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Acta del Cosena revela motivos de Piñera tras Estado de Emergencia: “Si no se hubieran decretado, no habría cumplido con su deber”

Por: El Desconcierto / Publicado: 19.11.2019
Fuente: Prensa Presidencia. / Fuente: Prensa Presidencia.
El documento explicita la disconformidad de los presidentes de ambas Cámaras al llamado del Consejo de Seguridad Nacional, como también la falta de justificación hecha por el Contralor Jorge Bermúdez. Además, los altos mandos de las Fuerzas de Orden y Seguridad apuntaron a Carabineros y la Policía de Investigaciones como los principales responsables por la ausencia de inteligencia preventiva frente al estallido social.

El pasado jueves 7 de noviembre el Presidente Sebastián Piñera convocó al Consejo de Seguridad Nacional. La medida fue una respuesta a las movilizaciones que, para entonces, cumplían aproximadamente tres semanas.

De acuerdo al acta, publicada en la página de presidencia, el Consejo contó con el quórum completo para sesionar. Es decir, hasta el palacio de gobierno llegaron el presidente del Senado y de la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, el general director de Carabineros y el Contralor. Además asistieron los ministros de Interior y de Defensa.

El Presidente, primero en tomar la palabra, reconoció que “el Gobierno ha hecho sus mejores esfuerzos para escuchar las demandas ciudadanas y ha propuesto una agenda social, recogiendo proyectos de ley presentados por parlamentarios y otros del Ejecutivo. Asimismo, señala que los hechos de violencia y vandalismo que hemos observado sen estos días han producido un gravo daño al país y a los ciudadanos, con grave impacto en la confianza ciudadana y la capacidad de crecimiento de la economía, frente a lo cual el gobierno ha propuesto una agenda de seguridad ciudadana”.

Sobre el decreto de los Estados de Emergencia, Piñera argumento que lo hizo en función de “la protección de los derechos humanos de las personas, en toda su dimensión”. La forma en la que se configuró la decisión fue por conversaciones con los ministros de Interior y Defensa. En esa línea, se instruyó a los jefes de defensa regionales (Metropolitana, Valparaíso y Biobío) “aplicar en forma estricta de las reglas del uso de la fuerza, que cumplen con los estándares internacionales y que acogen los planteamientos de organismos de derechos humanos”.

Luego de esas reuniones, el Presidente se reunió con Sergio Micco, director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), para “ofrecer toda la colaboración necesaria para el cumplimiento de su mandato legal y facilitar el acceso a todos los lugares y recintos necesarios para cumplir con dicho mandato”. También hubo diálogo, según la misma acta de Cosena, con los ministros Andrés Chadwick (entonces titular de Interior) y Alberto Espina, de Defensa. “El Presidente señala que el INDH ha gozado de amplia autonomía para investigar y denunciar situaciones que pudiesen representar abusos o delitos”.

El Presidente señaló que la Defensoría Penal Pública fue reforzada, se tomó contacto con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (la expresidenta Michelle Bachelet) y la ONG Human Rights Watchs, “para que envíen misiones de observación en terreno a nuestro país”. Contó también que había colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre las causas relativa a derechos humanos, se instruyó al Ministerio Público y a los Tribunales de Justicia “ejercer sus funciones con la mayor celeridad en causas relativas a derechos humanos”. Agregó también que ambas instituciones “han mantenido, en todo momento, su independencia para investigar y juzgar la existencia de abusos o delitos cometidos por personal uniformado”. Además, el Presidente “ha tomado un conjunto de medidas correctivas, incluyendo la revisión periódica de los protocolos para el mantenimiento del orden público”.

De acuerdo al criterio presidencial, “si no se hubieran decretado los Estados de Emergencia, no habría cumplido con su deber, dada la grave situación de violencia que vivía el país y su impacto sobre el orden público y la seguridad ciudadana”.

Efectivamente, el entonces presidente del Senado, Jaime Quintana, señaló que “no comparte la convocatoria al Consejo. Señala que lo que existe hoy es un problema de orden público que se debe solucionar con las herramientas con que cuenta el ordenamiento jurídico. Solicita además que el acta de la sesión sea pública”. Reconoció también que “la solución, a su parecer, pasa por abrir los canales de participación para la aprobación de una nueva Constitución”.

La respuesta del Presidente, sin embargo, fue en la línea de los efectos a la vulenración de los Derechos Humanos y no tanto al cambio constitucional.

Luego habló el Contralor, quien, en la vereda del senador Quintana, no le pareció la convocatoria del Cosena: “Expresa que se trata de un resabio de una época pretérita de nuestra República, en que el poder civil estaba supeditado al poder militar. En su opinión, no habría argumentos para entender que estamos frente a un problema de seguridad nacional, ya que aquí hay un problema de orden público, lo que amerita otro tipo de soluciones”. A modo de diagnóstico sobre el accionar del Ejecutivo, el contralor Jorge Bermúdez indicó que “poco se sabe sobre qué falló para que el país llegara a la situación en que está. Se gastan muchos recursos en Inteligencia, por lo que le gustaría saber qué ocurrió y porque no se tomaron medidas preventivas para evitarlo”.

Tampoco compartió la convocatoria el presidenta de la Cámara de Diputados, Iván Flores. Respecto a la ausencia de accionar preventivo, apuntó a que ocurrió porque “la Inteligencia está atomizada en las distintas ramas de las policías y Fuerzas Armadas, por lo que existe un problema frente a la capacidad de adelantarse a los hechos”.

El comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, señaló que si ellos no hicieron inteligencia, fue porque aquello “vedado realizar operaciones de Inteligencia interna, solo residual respecto a Carabineros o la PDI. Sugiere que se avance en una Ley de Inteligencia, y así poder adelantarse a las acciones disruptivas”. Admitió también que “estos días no son comparables con los primeros días de los Estados de Emergencia, sin perjuicio de que se mantiene una sensación de inseguridad, aún cuando los actos pacíficos son muchos más que los vandálicos”.

El comandante en jefe de la Armada, Julio Leiva, dijo que en el accionar de los militares “ha existido un uso gradual y proporcional de las armas, con cautela por la vida de las personas”.

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Arturo Merino, coincidió también en que el sistema de inteligencia”debe ser modificado en cuanto a sus funciones y capacidades”.

El general director de Carabineros, Mario Rozas, reconoció 3.500 eventos de grave alteración de orden público “incluyendo incendios, saqueos y daños a la propiedad”. Para entonces, reconoció 1.180 carabineros lesionados, 200 con lesiones graves, 600 vehículos de la institución con daños. Sobre los manifestantes, contaron 3,4 millones de personas y más de 11 mil detenidos.

Rozas también destacó la relación con el INDH, precisando que “por cada querella que han presentado, se ha abierto un sumario interno. Es decir, por cada denuncia de abuso, se abre un sumario”.

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