Notas sobre política y Constitución

Pareciera ser que todas las demandas ciudadanas de estos días y la inusitada fuerza y el carácter multitudinario y transversal de su expresión social, convergen a mostrar el fracaso de un modelo neo-liberal integral, impuesto en dictadura, en base al concurso de economistas que visitaron Chile a mediados de los 70 y los 80, en carácter de asesores y consejeros como M. Friedman, F. Hayek y J. Buchanan.

Este modelo fue elaborado en sus detalles por los ministros de la dictadura militar, discípulos de estos economistas, y especialmente por lo que en la época se llamó las “ 7 Modernizaciones” impulsadas por el Ministro José Piñera. Estas modernizaciones incluyeron la privatización, mercantilización y desregulación de las relaciones laborales (Plan Laboral), de la previsión (AFP), de la salud (Isapres), de la educación (universidades privadas, clausura de la participación estudiantil, educación subvencionada,), el transporte, la energía, el agua y los correos. Todas estas transformaciones, especialmente las AFP, buscan enriquecer ilimitadamente y otorgar el control de la economía y la sociedad a los grandes consorcios económicos, y desarticular a las organizaciones sociales y las diferentes asociaciones de trabajadores. Se necesita una dictadura para instaurar y mantener este tipo de orden incompatible con la democracia, sobre todo con una democracia social como la que vivía Chile durante la Unidad Popular.

Los gobiernos de la Concertación modifican parcialmente este modelo inspirándose en la llamada “Tercera Vía” de Tony Blair que promueve los principios de la “Nueva Gestión Pública” y la “Nueva economía institucional” de  Douglas North. Las políticas de la Concertación, rompen con el antiestatismo y la subsidiariedad ingenua de los 70 y los 80, sin romper con la economía de mercado. Para estas orientaciones políticas, las “instituciones importan”, pero lo que buscan reconstruir no es un estado como el que teníamos en democracia, sino un estado empresarial, consciente de lo que la escuela de Public Choice ha llamado los “fallos” del Estado y la democracia mayoritaria. Se busca entonces hacer funcionar a este Estado en base a mecanismos de mercado, al tenor de las llamadas “teorías económicas de la política y la democracia” y por visiones empresariales como la “calidad total” y el “capital humano”.

Las movilizaciones actuales apuntan, en todas sus reivindicaciones, al fin de este modelo privatizador, desigual y segregado, protegido por la Constitución de 1980 – cuyo eje articulador es la defensa de la propiedad privada ilimitada – y todas sus modificaciones posteriores que no tocan este núcleo.

Si uno quisiera sintetizar en dos palabras el núcleo neo-liberal de la Constitución que tenemos, ello podría resumirse en una Constitución que pone como fundamento al mercado y la economía de mercado, las que no pueden ser modificados por las decisiones democráticas de la mayoría de los chilenos. En términos del neoliberal Hayek esto significa que la “libertad”, es decir la propiedad y el derecho privado tienen supremacía constitucional frente a la “legislación”, es decir frente a la democracia y la expresión de la voluntad popular. Desde la perspectiva de Buchanan, se trata de constitucionalizar la economía de mercado, para hacerla inmodificable con altos quórums y de impedir las facultades económicas del Estado. De aquí la idea de una autonomía del Banco Central en la política monetaria y fiscal y las facultades de una institución como el Tribunal Constitucional que funciona con una lógica no-democrática que permite invalidar las decisiones democrático-mayoritarias.  Una política fiscal keynesiana estaría, en Chile, al borde de ser inconstitucional, es decir que el neoliberalismo fiscal es la única alternativa.

Se trata, pues, de un sistema normativo que busca negar las decisiones de la voluntad soberana y todo indicio de justicia social, como lo afirma Hayek.

Lo que se nos plantea hoy como tarea es entonces, como diría Hegel, “negar la negación”, para hacer posible más libertad y más autodeterminación.

Las movilizaciones, los cabildos, los debates académicos están generando en nuestro país lo que Bruce Ackerman llamaría un “Momento constitucional”.

Es una enorme oportunidad de cambio y me parece que una nueva Constitución debiera buscar la construcción de un orden plenamente democrático, en donde la política “triunfe” sobre la economía y que pueda articular representación, participación y formas de democracia directa. Un orden sólo representativo genera elitismo de las cúpulas políticas y está en contra del ideal republicano del “gobierno popular”. Un orden sólo participativo de democracia directa puede generar formas de intolerancia y falta de pluralismo que hoy nos hacen mucha falta también.

Un orden social, en fin, que democratice también las instituciones fundamentales de la sociedad, como el trabajo y la educación y especialmente las instituciones de educación superior.

Tenemos la gran esperanza de que este gran movimiento social, que se inició con formas de desobediencia civil estudiantil, pueda, de una manera no-violenta, ser la base de las transformaciones que necesita la sociedad chilena. Las universidades tenemos la obligación de contribuir a este cambio.

Las formas pueden variar, una Asamblea Constituyente o un Congreso Constituyente elegidos, pueden construir una propuesta que luego tendremos que votar. Lo esencial en este momento es discutir los principios fundamentales de esas propuestas y cómo las vamos a llevar a la práctica, en un marco incondicionalmente democrático.