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Nueve días de completo silencio respecto de los casos de violencia sexual de parte de las fuerzas del orden le han costado una ola de críticas a la jefa de cartera. Las organizaciones hacen una evaluación general de la gestión de la autoridad, concluyendo en un negativo balance de su administración. El Desconcierto habló con diversas agrupaciones y diputadas feministas que exponen por qué Isabel Plá debe dejar su cargo como secretaria de Estado.
“No más violencia política sexual, que renuncie ahora la ministra Plá”. Con ese grito creado al fragor de la protesta, un grupo de organizaciones feministas explicaban el motivo por el que se reunían este martes en las escalinatas de la Biblioteca Nacional, un lugar histórico del propio movimiento desde la dictadura.
De estricto negro la mayoría y acompañadas por sus pañuelos verdes y morados, cerca de 50 mujeres leyeron a tono una declaración, donde apuntaron a la constante despreocupación y violencia del Estado contra las mujeres.
«Para las mujeres jamás han existido tiempos de paz. Para nosotras siempre hay toque de queda. Pero hoy se han ensañado una vez más con nuestras cuerpas. Seguimos siendo el blanco de la violencia política sexual. Hemos visto cómo la violencia se recrudece con aquellos cuerpos, que al Estado y al sistema neoliberal, nunca le han importado (…) Ya no seguiremos esperando por nuestras históricas demandas. La revolución será feminista o no será«, recitaron muy coordinadas, antes de emprender su marcha hacia el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, en calle Huérfanos.
Los argumentos de la protesta eran claros: la titular del ministerio de la Mujer tuvo atrasadas y tibias condenas a la violencia sexual contra las mujeres durante estas semanas de movilizaciones, provocando gran enojo en el activismo. El alcance fue transversal, a tal punto, que han dejado de verla como una interlocutora válida del gobierno.
El fondo de la indignación de las organizaciones es algo ya conocido por la opinión pública. 52 querellas por casos de violencia sexual -según el último reporte del INDH- y más de 40 denuncias por lo mismo -de acuerdo al registro de Abofem-, son parte del saldo que ha dejado la represión policial del Estado.
Ya a las afueras del Sernameg, la intregante de la agrupación Abogadas Feministas (Abofem), Camila Troncoso, declara a El Desconcierto que es probable que este número aumente con el paso de los días. «Las víctimas quizás no van a denunciar hoy ni mañana, porque esto tiene que ser un proceso. Tiene que haber un periodo de recepción de denuncias, ya que existe una cifra oculta en cuanto al verdadero número de delitos sexuales. Además, muchas veces no saben, por ejemplo, que la desnudez forzada en las comisarías está absolutamente prohibida«, plantea la profesional.
Desde el comienzo de las protestas -el 19 de octubre-, nueve días tardó la ministra Plá en reconocer de forma pública las denuncias por abusos sexuales contra funcionarios de Carabineros. Mediante un tibio comunicado, la autoridad aseguró que el compromiso de su cartera es «resguardar los derechos de las mujeres, asegurar su acceso a la justicia cuando éstos sean vulnerados; y mantener la tolerancia cero a cualquier tipo de violencia”.
Dos días antes, la secretaria de Estado había generado polémica con unas declaraciones totalmente contrarias: “Nosotros, hasta ahora, no hemos recibido denuncias de esa naturaleza y si las hubiera, en el marco de lo que está ocurriendo, corresponde que sean otras organizaciones las que asuman, porque necesitamos que sean organizaciones que garanticen autonomía”, sostuvo en ese entonces.
El cambio de tono en su discurso tuvo que ver con la presión del activismo feminista, que la interpeló por su indolencia y despreocupación ante una de las problemáticas que debiese ser central en su administración.
Otro detalle que molestó a las organizaciones fue la rápida reacción de Plá al ataque con una bomba molotov que recibieron dos carabineras hace unos días, que contrasta con la pasividad que la autoridad ha abordado las denuncias por violencia sexual. La directora de comunicaciones de Abofem, Daniela Watson, plantea que les parece cuestionable «la diferencia que marcó la ministra en este caso, que también es condenable, pero el trato fue tan asimétrico, que nos indigna».
Desde el Congreso, la diputada Catalina Pérez (RD), realiza una dura evaluación de la gestión de la Plá durante esta crisis. «Las mujeres y las feministas de Chile no vamos a olvidar jamás el silencio cómplice la ministra ante la tortura y la violación. Es imperdonable y sus responsabilidades políticas son ineludibles. Si le queda algo de entendimiento, no le queda más alternativa que renunciar y pedir perdón«, lanza la frenteamplista.
La vocera de la Coordinadora 8M, Javiera Manzi, adhiere a la idea de que la jefa de cartera debe dejar el cargo, dado que «es muy ideológico lo que ella decide atender y lo que no».
