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Ley Zamudio al límite: Las vidas que marginó la regulación antidiscriminación

Por: El Desconcierto / Publicado: 14.10.2019
A siete años de la entrada en vigencia de la Ley Antidiscriminación, las denuncias por parte de las minorías sexuales aumentaron 44% durante 2018, pero esto no se ha traducido en su llegada a la justicia. Las falencias de esta legislación han dejado desvalidas a casi 1.7 millones de personas, quienes forman parte de la diversidad sexual.

Un aumento progresivo de denuncias por discriminación en base a orientación sexual e identidad de género se han registrado durante los últimos años según organizaciones dedicadas al tema, las que llegaron a casi 700 casos en 2018. Sin embargo, solo 14 de estas fueron tramitadas bajo el amparo de la ley 20.609 que, según su título, “establece medidas contra la discriminación”.

Entre algunos de los principales problemas que esta normativa ha presentado se encuentra la dificultad probatoria y multas para quienes no puedan demostrar que fueron víctimas, lo que ha generado un desincentivo a la hora de denunciar.

Durante 2018, los casos de violencia y discriminación hacia personas de la diversidad sexual aumentaron 44% respecto a igual periodo de 2017 y han seguido ocurriendo en los últimos meses.

A pesar de la existencia de la Ley Antidiscriminación, queda en evidencia la baja cantidad de casos que llegan a la justicia, además de la falta de instrumentos para su empleo, el desconocimiento de la población y la poca capacitación policial.

Estos motivos dejan en desamparo a las posibles víctimas de un ataque o rechazo en cualquier lugar del país, las que llegarían casi a 1 millón 700 mil, si se considera la totalidad de las personas que forman parte de la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LGBT+), según el Informe Kinsey, un estudio sobre el comportamiento sexual de hombres y mujeres, considerado como referencia para este tipo de materias, realizado por el investigador estadounidense Alfred Kinsey.

Elaboración propia – Fuente: Movilh, Iguales, entre otros.

Elaboración propia – Fuente: Movilh, Iguales, entre otros.

A pesar de que no existen números exactos, ni actuales sobre la cantidad de personas que se identifican como parte de la diversidad sexual en Chile, este informe realiza un cálculo sobre la población perteneciente a la comunidad LGBT+, el que detalla que entre el 7% y el 10% de la población pertenece a una orientación sexual diferente a la heterosexualidad.

Junto a este tipo de variación, también se considera el primer estudio sobre sexualidad realizado por Adimark en 2012, cuyas mediciones realizadas cifran al colectivo en este número, el que se aleja del casi 2% declarado en la encuesta Casen durante el mismo año.

Del papel a la realidad

Felipe Olguín era un joven muy alegre y querido por sus cercanos. No le gustaba que lo llamaran Luis, su primer nombre, por lo que prefería usar el segundo. Era abiertamente gay y mantenía una relación de más de un año con Jordan. Ambos trabajaban vendiendo productos de belleza a vecinas y personas de diversos sectores de Santiago.

Felipe vivía en la comuna de Puente Alto, junto a su madre, su padre y su hermana pequeña. Pero a sus 19 años, él y su pareja querían independizarse, por lo que estaban armando lo que sería su nuevo hogar, un departamento que habían conseguido arrendar gracias al trabajo de ambos y apoyados por los padres de Felipe.

El 14 de agosto del año pasado ambos caminaban cerca del paradero 50 de Santa Rosa, ya que habían ido a buscar un refrigerador que una conocida les vendió por $30.000. Al pasar por una plaza, un grupo de escolares desconocidos para ellos empezaron a gritarle insultos homofóbicos a Felipe, por lo que este se acercó a ellos y discutieron.

“No hubo agresiones ni nada”, comenta Rosa Gómez, madre del joven. “Él solo lo fue a encarar por qué le gritaban”.

Una semana después de ese encuentro, recibieron mensajes de audio a través de Messenger de Facebook, por parte de un extraño. “No los pudimos escuchar ese día porque no teníamos internet”, dice Rosa. “En los días posteriores tampoco le pregunté de qué se trataban”, agrega, pues no pensó que eran realmente importantes, en ese momento.

