Fuente: Agencia Uno. | Fuente: Agencia Uno.
Se le conoce como la «Tercera Cámara». Hasta ahora ha sido el espacio en el que el Ejecutivo apuesta sus últimas fichas para que los proyectos promovidos por la izquierda no vean la luz. Ocurrió con la ley de aborto en tres causales, amenazaron con la propuesta de las 40 horas, y ahora anunciaron lo propio para la cifra no menor de 17 indicaciones en discusiones legislativas que hoy se dan en el Congreso. Por estas razones un grupo de parlamentarios de la Cámara Alta (DC, PS e Independientes, algunos miembros de la comisión de Constitución, que es donde debiese discutirse esta idea) buscarán quitarle tanto poder que, dicen, es político y no le corresponde.
El bombardeo de preguntas sobre el rol político del Tribunal Constitucional (TC) tiene entre sus hitos más recientes la discusión por la ley de aborto en tres causales. En ese momento, la izquierda presionó y validó los cuestionamientos hacia el organismo que define la viabilidad de aquellas medidas que en esa, la última instancia legislativa, son también la última opción de cortapisa para el Ejecutivo. Y el mismo Ejecutivo (el Presidente Sebastián Piñera, sin ir lejos) ha dicho, a propósito del debate por la reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, que se evaluará como una de las opciones a las que recurra “de ser necesario”.
Incluso es más: a principios de septiembre, la ministra Cecilia Pérez señaló que están evaluando enviar una lista de 17 proyectos de ley que tendrían indicaciones inadmisibles.
«Es importante que podamos respetar las tramitaciones de los proyectos no solamente dándole la cabida efectiva a los que están con suma urgencia, porque no es casualidad que lo estén: dicen relación con las prioridades de las familias», dijo la vocera.
La respuesta vino desde la oposición: un grupo de senadores (con socialistas, falangistas e independientes como firmantes) presentó la segunda semana de este mes un proyecto que modifica la llamada “Tercera Cámara” en su forma y fondo. La tensión podría aumentar para el Presidente si considerase que dos de los cuatro garantes son miembros de la comisión de Constitución de la misma Cámara Alta donde se debatirá la idea.
Son las líneas que definen el nuevo campo de batalla política: el Tribunal Constitucional.
Los ministros que conforman hoy el Tribunal Constitucional son 10. Cada uno dura nueve años en el cargo. El cómo se nombran es de la siguiente forma: tres son designados por el Presidente; cuatro son electos por el Congreso, de los cuales dos son seleccionados por el Senado y dos son propuestos por la Cámara de Diputados, quienes someten a sus candidatos a votación en le Cámara Alta (los que aprueban o rechazan los nombres). Los otros tres son elegidos por la Corte Suprema. Esta estructura es la que quedó de la última modificación al TC, hecha en 2005 (hace casi 15 años).
La propuesta de los senadores Francisco Huenchumilla, Alfonso de Urresti, Carlos Bianchi, Ximena Rincón y Yasna Provoste comienza sobre la base de la actual crisis de confianza en las instituciones: “Resulta adecuado el establecer un nuevo sistema para realizar tales nominaciones, los cuales no solo avancen en mayores niveles de transparencia, sino que además permitan que accedan a este importante cargo personas que cuenten con un reconocimiento suficiente para que ejerzan la jurisdicción constitucional, dotados con el grado de legitimidad que requiere la necesaria confianza que la comunidad debe tener en nuestras instituciones”, se lee en el documento.
Los puntos respecto a la forma que pretenden cambiar los senadores son cuatro: la integración (número de ministros), duración en el cargo, los requisitos para su designación y el régimen de inamovilidad de cada uno, “como un avance a fin de que lo reconozcamos como un espacio lejos de atentar en contra de los principios que deben fundar una democracia sólida y sustentable en el tiempo”, argumentan.
Así, la alternativa respecto a la cantidad es que se reduzca de 10 a solamente siete ministros: “La situación actual ha dado pie a las complicaciones naturales de una integración par, que es la producción de empates en casos especialmente relevantes y difíciles, donde finalmente no se llega a un acuerdo o debe dirimir el presidente (del Tribunal)”. El número par -plantean los senadores- le otorga un poder excesivo a quien ejerce tal función.
Sobre la designación de los ministros, contemplan una eliminación de las designaciones exclusivas del Presidente, del Congreso y de la Corte Suprema, y proponen un método que considere a los tres poderes del Estado (Ejecutivo, legislativo y judicial). Para ello, consideran una quina propuesta por la Corte Suprema de la que el Presidente de la República deberá seleccionar un nombre. Ese candidato o candidata tendrá que someterse a una sesión de preguntas por parte del Senado, quienes finalmente decidirán si esa persona es cumple con las condiciones y requisitos para el cargo.
