Opinión

Asamblea Constituyente: ¿el salvavidas del Gobierno?

Por: Rodrigo Álvarez Quevedo / Publicado: 11.11.2019
palma 2 / Foto: Agencia Uno
Hay varias razones para preferir la Asamblea Constituyente sobre la vía institucional de reforma constitucional, es decir, el mecanismo de reforma contemplado en la Constitución, que no regula el procedimiento para una nueva Constitución. En primer lugar, no solo no implica perjuicios económicos, sino tampoco sociales ni políticos. Además, es un procedimiento más democrático, que permite una mayor representatividad y diálogo ciudadano. Finalmente, es la opción que tiene mayor respaldo.

La prioridad del Gobierno, de suma urgencia y en corto plazo, ha de ser bajar y contener los niveles de violencia, tanto policial como la de manifestantes. Luego de eso tendrá que hacerse cargo del problema de fondo, que parece haberse instalado y no tener vuelta atrás. Ante esto parecen haber tres opciones, ni una muy probable, pero una última posible.

La primera sería que la presión social decante luego de una disminución de la violencia. Esto no parece factible. Quizás, si las cuestiones se calman, se puede llegar a algo más parecido a lo que ocurrió el 2011 que a lo que ocurre en Hong Kong, ya que pareciera que el descontento social acumulado ha llegado para quedarse.

La segunda posibilidad sería que el Gobierno hiciera cambios estructurales. La llamada agenda social ha servido poco y nada y aparece como insuficiente, pero, a su vez, reflejan propuestas inauditas e impensadas antes del pasado 18 de octubre. De hecho, si algún candidato hubiera ofrecido lo que ahora se promete, seguramente habría sido tildado de populista y demagogo y se habrían augurado verdaderos apocalipsis económicos, como suele hacer la derecha para oponerse a cualquier cambio. La alternativa sería ofrecer más. El problema, aunque se aprecie desesperación e incapacidad de La Moneda para manejar la crisis, es que esos cambios –relevantes y estructurales— serían más que un mero maquillaje y difícilmente contarían con apoyo de la derecha, al menos de la facción mayoritaria. Quedaría, entonces, promover una agenda legislativa con los votos de la oposición, en circunstancias que la discusión –sumamente politizada— parece proscribir una vuelta a la noventera política de los acuerdos (que finalmente, por autocomplacencia o autoflagelancia, hizo muy pocos cambios, en la medida de lo posible). Por otra parte, el riesgo de una fractura de la derecha a fin de salvar el bote parece muy alto para que el Ejecutivo quiera aventurarse.

Finalmente, la tercera opción, sería que Piñera promoviera la Asamblea Constituyente (AC). Los políticos se han negado a esta vía y los simpatizantes de la derecha la han demonizado y caricaturizado en redes sociales.

Se dice que muchos de los que piden la AC ni siquiera han leído la Constitución. Puede que en parte sea cierto, sin embargo, es irrelevante. Si la Constitución debiera permitir que la comunidad política pueda autodeterminarse y definir su vida en común, el descontento con ella no es muestra de ignorancia sino, precisamente, síntoma de la enfermedad. La Constitución no es un texto legal que deba estudiarse de memoria para su conocimiento, son los presupuestos básicos que nos constituyen como sociedad. Por eso, no todo lo que está en la Constitución es parte del problema constitucional (que frena cualquier proyecto político diverso). De este modo, no tiene importancia (política/constitucional) saber que según el artículo 86 de la Constitución los fiscales regionales deberán tener a lo menos 5 años de título de abogado, pero sí es relevante comprender y observar como el Tribunal Constitucional ha frenado diversos proyectos de cambios sociales.

Entonces es comprensible que, a pesar de la firma de Lagos y la reforma constitucional del 2005, sigamos hablando de la Constitución de Pinochet. Y es que no es nuestra, y, dados todos sus mecanismos de protección del modelo impuesto por la Dictadura, es imposible que la comunidad pueda hacerla suya. Pese a la pretensión pseudo intelectual y pedante, no se requiere leerla para comprender el problema.

También se dice que la AC nos llevará al caos (¿cómo el que vivimos actualmente?), a la famosa Chilezuela, a un Maduro… pero, en realidad, tampoco hay mucho sustento para afirmarlo. La AC es la vía más democrática para cambiar la Constitución, pero es un medio, que no necesariamente llevaría a un determinado fin (la dictadura de la extrema izquierda que algunos temen). ¿Permitiría, por ejemplo, la elección indefinida del Presidente? No lo sabemos, pues la Asamblea –que aún no existe— y un posible plebiscito aprobatorio –que no se ha hecho—lo decidirían. Sin embargo, es razonable pensar que tenemos una tradición y madurez ciudadana y democrática que impedirían que algo como esto ocurriera. Lo mismo con casi todos los males que se profesan.

