Opinión

Adiós a los niños de octubre: La responsabilidad de policías y militares

Por: Giovanna Flores Medina / Publicado: 20.11.2019
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Que la infancia esté en la mira de las policías y las Fuerzas Armadas, —como objeto de abusos o crímenes sistemáticos y generalizados—, y se haga exhibición violentista y política de ello, significa que se desdeñan por completo, tanto el deber de la memoria (en especial, para aquellos países con historias recientes de impunidad y justicia transicional), como también las tres premisas de la dogmática jurídica que protegen su integridad y su libertad frente a toda autoridad que controle la fuerza y la Justicia: la niñez es inerme, indemne e inimputable.

Jouma es un niño kurdo de cuatro años y nueve meses que sueña con volver al campo —donde cree le esperan sus pequeños conejos—, y vestir de rojo, porque todo lo bello «É rosso come il cielo». Así le han enseñado las enfermeras italianas que llevan meses atendiéndolo. Vive en una zona de refugiados en Beirut, el Líbano. Todos le conocen en el barrio. Su dulce y, a veces, imperceptible voz no deja de anunciar—según la traductora— que «está feliz, muy feliz por las visitas». La cámara del reportero de la BBC, entonces, enfoca un primer plano de él, pero sus manos tiemblan. Contará después que estaba estremecido y evitaba llorar para no desconsolar a la familia que le acoge en su única habitación. ¿Por qué? El drama es que el tierno protagonista ha quedado completamente ciego y su rostro está desfigurado por el ataque de fuerzas sirias contra el bus de ayuda humanitaria que lo transportaba junto a su familia. Y, ante las noticias pregunta: ¿por qué los soldados les quitan sus ojos a los niños?

Su nombre y los videos editados para los programas de TV. se viralizaron rápidamente a principios de septiembre. De inmediato, las redes de Internet lo erigieron en el nuevo ícono de la criminalidad de guerra y de lesa humanidad en contra de la infancia, y en caso de estudio para los órganos de la ONU. Antes estuvieron las imágenes de Aylen Kurdi, encontrado muerto en la playa tras naufragar la nave en la cual viajaba junto a su insegura madre; de Omran Daqneesh, que permanecía ensangrentado en una camilla tras un infernal ataque áereo contra Alepo, y pernoctaba solo con su hermana, ya que los adultos estaban en una fiesta; y el video del niño que sufre —en el anonimato del único gran hospital de Damasco— la terrible noticia de haberse quedado ciego y mutilado de sus manos (por haber manipulado una bomba), mientras su padre lo consuela. Todos menores de 10 años. Víctimas del averno sirio y de unos progenitores que, para la masa de comentaristas de las redes, no les cuidaron lo suficiente.

Sin embargo, en pleno 2019 y a exactos 30 años de la aprobación de la Convención Internacional de Derechos del Niño, existen otros limbos políticos creados artificialmente —que ni siquiera son permanentes, sino coyunturales—, en los cuales los gobiernos deciden redefinir los límites del derecho internacional de DD.HH. bajo los preceptos de alcanzar una falsa paz. Los propósitos lindan en la autoimpunidad y los modus operandi se exportan desde el Medio Oriente. Para ello, basta que el Ejecutivo que enfrenta una crisis social, —sea una democracia liberal o sea un gobierno de transición—, omita ejercer el debido control sobre las acciones de las Fuerzas Armadas y las policías, como es nuestro caso. Así, escudados en el discurso precario de que la represión es legítima y la violencia policial obedece a situaciones aisladas de criminalidad común, lo que se hace es ocultar que tales actos son figuras tipificadas como violación de DD.HH. e incluso crimen de lesa humanidad, ya para el sistema universal, ya para el nacional.

