Una mirada de futuro para el financiamiento de salud en Chile

Recientes datos publicados por la OCDE vienen a confirmar que los costos en salud son cada vez más altos y que el gasto en salud superará el 10,2% del PIB al 2030, como promedio, en los países OCDE.

Por su parte, OPS señala como una de las cuatro líneas estratégicas para avanzar hacia Salud Universal, la de “Aumentar y mejorar el financiamiento, con equidad y eficiencia, y avanzar hacia la eliminación del pago directo que se convierte en barrera para el acceso en el momento de la prestación de servicios”. El gasto de bolsillo (el que paga cada persona) llegó a un 35,1% del total del gasto en salud en Chile el año 2018, mientras que en toda la OCDE fue de un 20%. Es decir, de cada $100.000 que se gasta en salud, $35.100 corresponden a pagos directos que realizan las personas (sin considerar la cotización).

Nuestro país está lejos de contar con los recursos para la salud que la población requiere y exige hoy con más fuerza que nunca (ya sea porque está más envejecida, con enfermedades crónicas y/o porque nuestros hábitos son poco saludables). Los déficits estructurales, que se reflejan en inequidades para el acceso y resultados en la población chilena, no se han logrado superar en estos años, a pesar de múltiples esfuerzos. Comprender las causas requiere de serenidad, análisis crítico y capacidad de todos y todas para mirar luces y sombras del pasado, lecciones aprendidas y también, por qué no decirlo, responsabilidades.

La urgencia de hoy, con las demandas ciudadanas resonando con fuerza en las calles nos desafía a escuchar más que nunca y a ponernos a disposición de la  ciudadanía, haciendo propuestas con mirada de presente y futuro.

Asumir la Salud como lo que realmente es, un Derecho, significa también aumentar el financiamiento del sistema de salud pública -entendiéndolo como inversión y no gasto- y mejorar los mecanismos de asignación de estos recursos, de forma tal que los incentivos estén diseñados en la dirección correcta: se orienten a la anticipación del daño en salud, en el enfoque de determinantes sociales, en el trabajo en red entre los distintos niveles de atención y en la resolutividad de la Atención Primaria. Centrarse en las necesidades de la población implica poner los recursos en aquello que la población requiere.

El año 2017, Chile invirtió el 9% de su PIB en Salud. Un 4,5% fue gasto público y un 4,5% fue gasto privado (cotizaciones obligatorias y adicionales de ISAPRES, seguros complementarios a empresas de seguros y gasto de bolsillo en salud de los hogares). Según la Encuesta CASEN 2017, un 78% de la población está en FONASA, un 14,4% en ISAPREs, un 2,8% corresponde a las Fuerzas Armadas, otro 2,8% no tiene afiliación (un 2% no sabe). En simple, sólo la mitad de todo lo que se invirtió en el país en Salud el 2017 fue al 78% de la población, población que además está más enferma, más envejecida y corresponde a segmentos de menor ingreso económico. Esta segregación e inequidad es imposible de mantener en el nuevo Chile.

Hay un amplio consenso social respecto de que los objetivos en el corto plazo en salud son: que se destine un 6% del PIB al gasto público en salud (aunque no basta solo con el aumento, sino definir en que se va a invertir ese aumento), contar con un seguro único y universal, que funcione bajo la lógica de la seguridad social y no como una industria más, aumentar el financiamiento a la Atención Primaria de Salud y que la nueva Constitución Política establezca el derecho a la salud.

En este orden de ideas, y con humildad, proponemos dos ideas -adicionales a las que hemos visto en otras propuestas- para el debate público.

Primero, para el financiamiento adicional a la Atención Primaria, junto con el aumento del per capita, se requiere re evaluar los indexadores -que incrementan este monto por persona- de manera de considerar la vulnerabilidad de la población y la acumulación de daño en salud (a comunas con mayor vulnerabilidad, mayor financiamiento). En esta línea, se debiera desarrollar un tercer asignador de recursos a los municipios (sumado al per capita y al financiamiento de programas desde el Ministerio de Salud), que se distribuya en base a medición de indicadores de resultados de acciones de prevención y promoción, como población sana, pacientes crónicos compensados y hospitalizaciones evitables, de manera de poner incentivos en estos aspectos.

Segundo, para el financiamiento del Seguro Único, contar con un sistema único de recaudación, y modificar el tope imponible de salud, actualmente es de 79,2 UF mensual ($2.185.000 aproximadamente), igualándolo al tope del Seguro de Cesantía, que es de 118,9 UF ($3.280.000 aproximadamente), lo que implicaría un aumento en la recaudación y un incremento en el aporte de un grupo de trabajadores y trabajadoras con mayores sueldos a este fondo solidario.

Este movimiento social también debería convertirse en el espacio propicio para que podamos compartir y debatir propuestas, y soñar entre todos y todas un mejor país, con más salud para su población.