La democracia en peligro y un presidente irresponsable

Desde el primer día de este segundo gobierno el presidente Piñera mostró una marcada intención por reemplazar la política y la democracia por la persecución policial y la militarización de Chile. Su agenda de gobierno que agudiza los patrones excluyentes del neoliberalismo imperante en ámbitos como pensiones, en educación, en un sistema tributario que busca favorecer a los súper ricos, entre otros, no son posibles sin restricciones progresivas de los derechos.

En la memoria reciente está el despliegue del Comando Jungla en la Araucanía, la sistemática represión a las comunidades indígenas y el consecuente asesinato del joven Camilo Catrillanca. A la vista están los proyectos de ley para penalizar a los niños y niñas en las escuelas públicas mediante Aula Segura y el control preventivo en los menores de 18 años. Todos ejemplos ilustrativos de una vocación de gobierno autoritaria.

Así, la declaraciones de Ley de Seguridad Interior del Estado, de Estado de Emergencia y el Toque de Queda, inéditos tras la dictadura, no ha sido una respuesta circunstancial a un estallido social, sino la formulación política de un gobierno que ha trabajado sistemáticamente para conculcar libertades civiles y políticas, y para la generación de miedo y ansiedad en la población.

Es evidente que carabineros fueron replegados para que la ciudad ardiera, siendo este Estado de Emergencia una fabricación, diseñado y ejecutado con la finalidad de desvirtuar la legitima protesta social y la desobediencia civil que nace cuando la desigualdad y la injusticia social se instala en la conciencia del pueblo.

El presidente Piñera y su gobierno actúa con desdén e indiferencia frente al malestar social, pero también con irresponsabilidad; las invitaciones a levantarse más temprano por el alza de las tarifa del transporte o cuando el presidente escindido de la realidad se encuentra cenando y celebrando en un exclusivo restaurant en plena crisis, refleja ausencia de empatía, una marcada incapacidad de leer las demandas de justicia social y de solo utilizar el repertorio y el recetario de los poderosos de siempre, aquellos que, se debe recalcar, no utilizan el transporte público.

Así como se debe condenar las manifestaciones de violencia que se apartan de la legítima protesta social, se debe actuar con claridad y sin ingenuidad frente a los llamados a acuerdos nacionales, al entendimiento y en definitiva a un nuevo contrato social. Un diálogo nacional recíproco, orientado genuinamente al interés del pueblo de Chile no puede estructurarse sobre los mismos parámetros neoliberales que hasta ahora han convertido los derechos sociales en meras mercancías transables, supeditadas a los ingresos individuales; tampoco debe estructurarse sobre una racionalidad tecnocrática que no empatiza con la pretensión de igualdad social.

Las chilenas y chilenos se cansaron de que se lucre con sus derechos, en el transporte, en las pensiones y la seguridad social, en la salud, con el agua y su calidad de vida, no toleran la corrupción, la falta de probidad y el saqueo del Estado, perciben que la desigualdad se cronifica y la injusticia social se apodera de la convivencia social y demandan respuestas de fondo que se traduzcan en un verdadero cambio social.

La democracia está en peligro, acechada y asfixiada por las políticas neoliberales y expresiones de fascismos contemporáneo, y esto no puede ser indiferente y debe movilizar con sentido de transformación a quienes se identifican con la izquierda y el progresismo.

El pueblo de Chile mostró con claridad su hastió y agobio frente al actual estado de cosas, no solo frustración y malestar coyuntural, y las respuestas posibles serán determinantes para definir el rumbo del país. Pretender acotar el conflicto a una situación puntual como es el alza del transporte público o criminalizar las exigencia sociales, como busca el gobierno, es un error costoso. De igual manera, restringir el alcance de las soluciones a más o menos subsidios sólo profundiza el malestar.

Esta protesta social muestra la insuficiencia de un modelo excluyente, que fracasa en generar cohesión e inclusión social, que debe ser completamente transformado en sus bases estructurales, orientándose al bienestar compartido, a crear sentido de pertenencia y comunidad y a una distribución igualitaria de las riquezas y el progreso.

El desafío de construir un nuevo modelo de desarrollo, basado en la justicia social y la dignidad, debe ir de la mano de una nueva Constitución, que permita Refundar la Democracia, que ponga al centro la incidencia y deliberación de las comunidades, que otorgue protagonismo a las organizaciones sociales y que en definitiva recupere para el pueblo de Chile la democracia.

El saldo más doloroso, hasta ahora conocido de la movilización del sábado 19 de octubre, es la muerte de personas, disparos, desproporcionada violencia policial y de las fuerzas armadas y una represión social que recuerda a la dictadura. Si no se pone Fin inmediato al Estado de Emergencia, sino se retiran a los militares de las calles, sino se deja de instrumentalizar por parte del gobierno y la derecha a las Fuerzas Armadas más personas corren peligro en vida. Las soluciones no pueden ser violencia y represión institucionalizada.

Este país requiere con sentido de prioridad abordar las principales urgencias que las chilenas y chilenos reclaman: trabajo digno y salarios justos, pensiones dignas, salud de calidad, seguridad en los territorios, un medio ambiente que asegure calidad de vida y mucha solidaridad en las políticas sociales, para transitar por una vía de justicia social. Los actores y las organizaciones sociales deben ser escuchadas y deben incidir, la plataforma social que representan es la plataforma que demanda el Pueblo de Chile.

Un nuevo proyecto para Chile debe emerger, que recobre el sentido colectivo de la política, que se funde en una ética y moral política que interprete a las personas y a las comunidades, que destierre la herencia individualista y neoliberal de la dictadura y que en lo central convoque voluntades para que la anomia no se imponga.

Finalmente, a menos de dos años de iniciado el gobierno del presidente Piñera, es evidente que su programa de gobierno y su visión de país fracasó y es difícil pensar cómo pueda seguir gobernando cuando su imagen y autoridad, y la de su gobierno, no es reconocida por la mayoría social. Escuchar al pueblo siempre será mejor.