Las policías y FF.AA. al acecho de la infancia: la exhibición triunfalista y global de la violencia

Chile y Bolivia, con sus actuales revueltas sociales, han resignado en la perplejidad a los especialistas de foros globales con la regresión a tiempos de sus dictaduras. Nicaragua y Brasil, con la persecución a los hijos de activistas, pretende descabezar a la oposición. La Franja de Gaza bajo ocupación israelí —legitimada por EE.UU.— y sus crímenes selectivos pretende limpiar la raza y el territorio de futuros soldados de la fe. El norte de China con la minoría Uygur sometida abiertamente a eugenesia cultural y biológica devela la horrible solución final. Los migrantes menores enjaulados en centros de la frontera de EE.UU. y su máquina institucional para deportarlos a todo evento no tienen precedente. O, perseguidos rohingyas de Myannmar a quienes, además de la condena al genocidio, se les trafica con diversos fines y su peso, su materia corpórea, se transa en libra. Un extenso catálogo de criminalidad que cuenta entre sus víctimas a niños y adolescentes cuya esfera de derechos resulta ser una entelequia (tortura, violencia sexual, mutilación de ojos y manos o ejecuciones ilegales, tráfico de órganos, por ejemplo). Y como dato de la urgencia en el debate de DD.HH: en la última década, este año ha sido el que cuenta con mayor documentación audiovisual, certificada y no ante instancias internacionales, sobre la violencia del Estado contra la infancia en contextos de revuelta social y crisis (estados de paz), y no de guerra en el mundo. Para la Unesco ese debiera ser material y patrimonio de la memoria universal.

Que la infancia esté en la mira de las policías y las Fuerzas Armadas, —como objeto de abusos o crímenes sistemáticos y generalizados—, y se haga exhibición violentista y política de ello, significa que se desdeñan por completo, tanto el deber de la memoria (en especial, para aquellos países con historias recientes de impunidad y justicia transicional), como también las tres premisas de la dogmática jurídica que protegen su integridad y su libertad frente a toda autoridad que controle la fuerza y la Justicia: la niñez es inerme, indemne e inimputable. Ello indica que todo niño, en cualquier parte del mundo y con independencia de sus acciones e ímpetus, debe ser considerado inerme, es decir desprovisto de armas de defensa y de ataque frente a los adultos. El que detente indemnidad, es una garantía que implica el deber de los adultos de abstenerse a responder o a actuar contra ellos, porque su esfera de derechos está en jerarquía superior a otros bienes jurídicos en conflicto. Y, que los menores de 14 años sean siempre inimputables entraña que no sean responsables penalmente de los ilícitos que cometen, porque no están en condiciones de comprender su accionar o las consecuencias de éste.

De cómo esos principios y los derechos que consagra la Convención ya referida, se han violentado desde el 18 de octubre en Chile, da cuenta la presentación que hiciera Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez ante la Comisión Interamericana de DD.HH. en Quito el pasado 11 de noviembre: «Los balines de goma se usan no en hechos violentos, no como reacción activa, sino que indiscriminadamente contra personas que nada hacen en contra de personal policialLamento profundamente que el Estado de mi país se permita sostener ante esta comisión situaciones que no se condicen con la realidad que hoy niños, niñas y adolescentes en Chile están viviendo».

Y ese fue el punto de inflexión en lo que había sido el discurso de las autoridades de la institucionalidad de defensa y promoción de los derechos humanos hasta ese momento. Las detenciones arbitrarias y retenciones de escolares que se movilizaban en sus colegios o en las calles; las denuncias por abusos sexuales; la represión con disparos directos a los cuerpos de menores de edad e incluso provocando lesiones oculares indiscriminadas que alertan sobre una práctica nueva (la mutilación), nos evocan la criminalidad de la dictadura, pero también son espejo del horror constante de otras latitudes. Memoria, culpa y responsabilidad por violaciones y crímenes de lesa humanidad son temas universales que, en relación a la niñez y la adolescencia, hoy no pueden mantenerse en la impunidad absoluta y menos ser objeto solo de la justicia pactada y ad hoc de las transiciones.

