La segunda transición

“Hegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen, como si dijéramos, dos veces. Pero se olvidó de agregar: una vez como tragedia y la otra como farsa”,

Karl Marx.

No hace falta comentar el desglose del acuerdo que anoche suscribieron un grupo de partidos políticos, desde la UDI hasta el Frente Amplio (con la honrosa excepción del Partido Comunista), congregados en las dependencias del ex Congreso Nacional, para que quede en evidencia que nuevamente triunfa el consenso, los pactos cupulares y los arreglos institucionales, ahora en una cocina ampliada y en detrimento siempre de la movilización social. De hecho, por más que se pueda estar a favor o en contra de la –a estas alturas manoseada– Asamblea Constituyente, es irritante ver cómo los principales responsables de esta debacle que afecta a la mayoría del país por 40 años, devienen nuevamente protagonistas, igual que en 1988, y establecen los marcos normativos sobre los cuales el pueblo va a decidir, para que en realidad ratifique lo que ya antes otros han decidido en su nombre pero sin su concurso ni su reflexión.

En política los simbolismos son importantes y la jornada de ayer debe ser leída también a partir de esos aspectos. Mientras la mayoría del pueblo chileno dormía (señal de la total desconexión de la clase política con el sentir ciudadano), los medios tradicionales anunciaban con algarabía el humo blanco que emanaba de esta verdadera convención papal, y entonces el ex Congreso volvía a estar en el centro de la escena, como si –todavía capturados en la filosofía de la historia del capital– retrocediéramos en el tiempo para consolidar el régimen prevaleciente, pese a la novedad de algunos rostros (por cierto, en su mayoría hombres). Hay un mensaje de segregación implícito en el acuerdo, que nos dice que la política en Chile se construye por selectos grupos de poder especializados en la negociación, y que sólo a ellos podemos confiar nuestro destino. Para muestra un botón: “10) Los partidos que suscriben el presente acuerdo designarán una Comisión Técnica, que se abocará a la determinación de todos los aspectos indispensables para materializar lo antes señalado. La designación de los miembros de esta Comisión será paritaria entre la oposición y el oficialismo”.

Una pregunta incómoda que habría que realizar es qué tan democrática puede ser una Asamblea Constituyente que está regida por un sistema electoral que favorece a los grandes grupos de poder, y es controlado por ese mismo Servel que se negó a prestar apoyo a la consulta municipal, hecho paradójico en la medida que los municipios son los organismos con mayor capacidad representativa a diferencia del Congreso y los otros poderes del Estado.

Bajo esa lógica, lo constituyente de la asamblea va a disiparse y dará paso a un subparlamento que además, por si fuera poco, estará condicionado por una regla de quórum de 2/3, la misma que durante años sirvió como bloqueo para realizar reformas constitucionales. Sin ser pájaros de mal agüero, lo que puede proyectarse es un panel de expertos dotado de importantes constitucionalistas, economistas y otros profesionales y personalidades con inserción institucional afines al lobby, mientras que Piñera y su gabinete seguirán gobernando, colgándose del acuerdo para limpiar su ensangrentada imagen. El problema de Chile es que su democracia está pensada desde la perspectiva del proyecto oligárquico, y es por eso que al pueblo se le atribuye un rol fundamentalmente electoral y también como masa de maniobra.

Además de los simbolismos, otra dimensión decisiva en política es el uso del tiempo. De ahí el “ultimátum” que la DC entregara al gobierno, que no es una amenaza sino un golpe de timón a un capitán que llevó al Titanic chileno a colisionar con el mismo iceberg (ese que en 1992 fue llevado a la ExpoZevilla) que por décadas lo representó ante el mundo como un país confiable para los inversionistas e institucionalmente estable, eficiente en el intercambio comercial y con un pueblo “responsable” (sometido) ante los dictámenes de la democracia corporativa del capital financiero.

