La prefecta de Pichincha (provincia del centro-norte de Ecuador), cercana al ex presidente Rafael Correa, cree que el acuerdo al que llegó el gobierno ecuatoriano hipoteca la soberanía del país. Además, sostiene que el presidente Lenin Moreno debe convocar a una Asamblea Nacional para que se debata en el Parlamento una salida al conflicto que enfrenta el país.
Las manifestaciones sociales en Ecuador contra las medidas económicas que ha establecido el presidente Lenin Moreno cumplen diez días. Durante estas últimas horas, las protestas se han radicalizado y la respuesta del gobierno ha sido aumentar la represión. Hasta ahora se registran siete personas muertas, un centenar de desaparecidos y más de ochocientos detenidos.
El movimiento, liderado fundamentalmente por grupos indígenas, exige que se restituya el subsidio a los combustibles y que se termine con el Estado de Excepción establecido por el gobierno.
La prefecta de Pichincha (provincia del centro-norte de Ecuador) y cercana al ex presidente Rafael Correa, Paola Pabón, analiza el escenario humanitario del país y las consecuencias del acuerdo que alcanzó el mandatario con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Asimismo, proyecta serias consecuencias económicas: el aumento de los costos de producción, del desempleo y de la inflación.
-Moreno ha señalado que las protestas sociales responden a un “plan desestabilizador”. ¿Cree que es una justificación frente a línea económica que está adoptando?
-Hace ocho días el presidente Lenin Moreno anunció una serie de medidas y, entre ellas, la que más impacto ha causado en la población ecuatoriana es el retiro del subsidio al diésel y al combustible. Esto implica un 120 por ciento de incremento del combustible y, fundamentalmente, del diésel. Este último es el que permite el transporte pesado se movilice en el Ecuador. Es decir, va a significar un encarecimiento de los productos de primera necesidad, una contracción del sector productivo económico del país. Si le sumas que tenemos una economía dolarizada, es evidente que el shock será brutal. Ese es el motivo de que los ciudadanos salgan a las calles. No otro.
-En materia económica, ¿cuáles serían los impactos de la eliminación de ese impuesto?
-Primero, un incremento de los combustibles que se verá reflejado en el aumento del costo del transporte nacional, interprovincial y urbano. De hecho, ayer el gobierno nacional, arrogándose funciones que tiene el gobierno regional, ha autorizado la subida de tarifas al transporte como una medida que busca dejar fuera de la protesta social a todo el gremio de transportistas. Este es un incremento de 10 centavos en el precio que teníamos. Pero lo más complicado es la contracción económica productiva. Hay que considerar una economía dolarizada que hace dos años y medio está estancada. Es decir, no hay capacidad adquisitiva de la población y cada vez vendes menos. Ahora, tienes que aumentarle a los costos productivos el incremento de los combustibles para la parte logística. Alguien va a tener que pagar la factura: o los dueños de la producción o el que consume. Lo que también puede pasar es que, en aras de ahorrarte esos costos, tengas que despedir a mucha gente del sector privado.
-En ese contexto, se ha hablado del aumento de la inflación o de la “estanflación”, donde también sería determinante la tasa de desempleo. ¿Cómo proyecta esto?
-Si aumenta el desempleo inevitablemente la economía se va a estancar aún más. De hecho, cuando los analistas económicos hablan sobre la “estanflación” significa que en una economía que está bastante paralizada viene un shock de tal impacto que la estanca totalmente. Nosotros no tenemos circulante, dado que es una economía dolarizada, y hay un elemento más: no podemos emitir moneda porque no la controlamos. Entonces, no podemos tener un mecanismo alternativo que nos permita controlar esa inflación. Una economía que está sufriendo el impacto de la recesión podría profundizar esa paralización. Adicional a eso, nos preocupa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
– ¿Qué impactos generaría este acuerdo?
– Ningún país debe hipotecar su soberanía económica. Hay que tener claro que ningún país que ha formado un acuerdo con el FMI ha tenido un final feliz. Ecuador ya lo sabe porque se firmaron varias cartas de intención durante las décadas de los 80´ y 90´. Pero tampoco hay que irse más allá, veamos lo que está pasando en Argentina. Ahora, estos acuerdos significan eliminar totalmente los subsidios a los combustibles, el incremento del IVA que todavía no se ha hecho porque se tiene que hacer una reforma en la Asamblea Nacional y el presidente no tendría los votos necesarios. Pero estoy segura que está congelado hasta que existan mejores condiciones en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, es el acuerdo el que genera este estallido que hoy hace que miles de ecuatorianos estén en las calles.
-El presidente Lenin Moreno salió electo con el apoyo de los partidos de izquierda. Sin embargo, ahora sus medidas responden a los sectores de derecha. ¿Qué acciones han tomado los partidos que le dieron su respaldo?
-Ese es un punto relevante y responde a la génesis de la problemática. Lenin Moreno fue el candidato de la Revolución Ciudadana. Ganó la elección ofreciendo radicalizar la revolución ciudadana de Enrique Correa y generar más derechos: vivienda, salud, seguridad social y educación de calidad. Lo que ha ido pasando durante estos dos años de gestión es que se ha ido alejando de las grandes mayorías en beneficio de los grupos económicos: del sector importador, del sector bananero agroindustrial y financiero. Estos son los sectores que hoy gobiernan el país. El 80% de la población rechaza a Moreno. No hay ninguna organización política que se diga de izquierda que pueda estar a favor de las medidas que está tomando. Hay que reconocer que lo que más se evidencia en el Ecuador es la ausencia de un liderazgo que conduzca al país. Hay un síndrome de la “silla vacía”. Eso ha hecho que estos grupos tomen un rol preponderante, incluido el rol que ha asumido Estados Unidos, a través de su embajada en el país.
– ¿Cuál es la situación humanitaria que observa hoy en el país?
-El gobierno, en lugar de generar mecanismos de diálogo con los manifestantes, ha optado por establecer un estado de excepción. Esto ha sido cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y por las Naciones Unidas. La medida ha generado gran represión policial y militar. Al día de hoy, se registran siete muertos; más de 90 heridos graves; 83 desaparecidos, donde más de la mitad son adolescentes. Además, más de 800 detenidos; nueve medios de comunicación intervenidos; periodistas agredidos y encarcelados. También, dirigentes de organizaciones políticas amenazados. Sobre todo, un profundo miedo de la población civil en general.
-¿Cuál es la salida posible y efectiva que ve al conflicto?
– Nosotros tenemos salidas constitucionales y ese es un tema importante que me parece anotar. Durante los nueve días de protestas, la Asamblea Nacional ha permanecido cerrada. En una democracia donde hay conmoción social y enfrentamientos por parte de militares, donde hay marchas y contramarchas, una Asamblea cerrada habla muy mal de nuestra democracia. La bancada de la Revolución Ciudadana ha conminado al presidente Moreno a que convoque una Asamblea y se debata constitucionalmente en el parlamento la salida institucional. A nadie le interese que este caos continúe. El costo social es muy alto.