La memoria de la infancia chilena sin DD.HH.: De Ranquil a Pampa Irigoin y los niños de la dictadura

Largo Viaje (1967, Patricio Kaulen) es la única película neorrealista de nuestro país que se centró en las vivencias de un niño en el Santiago de los conventillos y los vicios de la pobreza: la muerte del hermano recién nacido, el funeral con tradiciones campesinas, el hambre y el alcoholismo, la predominancia de los ancianos, y la indiferencia de los citadinos acomodados. El personaje principal deambulaba por la ciudad buscando al padre y al pequeño ataúd con la esperanza de entregar las alitas de papel al fallecido para que pueda entrar al cielo. El suyo, era el retrato de la primera generación que comenzaba a conocer el derecho efectivo a la educación y una institucionalidad pública que no le proveía caridad, sino prerrogativas reconocidas en la Declaración Universal de DD.HH. Sin embargo, aquello se desmanteló en menos de una década. El golpe militar trajo consigo la maquinaria institucional de los consejos de guerra, primero; siguiendo con las ejecuciones sumarias y no selectivas, y después la persecución focalizada en inteligencia. Y eso incluyó a niños y adolescentes. El número no es lo importante sino la acción dolosa, concertada de agentes del Estado en su contra.

No obstante, hubo otros antecedentes históricos, por ejemplo, de la represión de Carabineros que han formado parte de los llamados —por la doctrina—, crímenes de lesa humanidad antiguos. El listado ofrece casos emblemáticos que hasta hoy se comentan por la impunidad en que han permanecido y por la inclusión de víctimas lactantes, niños y adolescentes: las masacres de Ranquil en 1934 y de Pampa Irigoin de 1969 son representativas de cómo la brutalidad fuera de toda autorización, que no fuera la política, formaba parte de la excepcionalidad de seguridad interior del Estado. Y que, siendo abordadas como meros excesos, hoy pocos discutirían que no habilitan a invocar el derecho a la memoria para sus víctimas. Sobre todo, porque los niños y adolescentes no tenían ningún valor preponderante a esa época, y hoy sí se les reconocen sus libertades y derechos en igualdad con los adultos. Y ese es el camino que han seguido las madres de Pampa Irigoin al denunciar en el pasado agosto al Estado Chile ante la Comisión Interamericana de DD.HH.

Avanzada la década del 70, tras el golpe, las primeras ejecuciones sumarias fueron cometidas por civiles y efectivos de Carabineros o militares en conjunto. En especial, en zonas agrarias, las torturas, homicidios e inhumaciones colaborativas entre agentes del Estado y terratenientes tuvieron a adolescentes y niños entre sus víctimas. Las masacres de Santa Bárbara y Mulchén y las de Neltume, conmovieron a cada uno de los jueces que tuvieron que investigarlas. La inhumanidad que precedió a la muerte de esos campesinos y obreros, fue todavía más cruel con los infantes: desde obligarlos a comer excremento, hasta atarlos a carretelas, o pasarles por encima las máquinas trilladoras. No quedarían, luego, ánimos de insurrección alguna.

René García Villejas, el juez que escribió el libro Soy Testigo, detalló estos casos y causó revuelo en el sistema de justicia de la OEA. La razón: con el tiempo, las denuncias de El Salvador, de Guatemala, de Argentina, Paraguay y Uruguay develarían que eran las prácticas del nazismo en la zona de la ocupación de Europa del Este que se habían replicado en América para escarmentar e infundir el miedo: la mayor violencia debía ser contra niños. La barbarie se heredaba y se amparaba por las dictaduras.