Desde la Red Docente Feminista (Redofem), Rosario Olivares, señala que esperaba que la ministra Plá fuera una de las figuras que saliera de su cargo en el último cambio de gabinete. Sin embargo, eso no fue así. «Le pedimos que por lo menos tenga un poco de empatía, porque sus declaraciones siempre nos dan muestra de que eso que al feminismo le duele, a ella no le llega. Eso no lo ha demostrado sólo ahora. Ha sido durante todo su mandato», comenta la dirigenta.
Para Lorena Astudillo de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres, el rol de la ministra en esta crisis ha sido totalmente «invisible». Es más, le preocupa que Plá no tenga herramientas para responder ante esta clase de atropellos, siendo que «la violencia política sexual es recurrente en las manifestaciones en que participamos las mujeres».
«Este tipo de vulneraciones han estado presentes desde siempre. El 2006 estos abusos se condenaron masivamente en el marco del movimiento estudiantil. Y ella que hoy es ministra desconoce que esta es una práctica permanente de las policías hacia las mujeres. Ella debió preocuparse de esto, incluso antes del estallido», comenta Astudillo.
Desde el estudio jurídico AML DefensaMujeres, la abogada Daniela López plantea que la ministra miente al decir que no tiene las facultades para llevar este tema, dado que su deber constitucional como secretaria de Estado es «resguardar los derechos fundamentales de la ciudadanía, y acá claramente se han vulnerado muchos».
«La ministra debió poner la alerta de manera inmediata. Debió cuestionar los procedimientos policiales. Debió reunirse con los fiscales nacionales. Ella tiene todas esas facultades y más. Isabel Plá no es idónea para asegurar la integridad física, sexual y psíquica de las mujeres de este país», asegura López.
La abogada agrega que, hasta el momento, el Ministerio de la Mujer no ha patrocinado ninguna de las querellas por violencia sexual que se han presentado.
Sobre los equipos de acompañamiento anunciados por la autoridad el pasado martes, la integrante de la Red de profesionales de la salud por el derecho a decidir, Libertad Méndez, declara que esta medida ha llegado tarde, dado que las organizaciones ya se han estado encargando de esta misión. «Si ella planea sólo entregar asistencia médica o psicologica, desconoce totalmente cómo se lleva un trauma en violencia sexual, que ella como ministra de la Mujer debería manejar», reclama.
Según las organizaciones, otro detalle que muestra la desconexión de la ministra Plá con los temas de violencia de género tiene que ver con la campaña que lanzó la cartera a fines de 2018.
«No lo dejes pasar» fue el nombre de la iniciativa en la que el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género llamaba a las víctimas de violencia machista a denunciar a sus agresores. Asimismo, en diversas ocasiones, frente a casos de femicidio, la secretaria de Estado ha hecho hincapié en que las mujeres no habían hecho la denuncia.
Lorena Astudillo contradice a la ministra e indica que -según cifras de la Red Chilena- el 2018 el 42% de las mujeres asesinadas sí habrían presentado denuncias ante las autoridades. Muchas de ellas incluso contaban con medidas de protección. «Ellas habían pedido ayuda al Estado para que resguardaran sus vidas y no lo hicieron», acusa.
En esa línea, Rosario Olivares asegura que cuando la ministra pone el centro en el acto de interponer la denuncia, a la vez está traspasando parte de la responsabilidad a las mismas víctimas.
La abogada Daniela López, por su parte, señala que «llamar a las mujeres a denunciar de esa forma, sin tener un Estado robusto que las proteja, lo único que ha hecho es ponerlas más en peligro en manos de sus agresores», considerando los 54 casos de femicidios durante este 2019.
«La ministra que no tiene ningún grado de conocimiento de cómo funciona el sistema judicial en Chile», agrega la fundadora de AML DefensaMujeres.
Por otra parte, Plá se ha mostrado de acuerdo con el proyecto de Ley Gabriela, que extiende el concepto de femicidio fueras de las relaciones de pareja. Es más, en junio anunció la suma urgencia de la iniciativa.
Sin embargo, Astudillo aclara que este proyecto no es determinante para terminar con la violencia, dado que «sólo es una ampliación de lo que entendemos por femicidio», algo que las organizaciones feministas ya realizan hace años. «También debiese hablarse de prevención y reparación. Se hace mucho bombo por un concepto. A nosotras nos parece que el problema es más profundo», concluye la activista.
Este lunes, la ministra ha sido citada por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados para dar explicaciones sobre sus omisiones. «Nuestra obligación es fiscalizar a los ministros cuando no están cumpliendo su deber y en este caso la ministra ha dejado su trabajo de lado«, adelanta la diputada Gael Yeomans (CS).