Rosa Gómez, mamá de Felipe Olguín, recuerda que siempre le decía a su hijo que se cuidara, que “en la casa no corría ningún riesgo, pero que de la puerta hacia afuera era otra cosa”. – Foto: Elaboración propia.

Pero lo que contenían esos mensajes eran más insultos: “(…) Ponte los pantalones, como hombre. Ah, de veras que vo soy gay, estay to’o funao chuchetumare” (sic.).

Estos audios provenían del mismo adolescente que lo había increpado días atrás y, además, incluía una amenaza de muerte: “Donde te pille chuchetumare te voy a pegarte las sendas puñalás (…) voy a atravesarte el corazón perro culiao. Tú no sabí con quién te estai metiendo chuchetumare (…)”.

Días después, mientras la pareja caminaba por avenida Sargento Menadier y a menos de una cuadra de la casa de Felipe, fueron interceptados por dos jóvenes menores de edad, los mismos con los que habían tenido la riña días anteriores. Ahí fue cuando la amenaza del audio se volvió realidad.

El ataque a Felipe fue solo uno de los 698 casos que ocurrieron durante el año pasado, según detalla el 17° Informe Anual de Derechos Humanos, realizado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), la primera agrupación creada en Chile que se dedica a defender a la comunidad LGBT+.

Esta organización concentró el 93% de la recepción de las denuncias durante el último año, donde los casi 700 casos ocurridos en 2018 se tradujeron en el aumento de 44% respecto a los reportados durante 2017, los que alcanzaron un total de 484.

Elaboración propia | Fuente: 17° Informe Derechos Humanos Movilh y Poder Judicial.

Entre enero y diciembre del año pasado, solo 14 de estas quejas llegaron a ser tramitadas bajo la Ley Antidiscriminación, lo que equivale a 1,3% del total.

Desde 2002, año en que el Movilh realiza su Informe Anual de Derechos Humanos, han recibido un total de 3.137 casos por discriminación contra personas de la diversidad sexual, de los cuales 2.300 han ocurrido en los últimos siete años, desde que está vigente la Ley Zamudio.

“Abriste nuestros ojos, hiciste historia”

Esta es la frase presente en el Memorial por la Diversidad, ubicado en el Cementerio General de Santiago, donde yacen los restos de Daniel Zamudio Vera, un joven asesinado debido a su orientación sexual a inicios de 2012, cuando tenía 24 años.

– Foto: Elaboración personal.

El caso generó tanto revuelo a nivel nacional que aceleró el proyecto presentado bajo el mandato del entonces Presidente Ricardo Lagos y que había estado en discusión parlamentaria desde el año 2005. En poco más de cuatro meses, se promulgó en el Diario Oficial la Ley 20.609, que establece medidas contra la discriminación y que popularmente lleva el apellido de la víctima.

“De lo de mi hijo han pasado siete años y siempre va a ser un símbolo” comenta Iván Zamudio, padre de Daniel y creador de la fundación que lleva el nombre de este. ”Lo que le ocurrió provocó un cambio radical en el país, hay un antes y un después. Se han conseguido muchas cosas a favor de la comunidad (LGBT+), lo que antes nunca se logró. Fue el cambio a nivel país y a nivel social”, agrega.

El objetivo de esta normativa fue regular la discriminación arbitraria, pero no solo en casos contra la diversidad sexual, ya que está definida como “toda distinción, exclusión o restricción que carezca de justificación razonable” en ámbitos como la raza, nacionalidad, situación económica, religión, ideología, sexo, estado civil, edad, orientación sexual, identidad de género, apariencia personal, enfermedad, discapacidad y, más recientemente, la maternidad y los asociados que esta conlleva, entre otras.

“Con esto se da un salto en discriminación por orientación sexual, ya que constituye una falta grave que puede ser sancionada legalmente y, sin ninguna duda, sirvió como elemento disuasivo. El drama es que su aplicación queda al libre albedrío”, dice Rolando Jiménez, uno de los fundadores del Movilh.

Uno de los principales cambios fue la modificación al Código Civil, donde se estableció una “acción judicial”, es decir, la facultad legal que tiene un ciudadano para hacer valer un derecho ante los tribunales, la cual se tramita en los juzgados civiles, además de un agravante en el ámbito penal, en cuyo caso una condena puede aumentar en un grado si se corrobora que el acto fue en razón de una discriminación arbitraria.