Respecto a la duración del cargo, el fundamento es que el suyo plantea un tiempo más proporcionado: de nueve años se busca reducir a solo seis, con una única opción de reelección para un segundo periodo de la misma duración (es decir, hasta 12 años como ministros).
Finalmente, en el punto de los requisitos, se pone como condición que él o la candidata tenga un postgrado en derecho constitucional o derecho público. Como alternativa, sirve también que la persona haya sido durante más de cinco años profesor titular de una escuela de derecho en una universidad acreditada por el Estado.
Por último, el proyecto contempla la movilidad de los postulantes: “Proponemos que se pueda acusar constitucionalmente a los ministros de la Corte Suprema por notable abandono de deberes, de la misma forma que aquello es posible en relación al Contralor General de la República y de los ministros de la Corte Suprema”, reza el documento.
Una de las características a las que apunta la segunda propuesta de ley presentada por los senadores y que se enfoca en las facultades del Tribunal Constitucional, tiene que ver particularmente con “la existencia de un control preventivo obligatorio de constitucionalidad”.
Dicha capacidad le permite al Tribunal que “para declarar la inconstitucionalidad de una ley orgánico constitucional o de una ley interpretativa de la Constitución, es el mismo órgano jurisdiccional -el propio Tribunal Constitucional- el que debe identificar el posible vicio de inconstitucionalidad para luego, acto seguido, declarar inconstitucional el proyecto de ley con base en el mismo vicio identificado por el órgano”. Es decir, es el propio tribunal el que debe resolver el vicio identificado, lo que a juicio de los congresistas, muestra “una notoria falta de imparcialidad que determina el carácter altamente problemático del otorgamiento de esta atribución” al TC.
La alternativa es eliminar este control preventivo en relación a aquellas leyes que interpreten de alguna u otra forma la Constitución. Junto con esto, quieren que se restrinja la facultad de solicitar la inconstitucionalidad de un proyecto de ley durante su tramitación. Esto último ha de hacerse elevando el quorum necesario para presentar la solicitud por parte de los parlamentarios.
Por último, el proyecto aborda también aquellos casos en los que el Tribunal Constitucional funciona respecto a situaciones particulares, en aquello conocido como “inaplicabilidad por inconstitucionalidad”. Como solución, los senadores solicitan que dicha facultad (el de determinar la inaplicabilidad) sea propio de la Corte Suprema. Ante el escenario actual, lo que desglosan es que esto “debilita la vinculación entre constitucionalidad y legalidad” (lo primero, propio del TC, y lo segundo, que corresponde al resto de los tribunales de justicia).
“La facultad de pronunciarse sobre casos concretos ha llevado a una creciente politización de los conflictos jurisdiccionales que se siguen ante los tribunales de justicia, cuestión que ciertamente se vería corregida, si las facultades del Tribunal Constitucional se restringen a un control abstracto, erga omnes, desligado del conflicto intersubjetivo concreto entre partes determinadas”, se argumenta en el proyecto.
[Puedes revisar aquí el proyecto que busca modificar las atribuciones del Tribunal Constitucional.]
Mauricio Daza, abogado asesor del senador Carlos Bianchi. / Fuente: Agencia Uno.
Sobre el último punto, según se señala en el proyecto, es que el TC se transforma en una “Tercera Cámara”, donde toma posición y acción en función de algún lineamiento político contrario o a favor del gobierno de turno. Así lo plantea Mauricio Daza, asesor legislativo del senador Bianchi, uno de los avales del proyecto, quien identifica al menos dos aspectos en los que el Tribunal responde a intereses políticos más que constitucionales:
“Por una parte, la elección de la mayoría de los miembros de este tribunal se ha realizado bajo criterios eminentemente políticos, bajo la lógica del cuoteo, llegando en varias ocasiones a prescindir de las competencias necesarias de los nominados para ejercer dicha función. Y por otra parte, se le ha entregado al Tribunal Constitucional atribuciones amplias, las que ejerce sin ningún control externo, con lo cual ha podido revisar proyectos que han sido aprobados por amplias mayorías en el Congreso y sin que lo haya requerido ningún parlamentario o el Ejecutivo, como el caso de la legislación del Sernac, o revisar de forma inconsistente actos de órganos del Estado especializados en la fiscalización de ciertas áreas complejas, como sucedió cuando rebajó a cifras absurdas las multas aplicadas a Ponce Lerou y los demás sancionados por la Superintendencia de Valores por el caso cascadas”.
La viabilidad, o al menos la presión que pueden ejercer los senadores sobre el Gobierno ante este mismo proyecto, es alta, según el mismo Daza: “El que estos proyectos vengan firmados por 5 senadores, dos de los cuales son miembros de la comisión de Constitución del Senado, les da la posibilidad real de que se avance, más allá de lo que haga el gobierno con su reforma al Tribunal Constitucional la cual, a pesar de ser anunciada desde hace tiempo y en varias oportunidades, nunca se concreta”.
