Opinión

Chile ha cambiado: la Ciudadanía Post transicional

Por: Daniela Jara y Carolina Aguilera / Publicado: 05.11.2019
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Chile ha cambiado. Los 17 años de dictadura, y el largo proceso de memorialización de esa experiencia traumática, desde 1990 en adelante, han permitido construir un espacio moral post-transicional, basado en acuerdos comunes, que si bien a veces tambalean, pueden llegar a constituirse como un espacio de cohesión social para construir un nuevo pacto social.

Los convulsos días que vive Chile han traído a la memoria momentos históricos previos, como el periodo de agitación popular, movilización social y polarización que caracterizó al periodo del 70-73, o a las movilizaciones sociales de los años 1980s. Sin embargo, de manera alarmante también hemos sido testigos de las semblanzas con las memorias traumáticas de las torturas, desapariciones y ejecuciones por parte del Estado durante la dictadura. Un abogado constitucionalista ha inclusive denunciado, en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, que se ha instalado en nuestro país un Estado de sitio, de facto, sin que se resguarden las debidas garantías constitucionales que rigen en un Estado de Emergencia. Entre otros, se han llevado adelante detenciones ilegales, torturas y ejecuciones. El Instituto de Derechos Humanos ya cifra en 375 a los heridos, 173 de ellos por armas de fuego, y 5 muertos en manos de agentes del Estado. En este escenario, circulan en redes sociales diversas alusiones a que nos encontramos nuevamente en 1973.  Pero, si bien la comparación con el periodo dictatorial es tentadora, y nos permite analizar una serie de continuidades estructurales en las relaciones entre elite, estado y pueblo  (considerando lo esquivo de la categoría) es importante también recordar y hacer hincapié en las diferencias.

Hoy Chile ha cambiado, gran parte de la sociedad civil ha cambiado, y por eso es fundamental que los pactos que nos rigen también cambien. Los 17 años de dictadura, y el largo proceso de memorialización de esa experiencia traumática, desde 1990 en adelante, han permitido construir un espacio moral post-transicional, basado en acuerdos comunes, que si bien a veces tambalean, pueden llegar a constituirse como un espacio de cohesión social para construir un nuevo pacto social.  Creemos, así, que la lección en torno a los derechos humanos en el país puede jugar un papel central en los imaginarios políticos que requiere el pacto social que necesitamos fundar hoy.

Durante estos días, la mayoría de los sectores y actores sociales han coincidido en el diagnostico de que la principal causa de la crisis social y política actual es la inequidad multidimensional (económica, legal, simbólica, territorial, etc.) en continuidad con lo que ya se planteó tras las movilizaciones de los años 2006 y 2011. Las movilizaciones del mayo feminista en 2018 también han permitido abrir nuevos espacios de convivencia y reconocimiento basados en un nuevo pacto social, más igualitario. Asimismo, diversos sectores profesionales, sociales, gremiales, universidades públicas y actores internacionales, entre otros, han mostrado posturas inequívocas sobre su repudio al reemplazo de la política por la militarización. Es decir, condenan que en lo que entendemos por espacio de deliberación se imponga la razón autoritaria y el horror. Las redes sociales también han abierto nuevos espacios que contrarrestan el monopolio informativo de los grandes grupos económicos y de la televisión, en la conformación de la opinión pública, desafiando como nunca sus políticas editoriales. Frente a imágenes que criminalizaban, una vez más, la protesta social, poniendo el foco únicamente en los actos delincuenciales, las redes han viralizado performances callejeras que nos llevan a otras relaciones semánticas: alegría, esperanza, utopía, fuerza, futuro.  Si bien, se corre el peligro de estar inundados de noticias y nos cueste muchas veces discernir entre hechos y fake news, nos encontramos en un momento de mucha mayor democratización de la información.

Hoy el país cuenta, además, con una institucionalidad para la protección de los Derechos Humanos -aun débil y precaria, que debe fortalecerse – que fue fruto de las recomendaciones de los Informes de Verdad que con tanto esfuerzo y con tantos costos se llevaron a cabo en los 1991, 2004 y 2010: contamos con un Instituto de Derechos Humanos, del Estado, que ha estado fiscalizando en estos días, aún con sus escasos recursos y no sin dificultades. Por ahora, el INDH ha presentado al menos 10 recursos de amparo e informa diariamente sobre cifras de detenidos y fallecidos, ejerciendo una labor fundamental. Junto a esto, hemos visto desplegado el trabajo de numerosas organizaciones sociales, vecinales y de Derechos Humanos hoy existentes en el país. Se han activado clínicas jurídicas lideradas por profesores y estudiantes de universidades públicas, y clínicas de atención medica universitaria para víctimas de la violencia, que si bien precarias, son parte de los aprendizajes que se activan gracias a la memoria (como prácticas, recursos, disposiciones) de la sociedad civil, enriqueciendo nuestro tejido social. Tenemos un Museo de la Memoria y los DDHH que también es producto del largo y difícil proceso de memorialización que han llevado a cabo organizaciones de DDHH y algunos actores políticos. Desde 2010 el Museo ha hecho una importante labor educativa sobre los efectos empobrecedores y deshumanizantes que tiene la violencia de estado, y su inefectividad, en el largo plazo, para clausurar las demandas sociales. Este Museo ha logrado articular en sectores amplios de la ciudadanía la idea, aun vaga pero significativa, de un Nunca Más como ética pública, como compromiso mínimo, que resuena cada día  que se confirma el Estado de emergencia.

Chile, además, se ha hecho parte de acuerdos ratificados por instituciones internacionales, y se han llevado adelante juicios y condenadas por casos de violaciones a los DDHH en dictadura. Falta mucho aún, pero existen informes de agencias estatales y de organizaciones de la sociedad civil que año tras año denuncian lo mucho que falta, elevando así los estándares locales.

Si en 1973 hubo una amplia aceptación del supuesto plan Z, hoy este tipo de montajes tiene cada vez menos acogida. Así, teorías conspirativas actuales, como aquellas que asocian las movilizaciones a una organización compleja del Foro de Sao Paulo (que efectivamente es un foro que se ha planteado que otro futuro es posible), han sido respondidas con la circulación de información sobre cómo estas obedecen a estrategias propias de una “doctrina del shock”. Junto con ello, diversas organizaciones están exigiendo a los medios de comunicación cambiar la forma de informar. Inclusive, circulan expresiones populares -como los memes- mostrando a los manifestantes disfrazados como alienígenas, movilizando los recursos del humor y la ironía para denunciar el poco asidero de este tipo de fantasías que alimentan el miedo y el así llamado pánico moral.

Han sido días muy difíciles en nuestro país, y seguirán siéndolo, pero vale la pena pensar que estamos en un Chile post-transicional, un Chile con un tejido social activo, que ha logrado ir articulando nuevamente modelos de imaginación colectiva y pública, nuevas maneras de vivir juntos. Esto trae nuevos desafíos y riesgos, pero nos pone en la situación de trabajar por un nuevo pacto social, en el que todos los sectores y actores seamos parte, y que nos permita enfrentar las urgencias que ha dejado un modelo insosteniblemente desigual.

Daniela Jara y Carolina Aguilera
Daniela Jara y Carolina Aguilera, miembros del equipo de Coloquio de Memoria COES.
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