El miércoles 4 de septiembre, el Consejo Regional Metropolitano tenía en tabla votar los proyectos que recibirían el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que corresponde al 6% del presupuesto que maneja el Gobierno Regional (GORE). El monto de este fondo concursable es de 6 mil millones de pesos y va destinado a iniciativas de Cultura, Deporte, Seguridad, Medio Ambiente, Discapacidad e Inclusión y Adulto Mayor.

Ese día, en el edificio ubicado en Bandera 46, los 34 consejeros votaron cada uno de los proyectos, aunque con un retraso significativo en los plazos. Hace tres meses, según apuntan fuentes al interior del GORE, el proceso tendría que haber estado resuelto. Pero las distintas observaciones terminaron por dilatarlo. De los más de tres mil proyectos, se declararon admisibles dos mil. Pero en esa plenaria se leyeron los 897 proyectos que, finalmente, priorizó el Ejecutivo. Fue una sesión que se extendió por más de tres horas.

El filtro de los proyectos priorizados pasó por la decisión de la Intendencia, encabezada por Karla Rubilar. Sin embargo, la nómina llegó a manos de los consejeros poco después de las 18:00 horas del día anterior (martes 3 de septiembre). No hubo margen para discutir o evaluar sobre los criterios que se estaban considerando.

El proceso siguió abriendo dudas. En la Intendencia, junto a sus asesores, Rubilar decidió a quienes se les entregarían estos millonarios fondos.

Al filtrar los datos de la planilla Excel que entregó la Intendencia con la base de los proyectos priorizados, se observa lo siguiente:

Estos antecedentes han llevado a cuestionar las cercanías políticas de los municipios que obtuvieron las platas. Dentro de las diez comunas que recibieron la mayor cantidad de fondos, solo Pudahuel y San Ramón tienen alcaldes de oposición: Johnny Carrasco (PS) y Miguel Ángel Aguilera (PS), respectivamente. El resto son municipios con alcaldes de la coalición de Gobierno: Nora Cuevas (UDI), en San Bernardo; Rodolfo Carter (ex UDI), en La Florida; Rodrigo Delgado (UDI), en Estación Central; Graciela Ortúzar (RN), por Lampa; Iván Campos (RN), en Melipilla; Germán Codina (RN), en Puente Alto; Joaquín Lavín (UDI), en Las Condes; y Mario Olavarría (UDI), en Colina.

Estos proyectos presentados por organizaciones sociales se aprueban y se ejecutan en dichas comunas. ¿Cuáles fueron los criterios de selección? Hasta ahora no se han aclarado, advierten los consejeros.

¿Criterios clientelares?

Carlos Fernández Marín es el presidente de la Federación Deportiva Nacional de Sordos de Chile y postuló un proyecto (DL-00214-19) para financiar la compra de las poleras que ocupará el equipo para la selección nacional, en noviembre próximo. Solicitó casi dos millones de pesos.

Pese a que obtuvo un buen puntaje -100 puntos del Ejecutivo y, con la ponderación, el total fue de 80 puntos-, quedó fuera del proceso. “Vamos a usar camiseta negra en el campeonato porque no nos están ayudando”, afirma Fernández a El Desconcierto.

El caso anterior pudo integrar la lista de los proyectos que se financiarían por inclusión. Pero, más allá de eso, hay más de 100 proyectos que obtuvieron sobre los 95 puntos y que no recibieron fondos públicos. De ellos, 41 proyectos lograron el máximo puntaje.

Según la consejera del Frente Amplio, Fernanda Ortiz (PH), esto demuestra una falta de coherencia con los criterios técnicos y de equidad. “Hay comunas, como La Cisterna, que no fueron priorizadas y que le dieron entre cinco o seis proyectos cuando sí son comunas vulnerables y que alcanzaron buenos puntajes”, asegura.

La consejera y ex diputada María Antonieta Saa (PPD), coincide con esta opinión. Destaca la entrega de 170 millones de pesos a Las Condes, una comuna que no es prioritaria y que tiene buen presupuesto comunal. “Me parece que no se respetaron los criterios de la distribución territorial con el eje puesto en la equidad”, dice.

Un factor cobra relevancia en este escenario. El próximo 25 de octubre, la Intendenta tendrá que dejar el cargo para iniciar su campaña electoral como candidata de Chile Vamos a gobernadora regional. Es una carta que, de hecho, genera consenso al interior del bloque oficialista. Por eso, al interior del Consejo, se habla de la entrega de fondos a municipios de derecha para amarrar apoyos para el futuro.

El contrapunto lo hace el core Carlos Norambuena (UDI), quien, si bien reconoce que el proceso se demoró más de la cuenta por diferencias políticas que dilataron la revisión, asume que la toma de decisiones recae en la Intendencia y que no hay desconocimiento en el proceso.

Acciones en Contraloría

Un grupo de veinte organizaciones ingresará un requerimiento ante la Contraloría General de la República (CGR) solicitando que se fiscalicen los criterios de medición y selección del Ejecutivo por la entrega millonaria de fondos.

En el documento solicitarán un pronunciamiento por vicios de legalidad del proceso, considerando que la ley dice que el 6% debe realizarse de manera “transparente y competitiva”, aspectos que, a su juicio, se incumplieron. Además, integra un eventual daño a la fe pública, de acuerdo a lo que contó a este medio uno de los impulsores, David Flores.

Mientras que, al interior del Consejo, la bancada de Revolución Democrática (RD) también prepara una acción que presentarán en esa misma línea al organismo, lo que también evalúa el Partido Humanista, según afirmó el diputado por la Región Metropolitana, Tomás Hirsch: “Hasta ahora no ha habido justificación técnica y es parte de las oscuridades que hay que iluminar. Todos sabemos que la Intendenta tiene intereses electorales y, con mayor razón, se requiere aún más transparencia en el proceso”, sostuvo el parlamentario.

El Desconcierto se contactó con la Intendencia para despejar las dudas que se plantearon en este artículo. Sin embargo, al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

Lista de proyectos declarados admisibles: