Abogados acusan excesivas prisiones preventivas para “disuadir” las manifestaciones

La primera querella que presentó el gobierno por Ley de Seguridad del Estado durante estas manifestaciones, fue contra el profesor de matemáticas Roberto Campos (32). De esa acción se hizo parte Metro S.A por daños a la infraestructura en la estación San Joaquín, donde Campos, junto a un centenar de personas, se manifestó el jueves 17 de octubre por al alza del transporte.

El profesional fue detenido por Carabineros y, horas más tarde, fue formalizado por el delito de “daños a bienes nacionales” en los torniquetes y validadores de tarjetas BIP en la estación de Metro. El 12° Juzgado de Garantía de Santiago dictó prisión preventiva para Campos por considerarlo “un peligro para la sociedad”. Este miércoles la Corte de Apelaciones ratificó la prisión preventiva para Campos por los 90 días que durará la investigación.

Corte Apelaciones San Miguel confirmó de manera unánime prisión preventiva primer imputado formalizado @fiscalia_RMSur por daños y Ley Seguridad del Estado en estación @metrodesantiago San Joaquín al inicio de manifestaciones de mediados de octubre en #Santiago @FiscaliadeChile

— Fiscalía Metropolitana Sur (@fiscalia_RMSur) November 6, 2019

Su abogado Lorenzo Morales explica que Campos podría cumplir una pena de siete años de cárcel. Aunque, más allá de eso, cree que esta prisión preventiva actúa como una “pena anticipada” y que “responde derechamente a fines políticos”. “Esta (ley N°12.927 de Seguridad del Estado) es una ley política, incluso, más que la ley antiterrorista. Tiene que ver con un bien jurídico que nadie sabe a quién protege. O sea, no por haber dañado dos torniquetes él va a tener que ´pagar´ por todo lo que ocurrió en el Metro”, sostiene.

La defensa que hizo ante la Corte de Apelaciones se basó en su derecho a protesta y en que “no existió referencia ni menos acreditación de una puesta en peligro de otros derechos inviolables o absolutos, como aquellos que pertenecen a la esfera íntima de seguridad, derecho a la integridad personal o privacidad”. A esto, también agrega que “no se comprobó uso de violencia en las cosas y/o hacia las personas ni se mencionó que se haya provocado destrozos materiales, capaces de incidir en un sentimiento colectivo de inseguridad”.

Morales recuerda que hace dos años se acusó a un grupo de personas por paralizar el Metro durante 20 minutos y se presentó una querella bajo la misma ley. En esa ocasión, finalmente, lograron la absolución de las personas presentando antecedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Por eso, el abogado presentará un recurso amparo ante la Corte Suprema haciendo hincapié en que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Convención Americana destaca que «las huelgas, los cortes de ruta, el copamiento del espacio público e incluso los disturbios que se pueden presentar en las protestas sociales pueden generar molestias o incluso daños que es necesario prevenir y reparar». Sin embargo, los límites desproporcionados de la protesta, en particular cuando se trata de grupos que no tienen otra forma de expresarse públicamente, comprometen seriamente el derecho a la libertad de expresión.

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/AGENCIA UNO

“Hay un actuar excesivo de los tribunales”

Este caso lleva a un panorama más general sobre las prisiones preventivas que se dictaron durante los diez días en Estado de Emergencia.

Durante los primeros días de manifestaciones, la Fiscalía entregó un reporte inicial solo de la Región Metropolitana. Las cifras dieron cuenta de 1.680 imputados, asociados a los delitos de desórdenes públicos, robos, receptación, daños, maltratos y homicidios, que fueron formalizados en los controles de detención realizados desde el sábado 19 al lunes 21 de octubre. De los imputados, 59 quedaron con la medida cautelar de prisión preventiva y 1.141 con otras cautelares como arraigo y firma mensual, mientras dure la investigación.

Pero un informe que publicó el 3 de noviembre el Ministerio de Justicia, con datos entregados por la Defensoría Penal Pública, entrega un análisis a nivel nacional. Desde el 20 al 31 de octubre, se registraron 542 prisiones preventivas. 

/Fuente: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

El grueso de estas órdenes se dio entre el 21 y el 22 de octubre, con 181 personas detenidas. Es decir, fue el primer fin de semana luego de que el presidente Sebastián Piñera decretara el Estado de Excepción constitucional que permitió a los militares salir a las calles. También, se recogen las 848 detenciones que se declararon ilegales en ese mismo periodo.

María Rivera, abogada de la Defensoría Popular y una de las profesionales que se hizo parte de la querella contra el Presidente por delitos de lesa humanidad, cree que los tribunales han actuado de manera desmedida y enfatiza en que la posible condena que reciban las personas en prisión preventiva al momento de un juicio, tampoco sería bajo ningún punto cumplidas efectivamente. “Hay tres muchachos que están formalizados por la ley de ferrocarriles. Pero hay que considerar que si llegasen a ser condenados van a ser penas absolutamente bajas, incluso, para cumplir en libertad”, explica.

Los tres jóvenes se encuentran en un módulo especial para detenidos en manifestaciones que se dispuso el penal Santiago 1, según información que recibió la abogada de la Cooperativa Jurídica, Betsabé Carrasco. Bajo su mirada, aplicar estas prisiones preventivas busca un “efecto disuasivo» en las manifestaciones.

Por las defensas que ha asumido durante estas semanas, asegura que los tribunales de la zona sur están decretando prisiones preventivas excesivas por delitos excarcelables. Es decir, precisa, que en caso de una condena no quedarían presos.