La denuncia por eventual manipulación datos que involucra a la Fiscalía Oriente

Los antecedentes que recibió el secretario de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte (AFREMCEN), Ignacio Acuña, la mañana del 21 de agosto pasado, venían desde el interior de la Fiscalía Local de Ñuñoa y fueron calificados inmediatamente como gravísimos.

Se trató de un llamado telefónico que lo alertó sobre la eventual manipulación de datos del Sistema de Información y Atención a Usuarios (SIAU), un mecanismo que, como dice en la página de la institución, estandariza los procesos de atención de la Fiscalía para facilitar la gestión, el seguimiento y la evaluación de los requerimientos tanto de las víctimas como de sus abogados. En el detalle, se considera una atención por cada cierto número de requerimientos. Es decir, si un abogado solicita la copia de una carpeta investigativa, una entrevista o quiere presentar un escrito, se registra como una sola atención.

Pero las cosas funcionan de otro modo en esta fiscalía, que depende de la Fiscalía Metropolitana Oriente. Por orden del administrador de Ñuñoa, la atención no es integral y se hace por cada una de las peticiones. En el caso anterior, no sería una sino que tres atenciones, lo que arroja una cifra global de atenciones abultada en la Fiscalía Oriente respecto de sus pares a nivel nacional.

A los días de recibir ese llamado telefónico, el 26 de septiembre, la organización gremial interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía Nacional. El oficio N° 56 –al que tuvo acceso El Desconcierto–, plantea que eventualmente se estarían falseando los datos sobre el número de atenciones reales. Un procedimiento que, a juicio de los dirigentes, tendría una “connotación delictual”.

Pero, ¿qué podría implicar esto? Una de las posibilidades es que configure una estrategia para justificar la dotación de personal, ligado al Plan de Fortalecimiento de la Fiscalía. Esta ley n°20.861 fue promulgada en 2015 durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y consideraba un presupuesto $30 mil millones y 577 nuevos funcionarios, de los cuales 122 eran fiscales. Que se asignaran o no más profesionales a una fiscalía depende directamente de la cantidad de atenciones al público.

Previo a que el Plan se pusiera en marcha, fue el entonces fiscal Metropolitano Oriente, Alberto Ayala, quien negoció con el fiscal nacional Sabas Chahuán el nuevo personal que llegaría a la fiscalía. Luego, en noviembre de 2015, asumió el cargo el fiscal Manuel Guerra.

Pero más allá de lo expuesto en la denuncia, el cuadro sería más grande. La situación se estaría repitiendo en otras fiscalías del sector oriente, como en Las Condes y Peñalolén, que tienen el mismo sistema de trabajo.

Ante esto, Macarena Pino, presidenta de AFREMCEN, sostiene a El Desconcierto: «La situación para esta asociación es gravísima, ya que dados los antecedentes, existirían indicios de que esta manipulación podría tener relación con la designación de dotación de esa regional. Pero eso es materia que tendrá que ser analizada e investigada por la Fiscalía Regional Oriente», aseveró.

AFREMCEN también le pidió al fiscal jefe de la Fiscalía Local de Ñuñoa, Álvaro Pérez, tomar cartas en el asunto e indagar las motivaciones del administrador para instruir una atención distinta a la planteada en los manuales de atención de los usuarios.

La respuesta de Abbott

La situación no ha dejado indiferente a la máxima autoridad del Ministerio Público, Jorge Abbott. Su respuesta quedó plasmada en el oficio N° 872 del 16 de septiembre pasado. Allí instruye al fiscal Regional Oriente, Manuel Guerra, revisar los antecedentes y le pide que se pronuncie si decide iniciar una investigación administrativa. Ahora, está en sus manos esclarecer los hechos.

Además, encargó a la División de Atención de Víctimas y Testigos la revisión de los registros del SIAU de la Fiscalía Local de Ñuñoa. Con eso se podría analizar, en concreto, el número de registros por atenciones en Ñuñoa.

Si bien en la denuncia se solicita conocer la información desagregada por rut de cada persona atendida y las metas que podrían fijar los administradores de la Fiscalía Oriente por atenciones, Abbott dijo que esos antecedentes dependen de la eventual indagación que inicie el fiscal Guerra.

/ Agencia Uno

«No está asociado a metas de cumplimiento»

La tesis de justificación de personal que plantea la organización gremial en su denuncia fue descartada por la Fiscalía Oriente. Consultada por El Desconcierto, indicaron que se encuentran analizando los antecedentes y los hechos que fueron denunciados “con la finalidad de llevar a cabo las acciones que ameriten, si corresponde”.

A esto agregaron que, de los antecedentes recabados hasta hoy, “es posible señalar que el registro de las atenciones de público que se realizan diariamente en las fiscalías locales, no está asociado al cumplimiento de ningún compromiso de gestión institucional que incida en calificación o pagos de bonos a fiscales y funcionarios”.

Mientras que, desde Antofagasta, el fiscal Alberto Ayala afirmó -a través de su encargado de prensa- no recordar el funcionamiento operativo del sistema SIAU mientras estuvo a cargo de la Fiscalía Oriente. Pese a que quedaron de averiguar otros antecedentes que se les consultaron, bloquearon el envío de mensajes a través del correo electrónico desde el que se les mandaron las preguntas iniciales.

La falta de respuesta por el tema también se repitió en la Fiscalía Nacional, la cual no contestó a las interrogantes que buscaban despejar las razones detrás de esta manera de manejar el sistema informático interno, lo que podría configurar una eventual manipulación de datos.