Tres lecciones del estallido social y la esperanza de una profundización democrática real

Cualquier analista que declare que había anticipado la actual crisis política y social que vive el país desde el 18 de octubre, incurriría no solo en un acto de arrogancia si no que estaría faltando a la verdad. Aun cuando el 2011 mostró nuestro malestar con la desigualdad y abrió un nuevo proceso de politización de la sociedad chilena, nadie podía presagiar una crisis orgánica de este calibre, ni mucho menos, la forma en que iba a estallar. Después del caso Caval y la gigantesca crisis política que asoló al segundo gobierno de Bachelet, la sensación de impase y de traición a la agenda de reformas era la única certeza que teníamos: el proceso constituyente no vinculante, impulsado por el gobierno de la Nueva Mayoría, tenía más sabor a engaño que a otra cosa. Quienes participamos de esos cabildos el año 2016, lo hicimos la certeza absoluta de que el gobierno no haría nada significativo para redactar una nueva constitución.

El triunfo electoral de la derecha en las elecciones del 2017 confirmaba los efectos perversos del voto voluntario. Una vez más, no habíamos conseguido nada: no habría reformas significativas ni cambio de constitución. La nueva llegada de Sebastián Piñera a La Moneda confirmaba que, desde hace mucho tiempo, en Chile la alternancia en el poder era un gran simulacro. ¡Cuatro gobiernos supuestamente democráticos tuvieron como protagonistas a las mismas personas!: en 2010 Bachelet le entrega la banda presidencial  a Piñera; en 2014, Piñera se la entregaba a Bachelet y en 2018, Bachelet se la entregaba de nuevo a Sebastián Piñera. Asistíamos así a la más grande de las comedias democráticas.

Totalmente seguros de que la derecha no tendría adversarios reales y que podrían apostar por otro periodo presidencial, durante el 2018 y parte de este 2019, Piñera y sus ministros ya no mostraban pudor alguno ante la ciudadanía: el Ministro de Educación invitaba a los apoderados de un colegio a organizar bingos y Piñera se mofaba de la defensa ciudadana al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y anunciaba la construcción de un “museo de la democracia”. En abril de 2019, el presidente pretende hacernos creer que los 30 años sin pagar las contribuciones de su casa de descanso en Caburga fueron producto de un olvido y que el viaje de negocios con sus hijos a China lo pagaron ellos y no todos los contribuyentes.  Durante todo el mes de junio,  la nueva Ministra de Educación, Marcela Cubillos se niega a negociar con los profesores en paro. En lugar de ello, el 2 de julio se toma un descanso para viajar a Coquimbo a contemplar el eclipse de luna junto al Presidente. La foto de ella junto al Presidente, su esposa Cecilia Morel y otros miembros del gobierno con gafas oscuras fue portada de varios diarios. ¡Debió haber sido ese el primer avistamiento de un eventual ataque alienígena!, para decirlo con toda la ironía posible. La historia de los ministros que nos llamaban a madrugar y a comprar flores para contrarrestar las alzas de precios ya es de todos conocida. ¡No son 30 pesos, son 30 años!, señalaba la consigna de las movilizaciones de octubre, impulsadas por el alza del pasaje del metro.

A pesar de la inquietud y la incertidumbre por lo que ocurrirá en el país, el llamado estallido social permite recoger tres importantes lecciones:

En primer lugar, muestra los límites de la democracia y la garantía de derechos en un sistema de corrupción transversal. Así también, muestra los límites del clivaje derecha izquierda para mapear la magnitud del malestar. Ante el colapso de todo el sistema institucional, la salida política a la crisis no será la victoria de un sector político sobre otro, sino de toda una sociedad que, más que abogar por el caos, como insisten en destacar algunos medios propiedad de los grandes grupos empresariales, clama por un nuevo pacto social que inaugure nuevas formas de convivencia democrática basadas en la garantía de derechos sociales básicos: salud, educación y una jubilación digna.

En segundo lugar, muestra de manera descarnada las consecuencias de la escandalosa concentración de medios de comunicación. Cuando cuatro grupos empresariales controlan el 90% de los medios de comunicación, según lo señala un estudio del Consejo Nacional de Televisión (CNTV) en 2015, podemos entender la cobertura de la movilización social: siempre centrada en el daño a la propiedad privada y no en las violaciones a los Derechos Humanos. Con amplia cobertura para el desayuno del presidente con carabineros, para las carabineras quemadas, pero ninguna para los cientos de heridos en las manifestaciones, ni para los cabildos. Con distintos soportes tecnológicos hacen, en pleno 2019, las mismas operaciones desviacionistas que la prensa dictatorial.

En tercer lugar, el rechazo masivo a la militarización, el protagonismo de las marchas y de los cabildos ciudadanos muestran un proceso de democratización de la sociedad civil que contradice los resultados de las propias encuestas del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En su tercera encuesta del 2015, el INDH señalaba que a un porcentaje importante de la población  (20,5%) le daba igual un régimen autoritario que un régimen democrático. En la cuarta encuesta de 2018, hacen notar su preocupación por la asociación que hacen los encuestados entre derechos civiles y políticos con ideas de orden y seguridad. La aceptación de la detención por sospecha alcanzaba una aprobación de un 46,4%. Sin embargo, los hechos muestran de manera consistente que la simpatía por las ideas de autoridad no resiste la restricción de facto de las libertades públicas en un Estado de emergencia que busca contener una movilización social legítima. No obstante, el itinerario de la represión durante el Estado de Emergencia y en las últimas semanas muestra también las enormes deficiencias de las políticas de derechos humanos, las cuales se centraron en la reparación limitada de las víctimas directas y sus familiares. Pese a los tímidos intentos de los gobiernos democráticos,  las FF.AA y de orden nunca se subordinaron realmente al control civil. Continuaron con su enclaustramiento que explica su distanciamiento con el resto sociedad; los millonarios fraudes al fisco y lo que es peor; siguieron siendo entrenadas en la lógica del enemigo interno.  Hoy no dan ninguna garantía real de no repetición de los crímenes de lesa humanidad que cometieron en el pasado.

¿Cuál es entonces la salida política al conflicto? Es una pregunta que hoy nos preocupa a todos y que no tiene respuesta en la actual crisis institucional, frente a un poder ejecutivo completamente desautorizado y un poder legislativo que no tiene la credibilidad para llevar adelante las reformas políticas que Chile requiere. La única salida posible es el plebiscito para una Asamblea Constituyente.  Pero, ¿puede efectuarse ese plebiscito sin la renuncia del Presidente?, es una pregunta sin respuesta clara todavía. En estos días abundarán los oportunistas del mundo político e intelectual; esos que ahora aspiran a conducir los cambios a los que antes se negaron. Esos que dicen “yo advertí esta crisis en investigaciones pasadas”.  Si alguien lo hubiera advertido de manera seria, no estaríamos en esta situación.

Lo único certero es que las crisis nos obligan a tomar posición. Y en  esa toma de posición, algunos se juegan su vínculo con las elites, mientras una inmensa mayoría sale en defensa de la ciudadanía y los derechos humanos. Los más calculadores, tomarán palco y esperarán pacientemente del lado de quién se inclina la balanza para profitar del triunfo del grupo vencedor. Habrá que estar atentos y vigilantes.