El Estado contra las personas

En la era de las comunicaciones y de la interconectividad, todos estamos en condiciones de echar marcha atrás el reloj y de reconstituir los episodios pasados. Gracias a la tecnología, podemos tomar distancia de los acontecimientos que quedaron registrados en Internet y perduraron en su memoria, la nube, y de volver a organizarlos para comprenderlos.

Además, tenemos la ventaja de ser protagonistas y observadores de algunos de estos hechos, como los acaecidos en Santiago la tercera semana de octubre. Contamos para ello con nuestra propia memoria y también con la memoria colectiva que compartimos con otros. En virtud de ello, podemos apropiarnos de los datos y de las hipótesis que se han tejido en torno a aquellos sucesos y construir la realidad para darle un sentido nuevo. Al hacerlo, podemos alterar las certezas en que se afirman la teoría política y los científicos políticos. Y quizá, contribuir de este modo a refutar o a validar los relatos históricos.

El origen de la protesta social

La impresión predominante, de las muchas que aún no acaban de instalarse en el imaginario colectivo, es que la gran protesta social la enciende el movimiento estudiantil con su revuelta en contra del alza del pasaje de Metro, la cual deviene en graves atentados contra la seguridad pública, y en la invocación del estado de emergencia como medida extrema para ponerles freno.

Pero podemos analizar el fenómeno de otro modo. Podemos decir que la acción pionera efectivamente la emprendieron los jóvenes en un movimiento que comenzó el lunes 14, alcanzó su apogeo el jueves 17, y se extinguió al crepúsculo del viernes 18, cuando Metro clausuró todas las estaciones a causa, según comunicó públicamente, de «disturbios y destrozos que impiden contar con las condiciones mínimas de seguridad para los pasajeros y trabajadores».

El comportamiento trasgresor que, sin embargo, consiguió concitar una sorprendente adhesión de la opinión pública, siempre tuvo en el centro de su accionar evadir el pago del boleto. Los desmanes observados durante las sucesivas jornadas no pasaron de ser los típicos enfrentamientos entre revoltosos y efectivos policiales con destrucción de mobiliario público. El ex presidente de Metro, Clemente Pérez, había llegado incluso a ridiculizar la agitación estudiantil tildándola de una «protesta más bien tonta».

Por eso, habría de quedar fuera de contexto que, al mediodía de aquel viernes 18, ante esta «protesta más bien tonta», el presidente Piñera afirmara que estaba «estudiando la posibilidad de aplicar la Ley de Seguridad del Estado». El presidente se hallaba estudiando un recurso ciertamente extremo. La pregunta que salta a la palestra es por qué. ¿Por qué, si los mismos trabajadores de Metro, que son los que mejor conocen el funcionamiento de la empresa, habían expresado que compartían la legitimidad de la demanda en contra del alza del pasaje, sin reparar en nada anómalo que ameritara recurrir a una medida especial? ¿Por qué, si hasta el cierre de las estaciones de Metro, cuando concluyó el movimiento, nada infrecuente aconsejaba sacar los soldados a la calle?

La poderosa e implacable maquinaria

Todo indica que el Gobierno tenía tomada la decisión de invocar el estado de excepción constitucional. ¿En qué topaba? Probablemente, en que no estaban dadas las condiciones objetivas ni subjetivas para materializarlo. Objetivamente, se precisaba que la amenaza justificara por sí misma y, por primera vez durante la larga transición democrática, el uso de las facultades que confiere el estado de emergencia por razones de orden público. Subjetivamente, porque, aunque no importara que la clase dirigente fuera sorprendida y quedara sin respuesta, más bien perpleja ante una decisión tan inesperada, sí era necesario sensibilizar a la población acerca de las circunstancias que abonaban la cruda intervención militar del territorio y de los espacios públicos que sobrevinieron.

Estas dos condiciones se combinaron oportuna y simultáneamente alrededor de las diez de la noche del viernes 18, cuando varias de las clausuradas estaciones de Metro y el edificio corporativo de Enel, empezaron a arder en llamas ante los ojos atónitos de televidentes, internautas y vecinos que se manifestaban en las calles. Nunca se había visto algo semejante, y menos a través de una cadena televisiva que, cual caja de resonancia del Ejecutivo, transmitió hasta generar un efecto multiplicador en las audiencias, como en las 27 horas de amor de la Teletón. El impacto mediático y su onda expansiva se diseminaron por todo el país.

Las estadísticas proporcionadas al día siguiente por la intendenta de Santiago, consignaban que 9 de las 136 estaciones del metro habían sido siniestradas, mientras el fiscal metropolitano sur aclaraba días después que los circuitos eléctricos donde se iniciaron los incendios del ferrocarril subterráneo eran de acceso restringido, de lo cual se deducía que solo personal autorizado y dotado de cierta experticia podía haber llegado hasta ellos. Esto confirma lo señalado desde un principio por el Gobierno, en el sentido que los autores de los ataques incendiarios constituían un grupo bien organizado y adiestrado para vulnerar los blindajes y actuar en forma planificada y con capacidad operativa.