Sin embargo, habrá tres crímenes emblemáticos que han impactado por sus modus operandi de violación absoluta de los principios de la inermidad, indemnidad e inimputabilidad de niños: los ángeles de Guayacán y Rodrigo Anfruns. Los primeros, eran Rodrigo Palma (8) y Jimmy Christie (9) que desaparecieron de su barrio mientras jugaban la tarde de 24 de diciembre de 1973. Cuatro años después, sus cuerpos fueron encontrados por otros niños, enterrados en un lugar cercano a sus casas. Aunque la justicia sobreseyó el caso, sus familias y la comunidad de Guayacán siguen convencidas de que fueron asesinados por militares del Regimiento “Arica” de La Serena. En cambio, Rodrigo Anfruns —hijo de la elite política de oposición— fue encontrado muerto en 1979 y con indicios de tortura, como parte de una vendetta de la CNI. Todos siguen en la impunidad, pese a existir la férrea voluntad de sus familias de ejercer su derecho a la verdad.

Con todo, las víctimas infantiles del gobierno militar alcanzan casi a 500. El Informe Rettig certifica 307 casos de menores de 20 años ejecutados, niños de seis meses hasta la adolescencia, de los cuales se desprenden 75 casos de infantes detenidos desaparecidos. Por su parte, el Informe Valech sumó un anexo con 102 casos titulado “Menores de edad detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”.

Las deudas de las garantías efectivas a la infancia

En Chile, desde el año 1990 está vigente la Convención Internacional de Derechos del Niño y progresivamente las políticas con enfoque de derechos, así como la judicatura han incorporado estándares de carácter internacional. Seguridad alimentaria, acceso a la educación, salud con garantías explícitas para enfermedades crónicas, y promoción de sus derechos han sido verdaderos triunfos ante la adversidad si observamos la miseria de Largo Viaje, cuando por primera vez se habló de los derechos humanos en nuestro país.

No obstante, aquellas materias que tiene que ver con la seguridad y la vulnerabilidad con sus transversalidades, como los niños del SENAME, son una fuente de violación de derechos humanos que no logra ser erradicada. Como tampoco lo es la violencia sistémica que se devela en periodos críticos como éste, donde policías y militares enfrentados a la infancia cometen acciones que pueden revestir el carácter de crímenes de lesa humanidad, según la Ley 20357 del 2009.

En efecto, la detención de 8 niños en Villa Alemana el 12 de noviembre, justo el día posterior a la presentación de la Defensora de la Niñez, abrió la sospecha sobre cómo no se valora de ningún modo el deber de respetar los estándares y normas internacionales. Sobre todo a vista y paciencia de la ONU y la OEA.

La judicatura nacional, sin embargo, a diferencia del Poder Judicial del régimen de Pinochet está comprometida y preparada para la aplicación inmediata de tratados internacionales. Quienes no han incorporado este lenguaje y sus límites son los otros estamentos del Estado.

En total se cuentan al 19 de noviembre 174 casos en que niños, niñas y adolescentes, a lo largo del país, han sufrido violaciones a sus DD.HH., entre los cuales hay 12 casos de heridos de bala, 26 heridos por perdigones y 5 niños con trauma ocular.

Si quiénes iniciaron esta revuelta fueron escolares que se movilizaron a través de la evasión del Metro, serán ellos los que deberán defender el estado convencional pleno de derecho: cada lactante, cada niño, cada adolescente tiene derechos y libertades que son superiores a cualquier norma nacional, y a cualquier fuerza policial o de seguridad que quiera ponerlos a raya.

Y eso ya es un salto de conciencia moral que los centennials de la campaña EVADE, tienen claro. Adiós a los niños de octubre es darle la bienvenida a los niños que creen en la sociedad de derechos garantizados.

El pequeño Jouma no es distinto al niño de la película Largo Viaje, y su aciago presente no es mejor que el de las víctimas de la dictadura; pero, esta revuelta ha demostrado ante el mundo que estamos en un punto de inflexión, donde ejercer los derechos de los niños no es una concesión de misericordia a cargo de los adultos, sino un ejercicio político y una lucha de ideas que vale la pena librar junto a ellos.

Giovanna Flores Medina
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