Carlos Cerda, ex ministro que procesó a Pinochet: «Chile aun no cura la herida de la militarización»

El ex ministro Carlos Cerda (76) investigó y procesó a militares, entre ellos, a Gustavo Leigh, ex comandante en jefe de la Fuerza Aérea e integrante de la Junta Militar. En esa ocasión, la Corte Suprema le ordenó dictar la Ley de Amnistía, que impedía el juicio para los colaboradores de Augusto Pinochet. Pero Cerda se negó a aplicarla. Casi dos décadas después, estuvo a cargo del “Caso Riggs,” mediante el cual procesó a Pinochet y ordenó la detención de su familia y colaboradores por malversación de fondos públicos.

Hoy Cerda está jubilado y observa con detención la situación política que enfrenta el país, luego del estallido social. Afirma que la defensa de los derechos humanos pasa por decisiones políticas. Pero también prefiere ir más allá de este gobierno. Cerda cree que el Estado por años los ha vulnerado de múltiples maneras: con una niñez descuidada, al igual que la tercera y cuarta edad, por las indignas condiciones de las personas privadas de libertad, y la falta de reconocimiento de los derechos de los mapuche.

“Son múltiples sectores que siguen siendo discriminados y postergados”, asegura el ex juez.

Su salida a la crisis, sin duda, dice, debe pasar por un cambio a la Constitución. En una conversación de casi una hora, El Desconcierto comparte algunas de sus reflexiones.

–Las demandas que usted menciona son las que la gente está pidiendo en las calles. Pero el presidente Sebastián Piñera propuso una “Agenda Social”, que ha sido considerada insuficiente por la ciudadanía. ¿Qué le parece esa respuesta del gobierno?

-Yo creo que todos coincidimos en que todavía no existe la respuesta. Hay que aclarar que yo no soy político y que lo digo como ciudadano. Todo este descuido de la sociedad chilena, donde tú eres responsable y yo también, es esto de dejar de lado a los postergados y dejarlos cada vez más pobres.

Hoy, todos vemos, y por eso se está reclamando, que aquí se hace lo que renta. Porque la sociedad se mueve por el capital. Entonces, esas cosas, la educación, la salud, el transporte, en realidad, no deben “rentar”, son los servicios que necesitan las personas que viven en sociedad. Pero desde la dictadura eso se ha convertido en un negocio. El agua potable, el alcantarillado, la electricidad, todo.  El otro día vi en La Tercera una serie de estadísticas que decía que la brecha entre el primer y el último decil ha aumentado diez puntos en estos diez años. Si antes estábamos en 30, ahora llegamos a 40.

-Mientras el gobierno decretó Estado de Emergencia, el abogado constitucionalista Jaime Bassa aseguró que se estaba actuado más bien como “Estado de Sitio”. ¿Qué le pareció esa medida que restringió libertades individuales?

-Chile aun no cura la herida de lo que fue la militarización y lo que fue el intento de instalar un estado policiaco, que en muchas partes se logró. Entonces, salir de ese verdadero pantano es algo que todavía no logramos. En esas circunstancias, yo creo que cualquier decisión que se adoptase para la seguridad interna, atendido lo que se estaba viviendo, debía tener extremo cuidado. Tal vez, a diferencia de lo que habría ocurrido en una sociedad normal, aquí, con el verdadero trauma que tenemos heredado, adoptar una decisión de ese tipo era hacer retrotraer las cosas a una especie de catarsis, si se quiere. No era una decisión fácil.

-El presidente dijo que el gobierno estaba en “guerra contra un enemigo interno”. ¿A qué atribuye esas palabras? Su medida posterior fue militarizar.

-Hay un sector de la sociedad que reduce el tema a la defensa de lo propio, pero “lo propio” es un lenguaje de un sector muy reducido. En los demás, no existe “lo propio”, porque están a niveles de lo mínimo. Entonces, ¿qué tengo que defender? Eso es lo que se va justificando: que exista para este sector muy chiquitito de Chile una policía particular, a pesar de que la Constitución reconoce dos policías. Pero de hecho, en la dictadura se permitió que surgieran los guardias privados que eran policías particulares para defender “lo propio”. Entonces, con ese criterio, yo siempre estoy como defendiéndome de los demás, es como la sociedad del hombre lobo. Ese otro no es como yo, es distinto, inferior. Hay una preconcepción discriminatoria que seguimos llevando como sociedad.

-Con eso se ha ido perdiendo la defensa del interés común…

-No existe eso. “Lo común” fue aniquilado por la dictadura. “Lo político”, en el verdadero sentido de la palabra, es decir, el gobierno de la polis, la organización, el buscar justamente lo mejor para la sociedad, el bien común, eso se perdió porque se reemplazó por el individuo. Lo primero es el individuo y los “otros” no alcanzan a ser. ¿Qué es el que no tiene nada? ¿Lo voy escuchar para un cambio social? ¿Para una nueva Constitución? No.

-¿Está de acuerdo con una Nueva Constitución?

