El corruptor Pinheiro y el operador Martelli

Leo Pinheiro, expresidente de la empresa constructora OAS, ha informado al Ministerio Público de Brasil, que habría entregado 101 millones de pesos en el año 2013 para financiar la campaña presidencial de Michelle Bachelet, y que ello le habría sido solicitado por el mismo Lula da Silva. Es una sorpresa ya que, por el lado de los corruptores, hasta ahora sólo había aparecido la empresa brasileña financiando al candidato presidencial Enríquez Ominami.

¡Creer o no creer, esa es la cuestión! Porque el expresidente de OAS ha sido un destacado comprador de políticos para favorecer sus negocios en América latina y, ahora, acosado por la justicia, es capaz de acusar de pecador al mismo Jesucristo por salvar su pellejo.

Pero también está la otra cara. La de Giorgio Martelli quien, junto a Rosenblut, Peñailillo y Cristián Quinzio, fueron los operadores en el financiamiento de la precampaña de Michelle Bachelet. Y apelaron al mundo empresarial. Según el periodista Daniel Matamala[1], sus principales aportantes fueron la empresa Soquimich, de propiedad de Julio Ponce Lerou, el ex yerno de Pinochet, y los grupos Penta y Angelini. El receptor de los recursos fue Martelli a través de la sociedad Asesoría y Negocios, la que constituyó precisamente para el financiamiento de la precampaña. Allí no aparece OAS.

Pinheiro utiliza la “delación compensada” para denunciar la entrega de recursos a la política chilena. Eso le facilitó la libertad condicional. ¿Cuál es la validez de sus dichos? ¿Se puede creer en la palabra de un corruptor y delator cuyo único objetivo es salvarse de la cárcel?

En favor del descreimiento hay que agregar algo más. El sistema de justicia brasileño ha dejado de ser fiable. El juez Moro se apuró en condenar al expresidente Lula y enviarlo a la cárcel por el caso Lava Jato; pero, curiosamente, se convierte, sin mayor trámite, en ministro de Justicia del recién elegido residente Bolsonaro, y en el hombre más mimado de su gabinete. Algunos meses después, gracias a un hacker, se conocen comprometedoras conversaciones del juez Moro con los fiscales de Lava Jato, para facilitar el encarcelamiento de Lula.

Existen entonces buenos fundamentos para creer que el juez Moro fue parte de una operación política de la clase dominante brasileña para encarcelar a Lula e impedir su candidatura presidencial, debilitar al Partido de los Trabajadores (PT) y favorecer así el triunfo de Bolsonaro.

Pero, por otra parte, el chileno Martelli no es ningún santo. Fue sentenciado en 2017 a 800 días de presidio remitido por su participación en el caso Soquimich, pena que terminará de cumplir este mes. La Justicia fue generosa con él. Sin embargo, sobre los dineros recibidos de OAS ha asegurado se refieren a trabajos sobre estudios de suelos y un mapa que realizó para la constructora. Poco creíble, pero tampoco es creíble Pinheiro. Ambos buscan evitar la cárcel.

Hay que decir las cosas como son. Los dineros de Petrobras y OAS para operaciones políticas ensuciaron a los gobiernos de Lula y Dilma. Ello dio origen al escándalo Lava Jato. El PT tiene responsabilidad en las platas oscuras que manejaron los exministros José Dirceu y Antonio Palocci, entre otros. El vínculo de ambos con las sucias operaciones de Petrobras y de OAS en toda América latina es demasiado evidente. Y, ese comportamiento desprestigió al PT y ayudó al triunfo de Bolsonaro. Lamentable.

Es preciso ser claros. Recibir dineros del empresariado corrompe la política, impide la transparencia de las políticas públicas y destruye las instituciones republicanas. La ética y la democracia exigen independencia a los servidores públicos.

La escasa credibilidad del empresario Pinheiro, y del actual del poder judicial brasileño, impiden saber con propiedad si la denuncia sobre el financiamiento de la campaña electoral de Bachelet es verdadera o falsa. Podría incluso ser una operación política para desprestigiarla.

Sin embargo, en Chile también se cuecen habas. No sólo Martelli y sus amigos estrecharon filas con el empresariado para financiar la campaña de su candidata. La acción corruptora del empresariado fue transversal. Todas las campañas electorales, de derecha, centro e izquierda, han estado teñidas por el financiamiento empresarial y la corrupción. Es el Lava Jato chileno.

Según Bernardo Larraín Matte “Financiamos la buena política y la buena política es transversal”[2]. Para este representante del Grupo Matte la buena política es “privilegiar el consenso”, vale decir todo aquellos que favorece a sus empresas.

Tampoco en Chile el Poder Judicial ha estado a la altura de las exigencias ciudadanas. Igual que en Brasil, aunque en una dimensión distinta. Fiscales y jueces han sido complaciente con la corrupción y han tratado con guante blanco a todos los políticos y empresarios involucrados en el financiamiento ilegal. En Chile hubo una especie de pacto en las sombras para evitar que empresarios corruptores y políticos corrompidos fuesen a la cárcel. En Brasil, en cambio, el Poder Judicial, como se señaló, fue utilizado para debilitar al PT, cerrar las puertas a la candidatura de Lula enviándolo a la cárcel, y favorecer así el triunfo de Bolsonaro.

Entre las mentiras de Pinheiro y Martelli difícilmente la ciudadanía conocerá la verdad de lo ocurrido. Si hubo o no dineros de la OAS para la campaña presidencial de Bachelet. Creo, por otra parte, que la expresidenta debe haber estado lejos de la forma como se financió su campaña. No es la tarea de una candidata. Pero fue su error no informarse debidamente. De hecho, ello le significó serias dificultades durante su primer año de gobierno; en particular, se vio obligada a despedir a su mano derecha, Rodrigo Peñailillo, su primer ministro del Interior.

La corrupción se ha acentuado en América Latina en los últimos años. La defensa de la democracia y el respeto a la ciudadanía, exigen al mundo político mantener distancia de los dineros del empresariado. Sólo así no se repetirán en Brasil otro Lava Jato ni en Chile nuevos casos Soquimich, Penta y Angelini.

 El empresariado busca aumentar ganancias por todos los medios. Su responsabilidad social es más retórica que realidad. Despliega su accionar corruptor sobre todos los gobiernos y partidos políticos para favorecer sus negocios. Y, en años recientes, se ha especializado en capturar dirigentes de centro izquierda para neutralizarlos. Enfrentar las prácticas corruptoras es una tarea civilizatoria.

En años recientes, el poder económico se ha caracterizado por utilizar a las instituciones republicanas, y a los medios de comunicación de la gran prensa, para hacer operaciones de limpieza contra políticos que no son cómodos a sus intereses. Y así logra desprestigiarlos. Por ello, sobre todo quienes se presentan ante la ciudadanía como críticos del sistema económico imperante, y se proponen impulsar transformaciones, cometen un grave error en apelar al empresariado para financiar su accionar político.

El empresario corruptor Pinheiro no es creíble y tampoco lo es Giorgio Martelli, operador de la campaña de Bachelet. Pero no se puede dudar que la presidenta Bachelet es una persona honrada y alejada de los recursos que financiaron su campaña.

[1] Daniel Matamala, Poderoso Caballero es Don Dinero, Ed. Catalonia, 2015.

[2] D. Matamala, o. cit.