El documento enfatiza que, tanto las Fuerzas Armadas (FF.AA.) como Carabineros, “fueron empleadas por el mandatario, no sólo para controlar hechos delictivos, sino que especialmente para reprimir la protesta social que se extendió por todo Chile” y que “utilizó el poder con el que cuenta como autoridad para controlarla, como herramienta para el despliegue del abuso normativo con prácticas de control inadecuadas y desproporcionadas”. Revisa en esta nota la acusación completa.
Este martes parlamentarios del Partido Comunista (PC), Partido Socialista (PS), Partido por la Democracia (PPD), de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS) y del Frente Amplio (FA) presentaron la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera.
El documento señala, en primer lugar, que ante las evasiones masivas que iniciaron los estudiantes la semana del 14 de noviembre, “la administración del Presidente decidió enfrentarlas, exclusivamente, mediante el uso de la fuerza pública. Desde un inicio el Gobierno desestimó las demandas de los estudiantes y las acciones de protesta, y no dudó en calificarlas como acciones delictivas.
Luego, una vez que el gobierno estableció Estado de Emergencia, señalan que, tanto las Fuerzas Armadas (FF.AA) como las de Orden y Seguridad, fueron empleadas por la autoridad presidencial, no sólo para controlar hechos delictivos, sino que especialmente para reprimir la protesta social que se extendió por todo Chile”.
Por eso, indican que el Presidente “desestimó desde un comienzo la libertad del pueblo de poder manifestarse legítimamente mediante la protesta social, prohibiendo la dimensión colectiva de la protesta y utilizando el poder con el que cuenta como autoridad, para controlarla como herramienta para el despliegue del abuso normativo y prácticas de control inadecuadas y desproporcionadas, trayendo como consecuencia en lo sucesivo, el desborde de la institucionalidad del Estado de Derecho y lo principal, poniendo en riesgo la seguridad de todos los habitantes de esta nación”.
Según las cifras que presenta la acusación, al 18 de noviembre, el INDH reportó 6 querellas por homicidio, 7 querellas por homicidio frustrado, 66 por violencia sexual, 273 por torturas; 2.391 heridos en hospitales, de los cuales 1.482 lo fueron por armas de fuego (balas, balines, perdigones y otras no identificadas), 222 personas presentaron lesiones oculares y 1.021 sufrieron heridas por golpes, gases y otros.
En conclusión, señala el texto, se configuran actos que infringen abiertamente la Constitución y las leyes «al consentir que las Fuerzas Armadas y de Orden cometieran graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos consagrados y garantizados en la Constitución y los tratados internacionales firmados y ratificados por Chile«. Además, enfatiza que esto comprometió «gravemente el honor de la Nación». Por eso se le pide al Senado que, actuando como jurado, acoja la acción, en cada uno de sus capítulos, disponiendo la destitución del cargo del presidente.
El documento está basado en antecedentes proporcionados por el Colegio Médico, la Defensora de la Niñez, reportes del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), de organizaciones de derechos humanos y de Carabineros.
