Opinión

Las consecuencias de una ciudadanía antipopular

Por: Benjamín Sáez / Publicado: 30.10.2019
ciudadania / Foto: Agencia Uno
Con la llegada del actual gobierno, no sólo no se reconsideraron las demandas de cambio estructural planteadas a inicios de la década, sino que se llevó adelante una profundización de la acumulación por desposesión, mediante reformas de gran envergadura tocando el sistema tributario, el régimen laboral, el sistema bancario, la acción de las policías, las pensiones, el medio ambiente, las tarifas de servicios clave, el destino de inversión de los fondos de pensiones y los riesgos a lo que pueden exponerse los fondos de la seguridad social.

Por décadas, el carácter antipopular del Estado ha mantenido su vigencia. Esto no significa que se manifieste un rechazo abierto a la participación de las personas. Muy por el contrario, parte importante del carácter antipopular de la dominación se impone a través de una imagen de la ciudadanía, las formas y espacios legítimos de participación. Junto con los ajustes que se han realizado en los mecanismos de acumulación (contención salarial y formas de acumulación por desposesión como el endeudamiento de los hogares, la privatización de derechos sociales, la forma de inversión de los fondos de AFPs, etc.), en estas décadas de democracia se ha ido consolidando un dispositivo hegemónico distinto al de la dictadura que, no obstante, se mantiene en el marco de un Estado antipopular y es impulsado por el nuevo bloque histórico que emerge de la transición. La integración mediante el consumo, la primacía de los principios de interpretación del mundo de la economía ortodoxa (sobre todo, la centralidad del crecimiento económico encima de cualquier consideración), una nueva noción de ciudadanía y políticas públicas en el marco de un estado supuestamente avanzado de desarrollo económico, aparecen como engranajes significativos del Chile actual.

La crisis política actual tiene que ver con el desgaste de estos mecanismos, la incapacidad del bloque en el poder para redefinir la legitimidad de su dominación y la presencia de movimientos sociales, que han ido creciendo en importancia y organización. De ahí que el proceso reciente de aumento en la participación de “lo político” aparece en medio de tensiones. De acuerdo al último informe del PNUD para nuestro país, se da la paradoja de un proceso creciente de politización desde una concepción “apolítica” de la política (con una distancia importante hacia los partidos), que además enfrenta visiones contrapuestas desde la perspectiva de los sectores dominantes y la ciudadanía.

El primer gran signo del desgaste, las movilizaciones de 2011. Una de las consecuencias más relevantes de las movilizaciones de 2011 es que por primera vez desde el retorno a la democracia, vastos segmentos de la sociedad perciben que problemas significativos de su vida personal y familiar son causados por aspectos que van más allá de lo individual. Que son estructurales. Pero no sólo esto, con distintos niveles de claridad, dependiendo de la coyuntura, se ha instalado en el sentido común que estas causas estructurales se relacionan con el abuso empresarial y la permisividad de la política con los negocios. No es casual que el movimiento estudiantil de entonces cambiara las acostumbradas consignas de los ´90 por un enfrentamiento directo contra el lucro en la educación privada.

La discusión política, desde entonces, se ha visto arrastrada por este sentir colectivo respecto a la necesidad de transformaciones significativas, y los discursos de los partidos se han orientado en mayor o menor medida a satisfacer o contener esta demanda. Pero en ningún caso se ha re-establecido desde entonces algún mecanismo de participación efectiva o una reconstrucción de la matriz sociopolítica.

Toda la arquitectura discursiva que permitió la re-articulación de la vieja Concertación y el triunfo de la Nueva Mayoría se trata justamente de incorporar la retórica de las transformaciones. Conviene tener en cuenta que al interior de la coalición no existió una hegemonía ideológica del reformismo progresista, contraponiéndose además un ideario ortodoxo-neoliberal como en otros momentos se logró imponer. En la práctica, más allá del ámbito de los discursos políticos (significativos para la construcción de una identidad política), esta retórica no se tradujo en cambios en la mediación entre sectores dominantes y dominados, descansando aún sobre unas instituciones estatales y de la sociedad civil que han sido concebidas para propiciar la desactivación popular. La apertura del sistema político a ciertos sectores constituye un paso, pero no se ha tocado la profunda desconexión que existe entre el mundo popular y el sistema político.

En términos económicos se mantiene un orden profundamente desigual. Entre 2010 y 2018, los salarios medios han crecido menos de $120.000 pesos con lo cual de acuerdo a los últimos datos disponibles el 50% de las personas ocupadas gana $400.000 líquidos o menos, mientras el 0,01% más rico tiene un ingreso mensual per cápita sobre los 576 millones de pesos. 

Con la llegada del actual gobierno, no sólo no se reconsideraron las demandas de cambio estructural planteadas a inicios de la década, sino que se llevó adelante una profundización de la acumulación por desposesión, mediante reformas de gran envergadura tocando el sistema tributario, el régimen laboral, el sistema bancario, la acción de las policías, las pensiones, el medio ambiente, las tarifas de servicios clave, el destino de inversión de los fondos de pensiones y los riesgos a lo que pueden exponerse los fondos de la seguridad social.

Los hechos que han sucedido por estos días, con los militares desplegados en las calles y graves situaciones de violencia, dan cuenta de la maduración de lo que se anunció como proceso incipiente de “crisis de autoridad”. Situación en que la clase dominante pierde la capacidad de generar consentimiento y en consecuencia su dominación pasa a depender casi totalmente de la coacción física, generando en el largo plazo una profunda desafección. Esta tendencia se refuerza en el plano internacional por la derrota del liberalismo centrista a mano de sectores conservadores, el estancamiento mundial de los salarios y las perspectivas económicas y el recrudecimiento de la explotación de los hogares.

Es relevante despejar la idea de que después del 2011, “todo estuvo en discusión”, como plantea el informe del PNUD “Los tiempos de la politización”. Precisamente porque no todo estuvo en discusión, el uso de la fuerza represiva y sus bases ideológicas es un problema cada vez más agudo de la realidad nacional. El pueblo se ha politizado y lo ha hecho a espaldas de un sistema de partidos que no le ha entregado garantías, que permite e incluso ha sido parte del abuso. El fortalecimiento de las organizaciones populares –organizaciones de mujeres, barriales, de vivienda, sindicatos, federaciones, centrales y organizaciones de hecho como la Coordinadora NO+AFP- constituye un engranaje fundamental del orden democrático y resulta una luz de esperanza para construir un nuevo orden más justo.

*Columna basada en el artículo “Lumazo, pan y circo: apuntes sobre una ciudadanía antipopular” en Revista Rufián.

Benjamín Sáez
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