Dentro de la legislación existente en Chile, también se encuentra el “Recurso de Protección”, otro tipo de acción judicial que busca restablecer el Imperio del Derecho en los casos que se haya visto vulnerado. Este se mencionó como una de las alternativas dentro de la discusión parlamentaria sobre la Ley Antidiscriminación, pero según estudios expuestos en esa misma instancia, se comprobó que no era una herramienta del todo eficiente.

Violencia y discriminación

“Todo empezó como un asalto, eso es lo que siempre he creído. Me quitaron las cosas, pero luego empezó a mutar, porque no tenía nada de valor”, relata Diego Torres, un joven de 23 años que en noviembre del año pasado fue atacado por cuatro personas mientras iba camino a su casa por el Parque Forestal.

“Quizás fue el cómo andaba vestido o mi expresión. Estaba empezando a hacer un poco más de calor y yo andaba con unos shorts muy cortos, con brillos en la cara, muy llamativo en el fondo. Empezaron a pegarme y a decirme insultos como «este es maricón» y «maricón asqueroso» entre otros que ya no recuerdo, pero aludían directamente a mi orientación sexual”, recuerda el estudiante de pedagogía.

Los golpes que le propinaron lo dejaron con la nariz y el brazo rotos. “En ese momento tuve la sensación de que podía ser uno de mis últimos momentos con vida, pero sentí un impulso y me resistí, no sé cómo, pero pude correr”, señala la víctima.

Diego Torres con la férula inmovilizadora que debió usar durante cuatro meses tras el ataque – Foto: Archivo Diego Torres.

En su caso, realizó la denuncia al día siguiente. “No fui el mismo día porque no me da confianza la institución (Carabineros) debido a historias que conozco de personas que han ido a pedir ayuda y les dan todo lo contrario, reciben mucha más discriminación, malos tratos, etc.”, destaca el joven, en cuyo caso la ley no se pudo aplicar.

“No me tomaron la declaración como había sido. Jamás pusieron que fue un ataque homofóbico, siendo que yo lo recalqué, tampoco le pusieron que me quebraron el brazo. Al final, solo fue tipificado como un robo con violencia (…) por lo tanto, no se podía ocupar la Ley Zamudio”, sostiene el joven, cuya prueba solo fue la constatación de lesiones en el hospital. “Sentí rabia, impotencia, miedo, tristeza, soledad, abandono, mucho odio y desesperanza”, agrega.

Justicia sin reparación

“Mucha gente piensa erróneamente que si demanda por Ley Zamudio y demuestra que fue discriminada por su orientación sexual o identidad de género va a tener alguna compensación, pero cuando le explicas que la multa es a beneficio fiscal, muchos desisten de presentar acciones legales”, detalla Rolando Jiménez.

Esta es una de las falencias más comentadas de la ley, en donde recae el desconocimiento por parte de población sobre cómo funciona realmente. La normativa establece en su artículo 12 una sanción a favor del Fisco “a las personas directamente responsables del acto u omisión discriminatorio”, la que puede variar entre las 5 y 50 UTM, es decir, entre $246.000 y $2.461.000 aproximadamente.

A pesar de esto, a principios de abril Diego se comunicó con las fundaciones que le ofrecieron ayuda; quería saber en qué iba su caso y si, tal vez, podría siquiera recibir una compensación económica para cubrir algo de los $6 millones que costó la cirugía de su brazo.

“Me lo partieron en varias partes, justo en la articulación del codo, por lo que no se podía sanar con un yeso normal, tenía que estar sujeto a una operación en donde prácticamente me lo reconstruyeron y en donde además perdí la movilidad de 180°”, comenta Diego Torres, quien tuvo que abandonar el proceso por la presión de la universidad y su trabajo.

En su experiencia, Rolando Jiménez manifiesta que “la gente espera una disculpa y una reparación. Eso se busca rápidamente, no a mediano o largo plazo como suele pasar con las causas civiles que suelen demorar entre tres y ocho meses, donde además no hay ninguna certeza de que, al final del proceso, se gane el juicio”.

