Control preventivo a adolescentes: aplausos para hoy, ¿y mañana?

El proyecto en discusión en la Cámara de Diputados que faculta a la policía para aplicar el control preventivo de identidad a adolescentes, junto a otras medidas intrusivas, está lejos de hacer lo que dice hacer: llevar “más seguridad a las personas” y permitir a las policías “intervenir a los jóvenes que estén prontos a cometer un delito”, como indicó la Subsecretaria de Prevención del Delito. Para controlar la identidad cuando existen indicios de que se cometió o se va a cometer un delito, la facultad ya existe, y la evidencia empírica demuestra, como lo hacen estudios de Fundación Paz Ciudadana y de la Facultad de Derecho de la UDP, que este control investigativo es más eficaz que medidas universales e indiscriminadas como la impulsada por el Gobierno en este proyecto.

Ante la ausencia de estudios que acrediten la efectividad de la medida, quienes la impulsan buscan justificarla en razón de datos llamativos, pero falaces. Según las cifras del Ministerio Público, la criminalidad adolescente ha disminuido en un 30% en los últimos 10 años y en solo el 2,5% de los delitos ingresados en 2018 hubo menores de 18 años involucrados.

La criminalidad adolescente está sumamente focalizada. Sabemos quiénes cometen delito y dónde están. Sabemos también cuáles son los factores de riesgo que los llevan a delinquir, como el rezago o la exclusión escolar, o el consumo problemático de drogas. Así, el Estado ya puede intervenir donde se reproduce el involucramiento de adolescentes en delitos. Sin embargo, nada de ello dice relación con el control preventivo, medida universal respecto de la cual el legislador no entrega ningún estándar para su aplicación, más que la sola discrecionalidad del funcionario policial.

La ausencia de evidencia que acredite los supuestos que sostienen este proyecto es especialmente grave tratándose de una medida que restringe derechos –como es el estar en la calle sin dar explicaciones por ello- y que criminaliza la adolescencia, exponiendo a los jóvenes a un contacto absolutamente innecesario con la policía. Además, el proyecto incluye medidas altamente intrusivas, como la revisión de efectos personales sin indicios de que se cometerá ni que se cometió un delito, a completo arbitrio y discreción de la policía, dejando a las personas en la más completa indefensión.

Es de esperar que en el Congreso Nacional prime la consideración de la evidencia, los derechos de niños/as y adolescentes, y también el derecho de todas las personas a la libertad individual, que no puede conculcarse a pretexto de una falaz promesa de seguridad.

Firman:
Consuelo Contreras, Fundadora de Corporación Opción
Mauricio Duce, Profesor UDP y Presidente Ejecutivo de Espacio Público
Miguel Schurmann, presidente de Libertades Públicas
Daniel Urrutia, juez integrante del Comité Panamericano de Jueces y Juezas
Antonia Rivas, directora Libertades Públicas
Trinidad Luengo, directora Libertades Públicas
Nicolás Espejo, abogado, profesor Universidad de Oxford
Gloria Leal, directora ejecutiva del Instituto de la Mujer
Soledad Burgos, directora ejecutiva de Fundación Plan B
María Jaraquemada, abogada
Dinka Benítez, abogada de DDHH
Kena Lorenzini, psicóloga y fotógrafa
Catalina Lagos Tschorne, abogada de DDHH
Juan Pablo Venegas, trabajador social
Claudio Fierro Morales, abogado
José Antonio Henríquez, abogado
Francisco Estrada, abogado
Nicolás Godoy, abogado
Corporación Humanas
Casa Memoria José Domingo Cañas
Asociación Pensamiento Penal