-Hace tiempo. En la Corte Suprema no tuve éxito cuando en aquellos años bregaba porque nosotros preparásemos un capítulo sobre el Poder Judicial en una nueva Constitución. Un Poder Judicial que necesita mayor presencia de la Constitución, no en detalles como la edad de jubilar de los ministros. Esto es mucho más importante: es dónde está la igualdad en el acceso justicia.

En la Constitución debería volver a haber, porque una vez lo hubo, la consagración de tribunales para las personas de menores ingresos, tribunales vecinales, tribunales de paz como también se les ha llamado. En otros países asumen distintas denominaciones. La idea de la Corte Suprema era una casa de la justicia para las personas que tienen problemas de tipo jurídico y que puedan acercarse para encontrar ahí una persona a quien consultarle. Los problemas de cada día, por pensiones, asesorías de abogados, de asistentes sociales.

-Y sobre lo anterior, ¿cree que la salida a esta crisis va por convocar a un plebiscito e iniciar un proceso que derive en una Asamblea Constituyente?

-Habría que repensar en cómo modificar la Constitución o cómo darse una nueva Constitución. Eso pasa por un pacto o nuevo contrato social entre los chilenos. Espero que ese sea el camino. La Constitución quedó hecha con candado, entonces ese candado hay que abrirlo desde la legitimidad de un poder constituyente que hay que saber reorganizar. Hay que ver el método. El camino que se encuentre para eso, será un plebiscito para ir a una asamblea constituyente o no, tiene que haber una comunidad en eso.

-En estas últimas semanas se han organizado cabildos y asambleas autoconvocadas, a nivel nacional, para discutir sobre las demandas ciudadanas. ¿Hacia dónde deberían derivar?

-Espero que camine hacia el encuentro de la fórmula para modificar o simplemente reemplazar la Constitución. No queda de otra. Tuvimos una experiencia en el gobierno anterior, que fue bien interesante. Hubo reuniones y después cuando la comisión encargada fue recogiendo los temas que surgían, hizo unas temáticas para que se analizarán en cabildos donde había cierta representación. Era voluntario para quienes quisieran reunirse. Fue un intento genial y un esfuerzo de escuchar a la gente sin ningún colador. Todos se debían reunir sin distinción.

-Ese proceso no fue vinculante, ¿cree que ese debe ser un requisito?

-Pertenece a la fórmula que se idee. Si urge una fórmula que lo haga vinculante, lo que se vaya asumiendo en los distintos grados de participación, está bien. No se decir, soy desconocedor, si debiera se vinculante o no. Para mí el ideal es que no haya necesidad de imponer, de que el poder caiga sobre las personas para que se busque la regulación de lo común. Me recuerdo cuando el dictador decía que lo político y la política eran la perdición de la sociedad. Perdición la estoy poniendo yo, pero ese era el sentido. Si se escucha eso, no necesitas más porque era “vigilar” a la comunidad.

-En la “Agenda Social” Piñera comprometió aumento de pensiones, que en lo concreto se traduciría en cerca de $20 mil pesos en la Pensión Básica Solidaria. Pero la demanda es estructural. ¿Usted está de acuerdo en terminar con el sistema de AFP?

-Absolutamente. No porque sean las AFP y quiera criticar a José Piñera, ni porque haya nacido de la dictadura, sino porque se ha visto que no funciona. Si es que existe un sistema más equilibrado, más equitativo para que la gente mayor, considerando que cada vez sumarán más personas, tenga garantizada sus progresivas inhabilidades, no solamente físicas sino mentales, entonces, ese es el que se tiene que aplicar.

-Y en esa Nueva Constitución, ¿debe quedar establecida la educación gratuita en todos sus niveles?

-Absolutamente, es evidente, no hay por qué pagar ni por la educación ni por la salud. Establecen la libertad, claro, por elegir el sistema privado tanto en educación como en salud. Pero el que puede elegir es solo un puñadito de la sociedad. Es absurdo y seguimos con esa mentalidad de la exclusión, no obstante haberse aprobado leyes que por las que presionaron los jóvenes durante la “Revolución de los Pingüinos” (2006), que son los que están empujando a los adultos para que cambiemos las cosas. En educación ni siquiera tendría que usarse la palabra “gratis”. La misma Constitución segrega al decir que existen dos sistemas.

-Es decir, la actual Constitución segrega en varios ámbitos de la vida social…

-Y no lo digo yo. Quien lea la Constitución tiene que interpretarlo así porque no hay otro entendimiento. Por ejemplo, si un ministro de Educación o una ministra procura convencer que un sistema que ya fue modificado por una ley, con un esfuerzo de años, de mucho estudio, pero reniega y dice que se tiene que aplicar de una sola manera, eso genera una acusación constitucional. En este caso no tuvo éxito. (Apunta a la ministra Marcela Cubillos que inició una campaña contra el Sistema de Admisión Escolar aprobado por Michelle Bachelet. Ese fue uno de los motivos de la acusación que impulsó la oposición, pero que, finalmente, fue rechazada).

-¿Qué le parece la acusación constitucional que se está impulsando contra el presidente Sebastián Piñera?

Bueno, eso es pura contingencia así que prefiero no meterme ahí.