Una hora después de la serie de atentados el presidente Piñera dictó el estado de emergencia que, la madrugada del fatídico sábado 19 de octubre, operó como una genuina maquinaria de guerra, fuera de todo protocolo, normativa y, como las investigaciones en curso tendrán que acreditarlo, al margen de la Constitución. Decenas de muertos, cientos de heridos, miles de detenidos, entre ellos niños y niñas, personas torturadas, personas detenidas ilegalmente y aisladas en lugares no autorizados, como el supermercado Alvi de Maipú, son el trágico saldo de la incursión represiva del Estado en contra de las personas, de sus derechos y garantías. Y ahora, la convocatoria al Consejo de Seguridad Nacional, una entidad obsoleta y vacía de facultades que no sean las resultadas de sentar a los militares a la mesa. Un verdadero retroceso institucional que incluye a las entidades responsables de velar por la dignidad esencial y la integridad física de las personas. Solo Bomberos estuvo a la altura de las circunstancias.

Pero ¿fue la movilización estudiantil la chispa que encendió y propagó el fuego en una pradera de demandas sociales seca y muy combustible? Las manifestaciones por el alza de la tarifa fueron una advertencia, pero las variables intervinientes más decisivas fueron la militarización de la ciudad, su puesta en escena en tiempo real efectuada por la televisión, y la intercomunicación de las fuentes de opinión e información a través de las redes sociales. La gran protesta realmente explotó el sábado 19 de octubre.

Un fuerte quiebre hacia la madurez política

Hasta el 18 de octubre pocos temían que el expresar su opinión pudiera significar la muerte, la tortura, la desaparición o la pérdida de un ojo. Lo que ocurría en La Araucanía estaba lejos de casa, como lejos estaban las luchas de reconocimiento de Camilo Catrillanca y de la nación mapuche. Las violaciones a los derechos humanos eran episodios que afectaban a minorías sociales, como los niños y niñas vulnerables o las comunidades lgbt.

Hasta aquel 18 de octubre, cuando por primera vez desde la dictadura se invocó el estado de emergencia fundado en razones de orden público, existía alguna certeza jurídica de que ciudadanas y ciudadanos gozaban de cierto amparo y protección. Incluso, que los liberales —que anteponen la libertad de expresión a la penalización del negacionismo— se pondrían del lado del legítimo derecho a la protesta pública. Incluso que los paladines de la Constitución de 1980, demandarían la correcta aplicación del estado de excepción constitucional y velarían por sus prerrogativas.

Todas estas certidumbres se esfumaron. El país vivió un salto de madurez que lo hizo más escéptico, más perspicaz y más audaz y arrojado frente al poder. Quizá como cuándo recién se liberó del peso de la dictadura.

Si para quienes detentan las altas posiciones de poder y de riqueza la verdadera sorpresa de esta coyuntura fue la revuelta social, para el pueblo llano protagonista de la protesta, en cambio, la causa de todos los asombros fue el comportamiento del poder, ese modo desnudo y lacerante que vino a sacudir la conciencia política. Vio en los soldados que ocuparon las calles a las mismas fuerzas prepotentes, abusadoras y violentistas de la dictadura, como si la cultura cívica en democracia y derechos humanos de las últimas tres décadas, no los hubiera permeado, porque no lo ha hecho. Vio en Carabineros a un cuerpo enfermo, cuyas conductas agresivas y desviadas reflejan las patologías de personas que nunca debieran desempeñar funciones de orden y seguridad dentro de la institución. Verdaderos enemigos de una sociedad sana. Vio la decadencia de la televisión, en especial, de la televisión pública, de sus principales rostros, vacíos de racionalidad y emocionalidad políticas, incapaces de hilvanar un puente hacia la sociedad real, que es toda, y no solo la que mira matinales. Vio las irresoluciones de la magistratura y las abdicaciones del ministerio público.

Chile hoy es otro país. Más golpeado, pero más fuerte y digno. Por eso la protesta social representa algo más que los treinta pesos del Metro, que los treinta años de gobiernos democráticos y que las demandas postergadas de chilenos y chilenas. Dos millones de ciudadanos en las calles no conmueven al poder porque coronen en un solo ideal los sueños de Chile. Lo perturban porque son el muro granítico, gigantesco y disuasivo que se alzó para escudar las libertades, la democracia y los derechos conquistados, inhibiendo los intentos de golpe de Estado blando que tanto dolor y sufrimiento han causado a una América Latina que todavía no consigue legitimar el derecho a la memoria.

Podrá resultar una paradoja, tal vez aparente, pero cuando los liberales dicen que quienes no concurrieron al diálogo con el gobierno abandonaron la política, es evidente que no quieren aceptar que la política real saltó de los salones a la calle precisamente para defender las instituciones libres y democráticas.