Opinión

Un nuevo modelo de inversión en VIH y Sida

Por: Leonardo Arenas Obando / Publicado: 13.10.2019
La visibilidad de la temática del VIH en la agenda mediática ha abierto el apetito de profesionales agrupados en consultoras que han visto una forma de alcanzar recursos desplazando a las organizaciones del ámbito comunitario. Por cierto, que unas bases de licitación con escasas restricciones permiten el ingreso de individuos y empresas con fines de lucro.

“Un mundo sin Sida” es el llamado que ha ido permeando a los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, agencias de Naciones Unidas y de la cooperación internacional. Este sueño tiene fecha: 2030.

¿Cómo es posible alcanzarlo?

El cambio de paradigma en prevención y atención del VIH, que ocurre más fuertemente desde el 2010 en adelante, ha podido visualizar que alcanzando las metas “90-90-90” al 2020 y las metas “95-95-95” al 2030 podemos legar a las nuevas generaciones “Un mundo sin Sida”. Eso requiere concentrar los esfuerzos en dichas metas.

Es decir, que el 90% de las personas que viven con VIH conozcan su estatus serológico; que el 90% de ese 90% se encuentre el tratamiento antirretroviral y que el 90% de los que saben que viven con VIH y están con TARV, alcancen la supresión viral (carga viral suprimida).

Ya contamos con suficiente evidencia que las personas con carga suprimida disminuyen en un 93% la posibilidad de transmitir el VIH en una relación sin condón. Esto ha sido promovido por el lema: Indetectable= Intransmisible (I=I).

El concepto de prevención se ha visto ampliado desde que sabemos que el tratamiento impacta en la prevención. Tratamiento 2.0 incorpora al tratamiento en esa línea.

El II Foro Latinoamericano y el Caribe realizado en Rio de Janeiro (2015) estableció las metas de la Prevención Combinada, promoviendo el acceso de Test de VIH, la PEP y la PrEP entre otras medidas.

Los necesarios recursos de la financiación

Pero alcanzar las metas requiere dinero. El Informe de UNAIDS (2019): “Communities at the centre” revela que los fondos para dar respuesta a la epidemia del VIH han disminuido.  En América Latina, un 95% de la inversión en VIH es financiada por presupuesto fiscales. Si bien se ha incrementado en un 50% desde el 2010 con un incremento del 55% de los fondos públicos, al mismo tiempo ha disminuido el aporte de las contribuciones del Gobierno de USA (USAID y PEPFAR) en un 62% y del Fondo Global en un 44%. En resumen, los fondos de las diversas fuentes de financiamiento disminuyeron el 2018 en relación al 2017. Los fondos públicos cayeron en un 7%, mientras que los aportes internacionales lo hicieron en un 8% como promedio. Al igual disminuyeron los aportes bilaterales del Gobierno de USA en 56% y los del Fondo Global en un 42%. Otros donantes de la cooperación internacional disminuyeron su aporte en un 10%.

¿Cómo estamos en Chile?

La respuesta al VIH es financiada por el Ministerio de Salud, que principalmente concentra su gasto en medicamentos (97%). El restante 3% se destina a acciones de prevención y campaña de comunicación social.

Las acciones de prevención son licitadas en el Portal de Compras Mercado Público, lo que implica una compra de servicios, por cuanto los recursos en el presupuesto del Ministerio de Salud se encuentran en el subtítulo 22. Esto ha traído consigo una fuerte discusión entre las organizaciones de la sociedad civil y las/os representantes del Programa Regional de VIH en las diferentes regiones, ya que estos dineros son ejecutados por las Seremias de Salud respectivas.

En la Región Metropolitana, recientemente, se han licitado dos grandes acciones: Prevención y Test de VIH por un monto total de 24 millones de pesos ($ 34.000 USD aprox.)

Para acceder a estos fondos las organizaciones deben estar inscritas en el Portal de Proveedores, es decir, inscribir cancelando una tarifa y transformándose en la práctica en una empresa sin fines de lucro que ofrece acciones de prevención. Para los efectos de la compra de servicios no se diferencia la adquisición de útiles de oficina y de útiles de aseo con la compra de servicios de prevención en el ámbito del VIH.

Esta modalidad no promueve la asociatividad entre las organizaciones, sino su competencia. La que hasta hace un tiempo atrás se había regulado a través de una cierta ética de no competir en áreas de trabajo que tenían una cierta especificidad, por ejemplo: Trabajo de prevención con mujeres trans o con trabajadoras sexuales.

La visibilidad de la temática del VIH en la agenda mediática ha abierto el apetito de profesionales agrupados en consultoras que han visto una forma de alcanzar recursos desplazando a las organizaciones del ámbito comunitario. Por cierto, que unas bases de licitación con escasas restricciones permiten el ingreso de individuos y empresas con fines de lucro.

A pensar una forma de financiamiento del ámbito comunitario que sea sostenible

El último informe de UNAIDS, al que hice referencia al inicio, pone a las “Comunidades” en el centro de la respuesta al VIH. Si bien el Estado de Chile, expresado en su Ministerio de Salud, da una respuesta satisfactoria a la mayoría de las demandas de la población con VIH, ciertamente que existen brechas que no logran disminuir. En diversos documentos se promueve la importancia de la sociedad civil con trabajo en dichas poblaciones (poblaciones clave en el lenguaje utilizado en los documentos oficiales) por ser la brecha que no alcanza a abordarse con los programas rutinarios del sistema de salud público.

Existe experiencia y evidencia de los aportes del sector comunitario a la epidemia del VIH; las primeras respuestas vinieron desde las mismas comunidades afectadas. Por lo que pensar una forma de financiamiento sostenible para las ONG’s con trabajo en VIH es una recomendación que debe ser tomada en cuenta.

Un ejemplo claro de eso es que el Ministerio de Salud en su campaña de verano realizó 34.961 test y se confirmaron 61 personas con VIH; mientras que las ONG’s realizaron 3.520 test de VIH y diagnosticaron 57 personas con VIH. Si es por eficiencia de los recursos, indudablemente que las ONG’s tuvieron una mejor performance.

Debemos ser creativos para idear formas de financiamiento que sean estables para las ONGs, las que deben estar asociadas a prestaciones y metas. Un modelo a tomar en cuenta son todos aquellos financiamientos a instituciones y organizaciones que prestan servicios garantizados por el Estado pero que son realizados por privados (Un ejemplo de ello son las licitaciones de SENAME).

El Estado de Chile debe abrirse a innovar en la respuesta al VIH con una incorporación decidida de las ONGs que han demostrado seriedad y responsabilidad en la respuesta a la epidemia del VIH.

Leonardo Arenas Obando
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