Si durante tres semanas la clase política estuvo arrinconada y con un escaso margen de maniobra, este acuerdo le permite estabilizarse y recuperar el aliento en medio de la contienda. El anuncio del plebisicito para abril del 2020 y las elecciones para la Asamblea Constituyente en octubre de ese mismo año (coincidentes con las elecciones municipales) les permiten influir en los plazos que han estado dirigidos, durante el transcurso de la revuelta, por la iniciativa de la que ellos llaman “calle”, con lo cual buscan aumentar las posibilidades a su favor y el control sobre la acción de las y los movilizados, para jalonar decisiones que favorezcan la restauración del orden y la autonomía institucional (su no condicionamiento a la presión social). Esta “batalla del tiempo” dependerá de que el acuerdo surta efecto como imperativo desmovilizador, que es en el fondo lo que busca, porque el acontecimiento del estallido social ha fisurado la normalidad temporal y sus modalidades de administración institucional. Pero, como sea, es una peligrosa apuesta que deberá ser evaluada sobre la base de sus resultados efectivos.

Por eso no se trata únicamente de un acuerdo político sino que también de un pacto comunicacional. Una reunión a puertas cerradas donde, a la vez, están presentes los medios de comunicación tradicionales que le permitían al pueblo ser espectador, puesto que la capacidad de influencia de esta reunión dependería de las expectativas que generara en favor de recuperar en dosis mínimas la defenestrada confianza que arrastran consigo las instituciones políticas. En ese sentido se puede hacer un parangón histórico con el plebiscito y la campaña del No, que obedece su éxito en gran medida al rol central asumido por la televisión, como parte del fenómeno de mediatización de la política. De “la alegría ya viene” a “los tiempos mejores”, ahora comienza a perfilarse la promesa de “un nuevo Chile”.  

De las tantas frases para el olvido que son atribuidas a Piñera, hay una que es preciso recordar en estos instantes. Cuando se cruzó la banda presidencial, prometía llevar adelante una “segunda transición” que condujera a Chile al desarrollo de aquí al 2025. En el momento más álgido de las protestas y con una agenda social insuficiente para dar respuesta a las demandas, no sólo se reúne con los timoneles de los partidos de la ex Concertación, sino que también se da el tiempo de convocar a Frei, Lagos y conversar por teléfono con la ex presidenta Bachelet. Piñera y su coalición buscaban la síntesis que combinara represión y expectativa, fuerza y consentimiento, es decir hegemonía.

Esas reuniones indudablemente fueron decisivas, porque la Transición no fue un periodo de nuestra historia sino que sobre todo un conjunto de fórmulas políticas y pactos simbólicos capaces de procesar, ahora, la mezquindad sectaria y empresarial de la UDI y obtener rendimientos de la ingenuidad claudicante de algunos sectores del Frente Amplio convencidos de ganar liderazgo moral e intelectual en esta pasada. La máquina transitológica que anoche operó a sus anchas en las dependencias del ex Congreso Nacional dejará secuelas, porque su despliegue consiste en anunciar que todo cambia para hacer que nada cambie. La UDI es derrotada políticamente en su afán obstaculizador frente a la Asamblea Constituyente, pero también el Frente Amplio en su vocación de representar a una ciudadanía negociada mediante un acuerdo cuya aplicabilidad orientada por la letra chica, lo volverá una gran decepción política en el futuro próximo. Tal como la obra gruesa de la dictadura se desarrolla a través de una gubernamentalidad democrática, se buscará que la Constitución de Pinochet se mantenga vigente por medio de un cambio constitucional.

Por último, aunque es necesario insistir que la Asamblea Constituyente es un horizonte deseado, también es importante reconocer que, haciendo una mixtura entre economía y guerra, la soberanía del capital financiero es un estado de excepción. Prueba de ello son las tantas iniciativas empresariales que una vez desplegadas y posicionadas en el mercado (como el capitalismo de aplicaciones), recién se da paso a la legislación sobre su marco normativo. Ello indica que el mercado establece de facto sus condiciones para determinar el marco constitucional que lo rige. Por eso hay que asignar a la Constitución la relevancia que le corresponde, y sospechar al menos de que si el neoliberalismo se originó en Chile mediante una dictadura ¿va a ser superado pacíficamente?