La Federación Nacional de Funcionarios del Ministerio Público, FENAMIP, manifestaron a través de un comunicado que no apoyará “un proyecto de reforma que no contemple fiscalizaciones externas a la institución y termine con las discriminaciones económicas que afectan a los estamentos de menor remuneración de la Institución”.

Esto, a propósito de la decisión del Ejecutivo para ingresar a trámite una iniciativa que reforme la ley orgánica constitucional del Ministerio Público.

En el texto también cuestionan la ausencia de fiscalizaciones externas: “Debido a diversos casos en los que hemos evidenciado situaciones contrarias a la probidad administrativa y decisiones abiertamente arbitrarias, es que no apoyaremos un proyecto que no solucione la falta de control externo y considere competencia de la Controlaría General de la República para ciertas materias”.

En ese sentido, explican que “creemos que la forma de robustecer a la institución y a alejarla del cáncer y los tentáculos de la corrupción, es mediante esfuerzos y mecanismos interinstitucionales que busquen fijar estándares mínimos de legalidad en aquellas resoluciones que afecten la objetividad, imparcialidad y autonomía con la que debe actuar el Ministerio Público, como aquellas resoluciones que determinen desechar denuncias o el inicio de una investigación administrativa de manera injustificada, o sobre aquellas resoluciones que determinen desvinculaciones injustificadas por vía administrativa y la posibilidad de reclamar sobre concursos públicos viciados”.

En esa misma línea, también argumentaron que “consideramos necesario un control financiero de la institución persecutora, pues creemos que la institución que ejerce la persecución penal debe ser un organismo incólume y pulcro ante cualquier atisbo de corrupción, entregándole todas las herramientas necesarias a los fiscales para realizar su labor de forma autónoma y sin presiones indebidas, pues estas medidas aportaran mayor transparencia sobre la forma en que se distribuyen y focalizan nuestros recursos públicos”.

Discriminaciones económicas

En el comunicado además acusan que los funcionarios y funcionarias de menores ingresos “en nuestra institución sufren una discriminación histórica, esto debido a que el incentivo económico de la asignación profesional que es reconocido para los funcionarios del Poder Judicial y con quienes nos encontramos homologados, se les niega, sin fundamento legal, a los funcionarios de nuestro servicio”.

En este aspecto, igualmente aseguran que “somos el sector mayoritario del Ministerio Publico y que en los últimos años hemos sido sometidos a una exigencia laboral cada vez mayor, que incluye el asumir tareas jurídicas que exceden el nivel de responsabilidad que en estricto rigor debiéramos tener, sin considerar que los funcionarios y funcionarias somos los únicos obligados a registrar control de ingreso y salida de la institución”.

Sobre esto último plantean que “la Institución tiene un déficit de personal que ha sido subsidiado en muchos casos por las funcionarias y funcionarios a costa de sobrecarga laboral y delegación de funciones hacia los estamentos menores”.

Sin negociación 

FENAMIP de igual forma denuncia que los dirigentes no han tenido la opción de participar en una mesa de negociación con el Gobierno para que estas demandas históricas sean acogidas en la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Publico, la que sería ingresada próximamente por el Ejecutivo.

“Lamentamos profundamente que no haya existido una mesa de trabajo con los funcionarios que son los profesionales, técnicos y administrativos que representan más del 80% de la planta total del Ministerio Publico, asumiendo día a día, una gran cantidad de tareas operativas y funciones imprescindibles para el desarrollo de la persecución penal en nuestro país”, concluyen en el comunicado.