Hay ejemplos, de sobra, de AC que no han terminado con una situación como la que vive la Venezuela de Maduro (Francia, España, Noruega, Alemania, Portugal, Bélgica, Sudáfrica, Colombia, etc.). Es tan absurdo pensar que la AC nos llevará a la perdición como lo es creer que solucionará todos nuestros problemas. Aunque sea obvio tal vez sea bueno recordarlo: la AC no solucionará los problemas económicos, ni la desigualdad, ni la delincuencia, ni la corrupción, ni un largo etcétera. Lo que sí hará, si resulta bien, es permitir que nuestra comunidad pueda decidir su futuro. Después, con posteriores cambios legislativos y políticas públicas –que hoy no se pueden hacer—, se podrá caminar hacia la meta que decidamos. Lo que también hará, y quizás sea lo más relevante, será posibilitar cambios a un modelo neoliberal extremo y salvaje –que permite todo tipo de abuso y propensa la desigualdad, negando su relevancia política (sobre esto nos referimos recientemente junto a Guillermo Chahuán)— que hoy se ven frustrados por una Constitución diseñada a esos efectos. Se podría ampliar la cancha y terminar con la idea de Jaime Guzmán de que la Constitución tuviera por finalidad “procurar que si llegan a gobernar los adversarios, se vean constreñidos a seguir una acción no tan distinta a la que uno mismo anhelaría, porque – valga la metáfora – el margen de alternativas que la cancha imponga de hecho a quienes juegan en ella sea lo suficientemente reducido para hacer extremadamente difícil lo contrario”.

En un interesante estudio, Daniel Coyal, muestra como entre 22 casos estudiados de países que optaron por AC, solo un par de casos vieron afectado el desarrollo económico. Otra evidencia más de que –fuera la ingenuidad— lo que se defiende no es el bienestar del país sino un rayado de cancha que finalmente solo aseguró privilegios para los pocos que no sobran.

Hay varias razones para preferir la Asamblea Constituyente sobre la vía institucional de reforma constitucional, es decir, el mecanismo de reforma contemplado en la Constitución, que no regula el procedimiento para una nueva Constitución. En primer lugar, no solo no implica perjuicios económicos, sino tampoco sociales ni políticos. Además, es un procedimiento más democrático, que permite una mayor representatividad y diálogo ciudadano. Finalmente, es la opción que tiene mayor respaldo. No solo hay una inmensa mayoría a favor de un cambio constitucional, sino que también es muy mayoritario querer hacer el cambio por Asamblea: 75.7% según Encuesta Termómetro Social de octubre de 2019; y un 46% a favor del el cambio vía AC exclusivamente –la forma más votada—, un 27% a favor de AC junto al Congreso, contra un 13% por hacerlo solo por el Congreso según encuesta Cadem.

La Constitución actual impide procesar demandas y cambios, pues –hecha la trampa— está diseñada para mantener lo que tenemos y que fue impuesto. Una nueva Constitución debe poder finalmente permitir el funcionamiento de la política, pues la forma en que queremos vivir es algo que debiera decirse (entre otras instancias) en la urnas, donde puedan enfrentarse verdaderos proyectos políticos, sin que uno esté a priori condenado a ver frustradas sus expectativas, que, en nuestro caso –dado el neoliberalismo extremo en el que vivimos, que permite decir sin exageración que somos la Corea del Norte del neoliberalimo— ni siquiera han de ser radicales. La democracia, en algún sentido, se trata de esa disputa entre proyectos políticos diversos. Un neoliberal, un socialdemócrata y un socialista difícilmente se podrán poner de acuerdo, pero todos deben poder impulsar sus proyectos de país en una disputa democrática por el poder, en la que la política se encargará de que puedan tratarse como adversarios y no como enemigos. En último término, el debate sobre el cambio constitucional es uno sobre la mantención del modelo neoliberal chileno y, dado el enorme y transversal descontento contra los abusos, parece razonable permitir que su estructura pueda ser discutida y modificada si la ciudadanía así lo decide y no que siga ganando por defecto.

Sobre el punto, se ha pronunciado de manera reciente e acertada Tomás de Rementería, quien afirma: “la arquitectura constitucional chilena y la forma en que ha sido interpretada por el Tribunal Constitucional (incluso citando supuestas intenciones de la comisión constituyente de la dictadura) es un tremendo obstáculo para la construcción de una Estado de Bienestar y un Estado fiscalizador efectivo”.

¿Entonces por qué tanto miedo a la AC? ¿Por qué se niega la derecha a esta posibilidad?

Pareciera ser cada vez más inevitable una nueva Constitución. Pese a que Piñera acaba de volver a cerrar la puerta a una AC en su reciente entrevista, el Gobierno puede dejar pasar la oportunidad o tomar las riendas. Si hace lo primero y pierde las próximas elecciones no tendrá mayor injerencia en la conformación de la Asamblea y en sus mecanismos de funcionamiento y decisión. Si hace lo segundo, en cambio, podría tener el sartén por el mango y de paso salir de la crisis de una manera más o menos digna. Si se hace bien, Piñera pasaría a la historia como el promotor de la AC y pondría su firma en la nueva Constitución. En vez de cerrarse completamente, la derecha debería mirar con otros ojos esta posibilidad. Parece ser éste su único salvavidas.

Rodrigo Álvarez Quevedo
Abogado, Master en Derecho Penal y docente.
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