El abogado de la Unidad de Estudios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y profesor de la Clínica de Acciones de Interés Público del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, Sebastián del Pino, quien además posee una amplia trayectoria en temas LGBT+, sostiene que otra falla de la ley radica en la discordancia que hay entre el título de esta y lo que mandata finalmente.

“La Ley 20.609 establece medidas contra la discriminación, pero si uno lee, lo único que hace es introducir una acción y crear un agravante, pero no crea medidas. El proyecto original, establecía una obligación para que los órganos del Estado crearan y adoptaran medidas para prevenir la discriminación”, dice Del Pino.

El experto ejemplifica: “si la ley hubiese quedado con la redacción original –en ese aspecto–, un órgano como el Ministerio de Educación hubiese tenido que adoptar medidas concretas para ver cómo las materias propias de la igualdad y la no discriminación podían quedar incluidas en el currículum escolar, pero eso no pasó, entonces finalmente la ley quedó reducida a estas dos materias que son estrictamente judiciales”.

Otro de los desincentivos para que potenciales víctimas hagan uso de la ley, también aparece en el artículo 12, donde se establece una multa al denunciante en caso de que este no pueda demostrar la discriminación. Si “la denuncia carece de todo fundamento”, el tribunal puede decidir aplicar una sanción al demandante, por un monto que varía entre las 2 y las 20 UTM, es decir, entre $98.000 y $984.000, los que también son a beneficio fiscal.

“No conozco ninguna otra ley que establezca  -especialmente en el área de vulneración de derechos fundamentales- algo similar, lo que a propósito es facultativo y queda al completo arbitrio del juez determinarlo”, comenta Constanza Valdés, licenciada en derecho y experta derechos LGBT+ y mujeres.

Pese a que nunca se han aplicado este tipo de multas, Rolando Jiménez desde el Movilh comenta que esto provoca un freno ante el temor de que pueda ocurrir.

“Es una ley débil, pero es la primera”, expone Ymay Ortiz Pulgar, directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional, quien indica que se está transitando un camino para entender que la «violencia de género» no es igual a «violencia hacia la mujer».

Lo anterior está directamente relacionado con la dificultad probatoria de este tipo de casos. “Es difícil acreditar la agravante de motivación que tiene una persona para cometer un delito y probar si alguien te lesionó, te pegó o te mató por tu condición sexual y no por una rencilla por dinero”, recalca Ortiz.

La experta además realiza una autocrítica, ya que a nivel país también existe desconocimiento por parte de las policías encargadas de las investigaciones. “Los fiscales no tienen totalmente la formación para enfrentar este tipo de delitos, no la tienen ni siquiera sobre la violencia hacia las mujeres todavía, pero se está trabajando”, sentencia.

A mediados de junio de este año, Víctor Araya, de 35 años, fue a buscar a su novio al lugar donde ambos realizan un voluntariado para personas con problemas de consumo de drogas y alcohol, en la comuna de Quinta Normal. Su pareja había recibido insultos homofóbicos por parte de un funcionario del lugar y, al llegar, fue Víctor quien empezó a ser atacado debido a su orientación sexual.

El agresor le dio un cabezazo en la cara que lo dejó sangrando instantáneamente. “Cuando intenté pararme, el tipo me seguía diciendo cosas como «esto le pasa a los maricones» y «así hay que ser con los maricones»”, recuerda la víctima.

“Llamamos a Carabineros, pero nunca llegaron, al final encontramos una patrulla en la calle, que no paró al lado mío, sino al lado del agresor. Cuando le estiré la mano para darle las gracias, me dijo «no, como te voy a dar la mano, podí tener algo»”.

Víctor sintió como si lo vincularan con el VIH.

En este caso, y según lo relatado, no se llevaron detenido al agresor. “Fui a constatar lesiones por mi parte y después fui a la Comisaría a pedir el parte que el carabinero había hecho, pero este no tenía nada que ver con lo que yo había relatado. No puso que fue un ataque homofóbico, escribió que me habían pegado un combo y que fue una riña”, comentó Araya, a lo que agregó que “uno se da cuenta que los carabineros no están preparados, uno los llama pensando que te van a ayudar, pero no sucede”.

