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Además, el parlamentario argumentó que el denunciante fue condenado el 6 de agosto de este año por el delito de lesiones graves y amenazas de violencia intrafamiliar, «lo que hacía imposible su continuidad como asesor, ya que soy intolerante con las personas que maltratan, especialmente a las mujeres».
El diputado Pedro Velásquez desacreditó la tarde de este martes al exfuncionario de la Cámara de Diputados que le denunció por acoso sexual y aseguró que hoy se enteró por terceros y la prensa de la investigación en su contra.
Velásquez dijo que «no he sido notificado y no tengo antecedentes de los argumentos», y aseguró que el funcionario que lo denuncia «lo despedí porque se me hizo llegar su prontuario policial marcado por imputaciones sobre delitos sexuales, robos y violencia contra la mujer, en especial su expareja, quien fue amenazada de muerte».
Además, el parlamentario argumentó que el denunciante fue condenado el 6 de agosto de este año por el delito de lesiones graves y amenazas de violencia intrafamiliar, «lo que hacía imposible su continuidad como asesor, ya que soy intolerante con las personas que maltratan, especialmente a las mujeres».
En esa línea, Velásquez acusó que el funcionario «es conocido por realizar denuncias falsas. De hecho, él denunció a una persona de abusar sexualmente de sus hijas, lo que resultó ser falso en los tribunales de Illapel».
«No me arrepiento de haber despedido a una persona violenta, especialmente con las mujeres», reiteró el parlamentario e insinuó que esto quizás responda a «una operación política, en visto que mi hijo va como candidato a alcalde».
Cabe recordar que la denuncia se realizó a través de la Comisión de Régimen Interno de la Cámara baja y está a cargo de la diputada de Convergencia Social, Gael Yeomans.
Al respecto, Velásquez dijo estar a disposición de Yeomans en la investigación.
Además, esta es la primera denuncia que se interpone contra un parlamentario desde que en enero se aprobó el «Protocolo de Prevención y Sanción del Acoso Sexual», que sanciona las conductas de este tipo y busca proteger a las víctimas en el Congreso.
Las multas del protocolo alcanzan hasta el 50% de la dieta parlamentaria, censura y amonestaciones en la hoja de vida. Finalmente, se destaca que este reglamento estuvo inspirado en el que actualmente se utiliza en la Corte Suprema.
