El despertar de Chile: hacia la Asamblea Constituyente

Nuestra sociedad está viviendo los momentos de mayor convulsión de las últimas cuatro décadas. Lo que comenzó como un acto de rebeldía del estudiantado secundario frente al alza de pasajes del metro, explotó a causa del descontento generalizado que ha guardado nuestra sociedad a lo largo de años. Esto es resultado de vivir bajo la desigualdad estructural que produjo el modelo neoliberal impuesto por la dictadura cívico-militar, que fue maquillada por la antigua Concertación en manos de Ricardo Lagos.

Hoy el Gobierno y el Congreso carecen de la legitimidad para resolver y dar una salida al estallido social que ha remecido a nuestro país. Las respuestas no están ahí, sino que en el descontento que se expresa en las calles, plazas, villas, poblaciones y carreteras de prácticamente cada territorio de Chile.

Dado que el contenido principal y general de estas manifestaciones corresponde a la desigualdad estructural de nuestra sociedad es que este despertar implica una reflexión de fondo: un cuestionamiento definitivo, sincero y de cara al país, en función de identificar los factores y medidas que pueden contribuir a la salida de este momento crítico, tanto en el ámbito político como en el ámbito cultural y del denominado ‘sentido común’.

Sabemos que la desigualdad en que vivimos es el resultado de los procesos de privatización de sectores estratégicos de la sociedad – la salud, educación, previsión, luz o agua- y el carácter subsidiario del Estado que se traduce en permanentes entregas de dineros fiscales a las mismas iniciativas privadas, lo que termina por conformar el perverso círculo en que los sectores privados lucran indiscriminadamente con las necesidades básicas de la población.

El acceso a la satisfacción de estas necesidades se subordina básicamente al poder ‘adquisitivo’ que poseen las familias, esto en un contexto de aberrante inequidad en lo que a salarios se refiere (recordemos que la gran mayoría de chilenas y chilenos perciben un salario bajo los 400 mil pesos mensuales) lo que deriva en una gran masa de gente que depende de los servicios públicos debilitados porque el Estado privilegia la entrega de subsidios a los sectores privados.

En términos sencillos, la privatización y concesión de servicios, y el subsidio que se hace de ellos, ha deteriorado por décadas al propio servicio público. Ahora bien, esto es parte del dibujo, pues así, la derecha ‘muestra’ la ineficacia del sector público y promueve la idea (y sentido común) de que las iniciativas privadas son la constante solución a las necesidades de la población.

En consecuencia, es sobre este modelo que la movilización actual se ha pronunciado con claridad: combatir la desigualdad es contravenir esta lógica perversa de privatización y lucro sobre la base de servicios básicos. Estos deben poseer el estatus de ‘derecho social’ y –por ende- no ser susceptibles de ser puestos bajo la tómbola del mercado y ‘sus propias reglas’ que son también las reglas del gran empresariado.

De aquí en más, podemos esclarecer algunos elementos y medidas que habrán de articular vías de solución al actual momento crítico que conmueve a nuestra sociedad: la necesidad de resolver el valor del sueldo mínimo; de congelar los precios de servicios básicos como el agua y la luz, y la reducción en los costos del transporte público que implica altos porcentajes del salario de las familias más precarizadas.

Sin embargo, estos elementos no son una ‘solución’ al problema de fondo, sino que sólo expresan la contención básica de la crisis: el despertar de Chile trae consigo la voluntad de inaugurar un nuevo modelo social (algunos le han llamado nuevo pacto social), cuyo objeto es asegurar que las condiciones de desigualdad desaparezcan de la estructura social.

Siendo esto lo que se encuentra en el fondo de todo este proceso de convulsión, es que debemos orientarnos a establecer las bases de aquel nuevo modelo en que la dignidad de todos los habitantes del país comience a concretarse con el reconocimiento de sus derechos sociales; que sean asegurados y protegidos por la institucionalidad, impidiendo que intereses particulares puedan hacer de ellos su negocio familiar.

Esto plantea un fundamental objetivo, a saber, la generación de una nueva constitución política, en la que se conciba un nuevo Chile que proteja a sus habitantes de la arbitrariedad del mercado, evitando que éste se entrometa en los ámbitos vitales para que todas y todos podamos tener una vida en contexto de justicia social.

La generación de una nueva Carta Fundamental requiere de la participación social organizada y abierta, motivo por el cual el camino de la Asamblea Constituyente se hace ver como el más legítimo y democrático. Nada se puede resolver desde la mera institucionalidad, pues esta misma se encuentra también profundamente cuestionada por los casi 30 años de complicidad con este modelo político y económico de precarización.

Es menester considerar las opiniones, las propuestas y el protagonismo de las organizaciones sociales hoy articuladas en la Mesa de Unidad Social, pues allí se expresan sectores que desde hace mucho han intentado hacer oír su voz, siendo constantemente desatendidas por los gobiernos de turno y los miembros del parlamento.

Junto con esto, debemos ser claros y precisos en decir que este gobierno ha sido incapaz de dar respuesta a la protesta social: el inicial énfasis en las acciones de saqueo y quema de estaciones del metro (aún no aclarados) intentaron desviar el fondo de la movilización, legitimando el Estado de Emergencia, la puesta de militares en la calle y el toque de queda; su la prioridad por la estrategia represiva que, al mostrar su ineficacia, es sustituida por una retórica que busca despolitizar la coyuntura, sosteniendo que esta movilización no posee carácter político, poniendo a Piñera como líder de una gesta de unidad nacional.

Con esto solo buscan poner en segundo plano el costo de los errores del gobierno en términos de violación de derechos humanos, que ya cuenta con antecedentes de muertos, heridos, detenciones ilegales, violaciones, agresiones sexuales y torturas, incluso a menores de edad.

Por ello, la acusación constitucional en contra del ex ministro del interior Andrés Chadwick y el presidente Sebastián Piñera son actos éticos ineludibles. Hoy más que nunca, tenemos la oportunidad de articular un gran proceso de debate y deliberación que apunte a la construcción de los principios democráticos para un nuevo Chile, por lo que nuestra tarea inmediata es estar a la altura de estas demandas sociales, levantadas desde la movilización y la protesta.

La orientación de una Asamblea Constituyente nos pone el desafío de pasar incluso por un plebiscito en el que los millones de chilenos y chilenas se pronuncien en relación con la necesidad de una nueva Constitución. Este es el modo en que se levanta un país soberano, realmente democrático en términos económicos, sociales y políticos; dueño de sus recursos naturales estratégicos; respetuoso de la autonomía de los pueblos originarios y la plurinacionalidad.

Avancemos, por medio de Asambleas y Cabildos territoriales para romper el cerrojo de la Constitución de los ’80, construyendo la más amplia unidad política y social.  Caminemos hacia un Chile como el que nos merecemos y nos debemos.