Política

Javiera Toro, presidenta del Partido Comunes, tras acuerdo por nueva Constitución: “Los Derechos Humanos no son objeto de negociación”

Por: Christopher Jerez Pinto / Publicado: 20.11.2019
Fuente: cedida. / Fuente: cedida.
Fue una de las cuatro firmas del Frente Amplio en el acuerdo por una nueva Constitución, representando a su colectividad. En conversación con El Desconcierto, la líder del partido que surgió de la fusión de Poder e Izquierda Autónoma habla de las controversias tras la negociación con Chile Vamos y la ex Nueva Mayoría, el resguardo de los Derechos Humanos y la interna de su conglomerado.

Pasadas las dos de la madrugada del viernes 16 de noviembre, dirigentes de Chile Vamos, la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio daban una conferencia de prensa anunciando lo que se denominó “Acuerdo por la Paz Social”.

La primera mujer en hablar, luego de oirse las palabras de cinco hombres, fue la presidenta del Partido Comunes, Javiera Toro. Su discurso contrastó con el conformismo que expresaron otros dirigentes. La lideresa -al igual que Catalina Pérez (RD)- puso el acento sobre las vulneraciones a los Derechos Humanos y la necesidad imperiosa de entregar justicia.

A cinco días de la firma del acuerdo, Toro analiza el panorama que se abrió tras este hito y recalca los compromisos del Frente Amplio de cara al movimiento social.

—¿Cuáles deben ser los pasos a seguir tras la firma del acuerdo para una nueva Constitución?
“El acuerdo en ningún caso es el cierre de un proceso de movilización, ni un triunfo definitivo. Es un avance importante que permite pensar que vamos a poder construir un nuevo país. Pero hay varios desafíos pendientes todavía. Me refiero a la composición de la Asamblea Constituyente, la participación de representantes de movimientos sociales, la paridad de género, la participación de los pueblos originarios. Todo eso está abierto aún”.

Igualmente, Toro recalca que las movilizaciones sociales reclaman contra las condiciones de vida en el país. “Chile protesta por la profunda desigualdad en la que vivimos. Por eso, es muy importante que podamos tener respuestas concretas a esas inquietudes con una agenda corta de medidas que alivien los efectos de la precarización que produce nuestro sistema”, señala.

—Ciertos sectores acusan que este acuerdo se firmó de espaldas a la ciudadanía, sin consultar a las organizaciones sociales. ¿Hacen alguna autocrítica sobre eso?
“Creemos que había una interpelación a la política de hacerse cargo de las cuestiones que plantea la ciudadanía. En ese sentido, se abrió una ventana que permitió avanzar de manera significativa mucho más rápido de lo que pensamos en la posibilidad de abrir un acuerdo constitucional, que no es nada más que eso: la oportunidad de abrirlo. Y creímos que lo más responsable era tomar esa responsabilidad y concretar ese avance”.

—¿Por qué en el acuerdo no se incluyó un punto referente a las violaciones a los Derechos Humanos? ¿Se tocó ese tema?
“En esa mesa en ningún momento se conversó la posibilidad de negociar algo de esas características. Los Derechos Humanos no son objeto de negociación. En ninguna circunstancia nosotros íbamos a negociar cualquier cosa relativa a eso. Por eso el acuerdo estuvo acotado al proceso constituyente. Nosotros entendemos que hay varios otros desafíos que deben atenderse y no están referidos en el acuerdo. Este fue un acuerdo firmado con partidos y no con el gobierno, que es el directo responsable de las vulneraciones por parte de las fuerzas del Estado”.

—Beatriz Sánchez planteó que faltaba explicar el acuerdo para disminuir el descontento. En lo concreto, ¿cómo van a acercar este proceso a la gente?
“Creemos que hay muchas dudas legítimas que se han planteado, que hemos tratado de despejar. El acuerdo nunca incluyó algún tipo de pacto de impunidad. Eso nunca estuvo sobre la mesa y es una acusación grave. Pero sobretodo, nos parece importante el debate de los temas que quedan abiertos. Para eso nos vamos a reunir con distintas organizaciones, porque ahora viene la elaboración de las propuestas que aseguren la participación ciudadana en el proceso”.

—Como Frente Amplio presentaron una propuesta de Comisión de Verdad, Justicia y Reparación. ¿A qué apunta esta iniciativa?
“La represión que hemos visto durante las últimas semanas tiene que ver con las deudas en materias de impunidad que tenemos como sociedad, que las arrastramos hace 30 años, por la falta de verdad, justicia y reparación que tuvimos respecto de los crímenes de la dictadura. Eso tiene que ver con el pacto transicional. A nosotros nos importa fundamentalmente este tema porque constituye un forma de restricción democrática importante. Se tienen que perseguir las responsabilidades personales y políticas, pero también debemos saldar esta deuda en materia de impunidad, por eso hablamos de una Comisión Permanente de Verdad, Justicia y Reparación, porque necesitamos que sea el Estado el que reconozca formalmente a todas las víctimas de violaciones a los DD.HH. y esto no puede ser algo episódico, como ocurrió con la Comisión Valech, por ejemplo”.

—Hablabas de una agenda corta respecto de las demandas sociales. ¿Cuáles son los temas prioritarios?
—La agenda corta es fundamental, porque hemos tenido una política que ante las movilizaciones ciudadanas, por más de 15 años, no se ha hecho cargo realmente. Va en la línea de lo que ha planteado la ciudadanía: aumento del sueldo mínimo, condonación de deudas por estudiar, inyección de recursos al sistema de salud público, rebaja de las tarifas del transporte público, aumento de las pensiones. Esas son las grandes deudas de la política de la transición y es importante empezar a avanzar de manera decidida en esa dimensión”.

—Muchos dicen que presentar la acusación constitucional contra Piñera es una jugada testimonial, pero también se habla de un deber moral. A tu parecer, ¿dónde radica la importancia de este acto?
“Nosotros no tenemos ninguna obsesión especial con sacar al presidente, sino que nos importa que tengamos una política que se haga cargo realmente de las necesidades que está planteando el país. Siempre dijimos que íbamos a evaluar la acusación a Piñera. No era algo que quisiéramos hacer para darle un golpe político al gobierno porque sí. Sin embargo, desde que eso comenzó a estudiarse hasta hoy, lamentablemente hemos visto un gobierno que no se hace cargo de las graves violaciones a los Derechos Humanos que se están cometiendo, de las que son responsables. Si bien sabemos que es difícil que la acusación obtenga los apoyos, creemos que es una medida necesaria ante la gravedad de los hechos que estamos viviendo”.

—El Frente Amplio se ha visto bastante golpeado tras la firma del acuerdo, quedaron varias disputas internas en evidencia. ¿Qué mensaje enviarías al grupo y a la ciudadanía que confía en ustedes?
“Efectivamente ha habido diferencias. Eso ha sido evidente y público. Sin embargo, estamos convencidos de que con los compañeros y compañeras que conformamos el FA nos une una vocación común, un proyecto de construir una sociedad de derechos y creo que lo importante es que podamos poner eso por delante”.

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