hernán Canales recurrió a la Corte en 2015 y esta es la primera diligencia».

«Yo creía que era un abogado…», comentó el militante RN, quien indicó que creía que se trataba de «el señor (Gonzalo) Bulnes, que dirigió esta cosa desde un principio y se ofreció a la familia Canales, porque hay abogados que tienen ansiedad de trabajar y de figurar».

Larraín agregó que «los grandes perjudicados en la forma en que el Estado manejó el accidente de mi hijo, fue mi familia, porque tuvimos que enfrentar a una Fiscalía que estaba completamente salida de madre, con unos señores que simplemente quisieron hacerse famosos un cuarto de hora, que fueron censurados por el tribunal que absolvió a Martín. Se acusó a la fiscalía de montar una persecusión policial, de falsear pruebas y de esconder evidencias determinantes. Ahí si que hay responsabilidades del Estado».

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