Opinión

Otra democracia

Por: Nicolás Grau / Publicado: 04.11.2019
demo / Foto: Agencia Uno
El gobierno actual lleva dos años empecinado en impulsar un programa de derecha muy dogmático. Sin ir más lejos, su proyecto estrella es (¿era?) reducir el impuesto a los más ricos para -según ellos- aumentar la inversión y así beneficiar a toda la ciudadanía. Hasta hace unos pocos días, a quienes criticaban esta agenda, les decían que ellos habían ganado la elección y que, por ende, su programa era lo que Chile quería. Por lo mismo, el estallido social que estamos viviendo ha sido nuevamente una sorpresa y, al igual que las dos veces anteriores, en un comienzo el gobierno trató de poner el foco en la violencia de las protestas, para luego reconocer -sin por ello terminar con la represión- que no habían sabido escuchar las dificultades materiales que tienen en el día a día muchas y muchos chilenos.

La “revolución pingüina” del 2006 fue una sorpresa. Pese al intento inicial del gobierno de poner el foco en la violencia de las protestas, la movilización hizo sentido en la ciudadanía y logró poner en primera línea la agenda educacional. Entonces, se construyó un consenso (nuevo) de que había que hacer cambios importantes para disminuir las desigualdades en educación escolar y mejorar su calidad. Las movilizaciones estudiantiles del 2011 fueron otra sorpresa. Esta vez, gatillado por los estragos que había generado el CAE, se terminó demandando gratuidad. Siguiendo un mismo patrón, luego de un primer intento del gobierno de poner el foco en la violencia de las protestas, éstas lograron un gran apoyo en la población y aquello permitió cambiar la agenda política por los próximos cinco años.

El gobierno actual lleva dos años empecinado en impulsar un programa de derecha muy dogmático. Sin ir más lejos, su proyecto estrella es (¿era?) reducir el impuesto a los más ricos para -según ellos- aumentar la inversión y así beneficiar a toda la ciudadanía. Hasta hace unos pocos días, a quienes criticaban esta agenda, les decían que ellos habían ganado la elección y que, por ende, su programa era lo que Chile quería. Por lo mismo, el estallido social que estamos viviendo ha sido nuevamente una sorpresa y, al igual que las dos veces anteriores, en un comienzo el gobierno trató de poner el foco en la violencia de las protestas, para luego reconocer -sin por ello terminar con la represión- que no habían sabido escuchar las dificultades materiales que tienen en el día a día muchas y muchos chilenos.

Estos tres episodios ocurridos en menos de quince años dan cuenta de una falla estructural de nuestra democracia. Las tres movilizaciones, que -dicho sea de paso- fueron escalando con los años en transversalidad y profundidad de sus demandas, comparten el hecho de haber puesto como primera prioridad un tema que parecía ausente del debate público, y lo han hecho siempre producto de un gran apoyo ciudadano. Una vez que aquello ha sucedido, para todas y todos ha sido evidente que el tema estaba allí y que era cosa de tiempo que explotara.

En otras palabras, la democracia chilena falla en lo esencial, ya que sistemáticamente subrepresenta los intereses populares y de sectores medios, los que sólo logran expresarse a través de movilizaciones.

¿Por qué pasa esto? Aventuro algunas hipótesis.

Primero, porque hay una distancia tremenda entre la sociedad y la política, lo que se refleja en partidos sin anclaje social. No hay pocas organizaciones sociales en Chile, pero ellas son desoídas por los partidos y las instituciones.

Segundo, porque la política no aparece como relevante para la mayoría del país que no vota y, como ellos no votan, el sistema político no busca representar sus intereses. Configurándose de este modo un complejo círculo vicioso.

Tercero, porque los grandes empresarios tienen diversos mecanismos -legales e ilegales- para sobrerrepresentar sus intereses en la sociedad. Entre los legales, tienen la posibilidad de amenazar creíblemente que invertirán menos si se implementa alguna política que los perjudique (impuestos, negociación colectiva, reducción de horas trabajadas, etcétera). Entre los ilegales, están todas las formas de corrupción asociados al financiamiento de campañas políticas.

Cuarto, porque la nuestra es una versión extrema de democracia representativa, que no considera ninguna otra forma relevante de participación de la ciudadanía.

Quinto, porque los medios de comunicación responden en su gran mayoría a los intereses de la elite económica.

Con todo, la subrepresentación de los intereses populares y sectores medios no es sólo un problema del sistema democrático. De hecho, a propósito de este estallido social, cientos de empresas se han comprometido por la prensa a mejorar los salarios a cada uno de sus trabajadoras y trabajadores. Más allá de que resulta positivo que algunas y algunos empresarios reaccionen de esta manera, el hecho ilustra prístinamente que no es cierto que la única forma de aumentar los salarios sea incrementando la productividad, ya que el salario es –dentro de amplios márgenes- una variable política y no técnica, y que, si tuviéramos una relación laboral más equilibrada entre trabajo y capital, los salarios serían más altos y habría mejores condiciones laborales (sin necesidad de un estallido).

En una frase, lo que falta en Chile es distribuir mejor el poder. Una asamblea constituyente puede ser el primer paso en esta dirección.

Nicolás Grau
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