Si bien su caso comenzó hace muy poco, él tiene la certeza de querer llegar hasta el último paso que pueda dar para que esto no vuelva a suceder.

Carabineros y la discriminación institucional

Desde 2012 en adelante se integró a la malla curricular de Carabineros de Chile el tema de “grupos vulnerables”, entendiéndose por estos a las personas que no pueden ejercer su derecho de la misma manera que el resto y donde se incluye a las personas de tercera edad, en situación de calle, niños, adolescentes, pueblos indígenas, migrantes y población LGTBI+, entre otros.

En el caso de la diversidad sexual “la principal preocupación policial es darle un trato respetuoso, impedir las burlas y tratar a las personas transexuales según el sexo con que se identifiquen”, comenta Sergio Balbontín, asesor del Departamento Derechos Humanos de Carabineros de Chile.

Dentro de la institución existen diferentes instancias donde se aborda la temática LGTBI+, como la Escuela de Carabineros y los grupos de formación, entre otros, pero hay funcionarios que “no alcanzaron a ver derechos humanos porque no están incorporados sistemáticamente y están circulando”, agrega Balbontín.

El asesor, que es uno de los instructores en este tema en Carabineros, también comenta que dentro de la cultura organizacional existe un cierto rechazo hacia las personas transgénero, por la creencia de que traen “mala suerte”, ya que su presencia indicaría que llegan más personas a hacer denuncias y hay más detenidos.

“Es fuerte, porque cuando lo dices en clases se ríen, y no porque encontraron buena la talla, sino porque se dieron cuenta que es verdad, entonces van a la guardia y detrás de la puerta ponen la escoba al revés, como el ritual para que las visitas se vayan luego (…) también hay un poco del tema de no acogerle la denuncia, de sacarlo rápido porque es un cacho y eso hay que combatirlo con este tipo de formación”.

Por otro lado, Balbontín recuerda que en el pasado han trabajado con diferentes organizaciones de la diversidad sexual, como Iguales, Traves Chile y el Movilh. Con este último, de hecho, se hizo un taller hace algunos años en las unidades institucionales con más reclamos por temas de discriminación en Santiago y Valparaíso.

En la actualidad, Carabineros trabaja de manera conjunta con el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, para realizar charlas a mayor escala y poder cubrir a nivel nacional la mayor cantidad de personal operativo en temas de equidad de género y la Ley Zamudio.

Leyes antidiscriminación a nivel mundial

La legislación chilena, en todo caso, es similar a otras en el mundo. “En la mayoría de los países, con las reformas procesales penales, prima la presunción de inocencia”, dice Ymay Ortiz, quien se desempeñó durante años como fiscal.

Sin embargo, para este tipo de casos, en algunos lugares se aplica un elemento conocido como “carga dinámica” o “inversión de la carga en la prueba”, donde es un juez el que decide quién debe comprobar los hechos; si la víctima o el victimario.

“Sería una herramienta muy útil permitir que la persona demandante no tenga que acreditar bajo la lógica civilista, el daño o los perjuicios que sucedieron. Bastaría con que mostrara de alguna forma los indicios de que efectivamente hubo una situación de discriminación arbitraria o, simplemente, que el peso de la prueba recaiga exclusivamente sobre la persona demandada”, comentó Constanza Valdés, asesora parlamentaria, activista feminista y trans.

Fuente: A comparative analysis of non-discrimination law in Europe (2017), Derechos Humanos y Código Penal España, Prohibition of discrimination NL, La Carga dinámica en la prueba – Juan Carlos Díaz-Restrajo, entre otros.

Este tipo de avances fue analizado en la Cámara de Diputados cuando la ley se discutía en el Congreso durante 2012, pero la idea se desechó. Aún así, diferentes organizaciones han incidido en que esto se contemple en una futura revisión de la ley.

“Hacer esto siempre es complejo, ya sea en el ámbito penal o civil, pero se aplica en casos de discriminación que tienen que ver con factores culturales profundos”, comenta Rolando Jiménez. Este tipo de situaciones se presencia en países como Estados Unidos, México, y la Unión Europea. Holanda es uno de los países que tiene este tipo de legislación de manera más antigua.

