Mas política, menos policía

Los defensores del status quo de ayer, de hoy y mañana suelen aplicar un libreto repetido y poco original frente a la protesta social: primero criminalizarla para luego, cuando se hace incontrolable e incontenible, despolitizarla.

La respuesta de gran parte de la élite política, de una importante porción de los medios de comunicación y especialmente del gobierno frente a la rebelión de octubre no ha sido la excepción. Primero fue la descripción de las evasiones masivas como una práctica delincuencial. Una acción propia de antisociales que, sin justificación alguna, destruían el patrimonio material de la ciudad y frente a quienes no quedaba otra acción posible que la aplicación del “mayor rigor de la ley”. Un rigor que llegó tempranamente el viernes 18, cuando el Presidente de la República decidió decretar Estado de Emergencia y desplegar, por primera vez desde marzo de 1990, efectivos militares para contener la protesta social.

Cuando las expresiones de descontento lejos de amainar se acrecentaron y las movilizaciones se hicieron incontrolables, la estrategia criminalizadora y la retórica belicista del primer mandatario se mostró impotente y desbordada. La patologización de las manifestaciones, su identificación con una pulsión subjetiva sin fondo racional y su reducción a una expresión generacional no surtieron efecto, y cada día se fueron sumando más personas, más ciudades, más formas y más amplitud social a lo que ya era un grito ampliamente trascendente al inicial estallido subterráneo iniciado en las redes del metro capitalino.

Lentamente, el gobierno fue asumiendo que la rebelión no se trataba de turbas anárquicas ni de alienígenas traídos de otro planeta. Demasiado tarde, se intentó amainar la protesta social con medidas improvisadas y con el congelamiento de un alza que solo era la punta del iceberg del estallido social. El Presidente pidió un inespecífico perdón, y anunció un cambio de gabinete acompañado de una batería de medidas y anuncios que buscaban empatizar con el ánimo callejero.

Este desplazamiento discursivo se tornaría definitivo una vez acontecida la manifestación del viernes 25. Frente a los millones de chilenos y chilenas que se manifestaron en Santiago y en todo el país, los defensores del orden decidieron sumarse y apelar a una movilización sin contenido político, que “no es de izquierdas ni derechas”, y que representaría según sus palabras el legítimo malestar de los ciudadanos y ciudadanas de Chile. Ahora ya no se trataba de criminalizar, sino que de despolitizar.

Y así ha ocurrido en adelante: una mezcla de criminalización y despolitización. Diagnósticos patologizantes y despolitizantes de un fenómeno que, más allá de sus expresiones fenoménicas, constituye la expresión de un proceso lento, progresivo y decidido de politización de la sociedad chilena que diversas voces venían advirtiendo desde hace años. Porque si hay un mínimo común denominador en los sucesos de las últimas semanas, este es precisamente el del desbordamiento de los márgenes de la política institucional por parte de una ciudadanía que reclama su derecho a intervenir en la determinación de los destinos de sus vidas.

Criminalizar a la ciudadanía que se manifiesta resulta, por consecuencia, tan infértil como suponer la presencia de una demanda ascéptica y despolitizada. Confundir el rebalse de la institucionalidad política con despolitización  y suponer que, por enésima vez, serán las élites políticas las llamadas a interpretar “la voz de la calle” sin abrirse a reconocer la naturaleza esencialmente política de su demanda, podrá resolver la contingencia pero no dar respuesta a la profunda e intensa politización de una sociedad que reclama su lugar deliberativo.

Más política y menos policía.