Toda la verdad y toda la justicia: El deber ético sobre la acusación constitucional contra Piñera

Han sido días de enorme intensidad, donde millones de personas se han manifestado día a día contra los abusos, contra años de mentiras de una institucionalidad que cayó en el ombliguismo y de un modelo que se dedicó a atar las vidas de las chilenas y los chilenos. Eso es lo que despertó en las últimas cuatro semanas, un mes de estallido social que nos sorprendió a todos y todas y que permitió mover los límites de lo posible.

En este período, la gente ha dejado en evidencia los déficits de la actual institucionalidad, dejándola en un jaque absoluto, en un tablero que, sin darnos cuenta, se volteó en favor de quienes siempre fueron dejados de lado y que hoy han instalado un momento destituyente del que no es posible tomar temperatura ni dimensiones.

Hemos reclamado la falta de propuestas del gobierno de Sebastián Piñera, la sensación de desgobierno y la incapacidad de responder a las demandas que las chilenas y chilenos han puesto sobre la mesa. El gobierno, solo ha entregado por respuesta una larga lista de supermercado de urgencias legislativas que sólo desconocen la profundidad de las manifestaciones de la gente, mostrando la indolencia de quien, lleno de privilegios no es capaz de ver este otro Chile. Y, por otro lado, ha dado manga ancha a la represión policial, la que hasta ahora tiene como consecuencias más de dos mil heridos, más de doscientas personas que han sufrido mutilaciones por el uso de balines o perdigones y más de cincuenta querellas por abusos sexuales.

Estos hechos confirman la necesidad de impulsar la acusación constitucional contra Piñera, por lo que hemos puesto, desde el primer momento, a disposición parte de nuestro equipo para el desarrollo del trabajo en la confección del libelo acusatorio requiriendo muchas horas de trabajo para ingresar un documento serio y responsable que se haga cargo de la gravedad de las denuncias de violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte de agentes del Estado y que sea capaz de representar a cada una de las víctimas y sus familias. Tenemos la responsabilidad ética y política de ser parte de esta acción parlamentaria, porque la promoción y defensa de los derechos humanos es una prioridad, un deber ético intransable y una responsabilidad política impostergable.

Creemos que el presidente Piñera debe responder por cada uno de los casos que hemos presentado, donde queda en evidencia el abandono de la política para resolver los conflictos y la determinación de una doctrina de violencia y represión, que deja las garantías a los derechos humanos de cada ciudadano y ciudadana en segundo plano, en post del orden social. Desde Comunes tenemos la convicción de que siempre y ante cualquier contexto -incluso de crisis profunda- debe primar la garantía de los derechos fundamentales como deber constitucional del presidente de la República. Por eso, junto a diputados y diputadas del Partido Comunista, Frente Amplio y del resto de la oposición hemos sido enfáticos y claros en manifestar nuestro apoyo.

Tenemos claro que este proceso de acusación constitucional no responde a intereses personales ni búsquedas de innecesario protagonismo, menos para fines mediáticos que lo transforman en un show comunicacional. Por lo mismo, hemos esperado a tener un documento serio que sea capaz de pasar la admisibilidad, porque estamos convencido que con los derechos humanos no se juega ni se transan.  Al mismo tiempo, hemos dado todo nuestro apoyo a las movilizaciones, incluso por esa razón fuimos junto a los diputados Boric, Winter y la bancada del Partido Comunista acusados por parlamentarios de extrema derecha al Tribunal Constitucional para que evaluaran nuestra destitución, cosa que finalmente no prosperó.

Junto con eso, nos hemos puesto a disposición de la comunidad para reunirse y hemos trabajado intensamente, junto al equipo jurídico del partido Comunes en una serie de acciones judiciales, donde algunos resultados ya se encuentran a la vista: las Cortes de Apelaciones de Concepción y de La Serena han ordenado detener el uso de balines, perdigones y gases por parte de Carabineros. Todo esto con la firme convicción de ponernos a disposición de quienes han sufrido de abusos y violaciones a los derechos humanos.

Hemos impulsado la Comisión Investigadora que se hace cargo de la persecución policial de la que han sido víctimas los líderes sociales más importantes de nuestro país, que son de público conocimiento por las filtraciones del llamado Pacoleaks. Finalmente, seguiremos impulsando y no retrocedemos en la iniciativa de formar una Comisión Permanente de Verdad, Justicia y Reparación por las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que no permitiremos queden impunes.

Este martes, cerramos la primera etapa de la acusación constitucional con su ingreso en el Congreso. Luego viene defenderla de los seguros ataques que vendrán de diferentes sectores y ponerla a disposición de la gente que se ha movilizado, para que tome conocimiento y el peso de la responsabilidad que significa llevar adelante esta acción. Hacer de esta acción parlamentaria un acto colectivo es fundamental para que adquiera la fuerza impugnatoria suficiente para que el Presidente responda por sus actos.

La defensa de los derechos humanos es nuestro horizonte y no lo transamos. Hasta que tengamos toda la verdad y toda justicia.