Felipe Olguín y la decisión del tribunal

¡Rosa, anda a ver a Felipe porque le pegaron una puñalá!” – gritó desde la calle una de las vecinas que fue a avisarle a la madre del joven lo que había ocurrido. “Fui al tiro donde estaba él, estaba vivo cuando llegué. Le pregunté quién fue, qué pasó, pero no me pudo decir nada”, recuerda emocionada Rosa Gómez, sobre lo que le pasó a su hijo.

El ataque contra Felipe Olguín fue uno de los tres asesinatos contra personas de la diversidad sexual que ocurrieron en 2018. Él falleció en el Centro de Salud Karol Wojtyla de Puente Alto tras 20 minutos de reanimación, producto de dos puñaladas que recibió en el pecho. En su caso, a pesar de tener las pruebas sobre la homofobia en el crimen, no se aplicó la Ley Zamudio.

Gigantografía que decora la habitación de Felipe Olguín en la casa de sus padres. – Foto: Elaboración propia.

El agravante que aparece en el artículo 12 del Código Penal eleva la pena en un grado, es decir, en caso de un asesinato motivado por orientación sexual u otro de los ámbitos que regula la ley, la condena podría pasar de entre 10 a 15 años, a los 15 a 20 años.

”La aplicación del agravante se volvió inútil; lo hemos podido aplicar solo en un caso y fue en una negociación con la Fiscalía y la Defensoría”, comentó Rolando Jiménez, respecto a otra sentencia aplicada por el tribunal.

El 21 de mayo pasado fue el veredicto de la sentencia contra el menor de 16 años, de iniciales S.A.J.I., acusado del asesinato de Felipe Olguín. Por dos votos contra uno, el tribunal decidió que la condena permanecería en tres años y un día, y que no se aplicaría la Ley Antidiscriminación.

En palabras de su madre, “que no se haya aplicado el agravante fue pésimo, porque no fue un homicidio simple. Él no lo pilló en el momento, el planeó como lo iba a hacer y así lo hizo. Si hubiese sido cuando discutieron en la plaza, ahí fue el momento, la discusión, pero él lo planeó una semana y portaba el arma, esperando encontrarse con Felipe y hacer lo que le dijo en los audios”.

Según la información del 17° Informe Anual de Derechos Humanos del Movilh, además de los tres asesinatos por crímenes de odio, durante 2018 se registraron 58 agresiones físicas por parte de civiles desconocidos para las víctimas, 16 abusos policiales, 28 casos de discriminación laboral,  37 de exclusión educacional, 102 movilizaciones o campañas transfóbicas, 271 situaciones de marginación institucional, 17 denegaciones de derechos en espacios públicos y/o privados, 72 de violencia comunitaria, 92 declaraciones de odio y dos abusos en terreno de la cultura, medios o espectáculo.

Respecto a estos, se encontraron responsables a 404 personas y 58 instituciones, aunque existe desconocimiento sobre los casos que las personas no denuncian ni a la justicia ni a fundaciones dedicadas al área.

Primera marcha del Orgullo en Valparaíso, que congregó a más de 6.000 personas. En esta región se han concentrado las denuncias por discriminación en el último año. – Foto: Elaboración propia.

Una mejora necesaria, las proyecciones a futuro

Durante los últimos meses, diversas organizaciones y el Gobierno han puesto énfasis en que la ley necesita una modificación. Esta fue parte de la promesa de campaña presidencial de Sebastián Piñera en su segundo periodo y fue planteada por Cecilia Pérez, ministra de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), en enero de este año.

Esto se vio acrecentado debido a los diversos ataques ocurridos este primer semestre en contra de Carolina Torres, una joven golpeada por ser lesbiana; Luis Lillo, un joven homosexual atacado en un bus del ex Transantiago; Catalina y Karina, una pareja golpeada en el Barrio Bellavista de Santiago, Matías Mella, un joven transexual atacado en Pedro Aguirre Cerda; y más recientemente, el caso de un joven de 18 años que fue apuñalado por su padre debido a su orientación sexual.

En este ámbito, el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación, dependiente de la Segegob, prepara una consulta, a través de la cual pretende instruirse en estas materias para luego modificar la Ley Zamudio. Esto incluiría mesas de trabajo con diversas fundaciones y a la Subsecretaría de Derechos Humanos, entre otros.

“Vamos a llevar el trabajo de modificación de la ley, replicando la consulta hecha en 2013 para saber cómo está la discriminación en Chile”, sentenció Valeria Ponti, directora del observatorio.

Este proyecto fue parte del compromiso que realizó la ministra Pérez para marzo de este año. Ponti, a su vez, anunció que este se iniciaría en el mes de mayo, lo cual tampoco sucedió, quedando relegado para finales del semestre o inicios del próximo.

Por otro lado, una de las acciones que tomó la Fiscalía Nacional, fue el lanzamiento de un Observatorio conformado por Organizaciones No Gubernamentales y las fundaciones LGBT+ y de género, en mayo pasado, el que tiene por fin colaborar si se detectan casos de violencia o de connotación de diversidad sexual, identidad y expresión de género, haciendo que se asesore de mejor manera al fiscal que lleve a cabo la investigación.

Para Jacqueline Vera, mamá de Daniel Zamudio, la ley que lleva el apellido de su hijo “debería ser más severa en casos de bullying y discriminación en forma verbal, porque eso incita a que golpeen a un chico o lo maten, ya que no se miden consecuencias. Además, las condenas deben más enérgicas”.

Otro de los ámbitos que más ha suscitado interés por parte de diversas fundaciones es la existencia de una institucionalidad que se haga cargo y vele por el cumplimiento de la ley.

Isabel Amor, directora del área de educación de Fundación Iguales, comenta que como equipo han hecho diferentes propuestas y consideran relevante que sea una institución presente en todo el país, la que “permita que la ley se aplique previniendo los ataques y no solamente llegando a posteriori, una vez que los hechos ya están consumados”. Al respecto, situó al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) como una de las posibilidades.

Jacqueline Vera, mamá de Daniel Zamudio en el living de su casa, donde conserva algunos de los recuerdos de su hijo. – Foto: Elaboración propia.

Sebastián del Pino, abogado perteneciente al INDH, explicó que “cuando uno habla de institucionalidad en este caso, hay dos opciones: o fortaleces organismos que ya existan o creas uno nuevo. En esa coyuntura siempre hay que pensar en temas de recursos, porque siempre son limitados. Desde ese punto de vista, más que crear un organismo nuevo, que va a tener en un principio un mandato muy específico y un presupuesto muy ajustado, sería más apropiado o deseable fortalecer al instituto”.

A principios de julio, el senador del Partido por la Democracia (PPD), Jaime Quintana y la diputada de Revolución Democrática (RD), Natalia Castillo, lanzaron la “Bancada por la Diversidad”, instancia que reúne a parlamentarios de diferentes sectores políticos y que busca promover los proyectos que garanticen los derechos de la comunidad LGBT+, tales como cambios a la Ley Antidiscriminación, matrimonio igualitario y adopción.

Al respecto, la diputada de RD comentó en una conferencia de prensa que “mientras el Estado no se comprometa a avanzar decididamente en derechos para la población LGBT+, los crímenes seguirán ocurriendo”, visión que también compartió el senador Quintana al mencionar que “no se trata solo de leyes, sino de aislar los discursos de odio”, e hizo un llamado al Gobierno para promover la tolerancia y la diversidad.

Pero mientras los políticos y organizaciones siguen poniéndose de acuerdo en cómo mejorar la actual normativa, los crímenes de odio hacia la diversidad sexual siguen ocurriendo; muchos de ellos no pueden ser corroborados por lo que las víctimas ni siquiera denuncian ni acuden a la justicia por miedo o desesperanza respecto de la ley.

Para Diego Torres, el ataque le dejó una marca, cuestionó su forma de ser y actuar, porque “en el fondo eso es un determinante a la hora de un ataque de odio”.  Aún así, no se dejó vencer por el miedo. “Llegué a la conclusión que no quería seguir limitándome por lo que me había pasado, sino que iba a continuar vistiéndome como me diera la gana”. Sin embargo, Diego trata de exponerse lo menos posible y, ya más recuperado, ahora busca seguir adelante con su vida. Ojalá dice, libre de discriminación.

*Felipe Alcaíno es periodista de la Universidad del Desarrollo y esta investigación formó parte de su proyecto de título.

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