Opinión

Para la nueva Constitución: las Fuerzas Armadas al orden

Por: Esteban Vilchez Celis / Publicado: 22.11.2019
ejercito / / Agencia Uno
Mi tesis es simple. Premisa mayor: nuestras Fuerzas Armadas son, en los hechos, esencialmente desobedientes y deliberantes; premisa menor: en tales condiciones, representan un peligro serio para la democracia y para la vida e integridad física de todos los chilenos y chilenas; conclusión: la nueva Constitución debe someterlas real y eficazmente al poder civil constituido.

Escribo estas palabras cuando el denominado “estallido social” cumple casi exactamente un mes. Tras lograr derribar la pretensión de los sectores de derecha que esperaban con un tercio mantener intactas regulaciones constitucionales actuales, se ha logrado un acuerdo por el cual se elaborará una nueva Constitución, desde cero. Otra cosa es que la nueva normativa constitucional deba contar con un apoyo de 2/3 de los integrantes de la Convención Constituyente. Más allá de que el acuerdo no sea perfecto, no podemos olvidar que, en la práctica, significa por fin sacudirnos de una Constitución que sienta las bases del sistema económico cruel y responsable de desigualdades que hasta Desbordes visualiza sin lentes y que con la que hasta gente de la UDI se indigna por estos días.

Precisamente por eso es que quiero llamar la atención sobre un aspecto del que seguramente deberá discutirse duramente en esa Convención.

Mi tesis es simple. Premisa mayor: nuestras Fuerzas Armadas son, en los hechos, esencialmente desobedientes y deliberantes; premisa menor: en tales condiciones, representan un peligro serio para la democracia y para la vida e integridad física de todos los chilenos y chilenas; conclusión: la nueva Constitución debe someterlas real y eficazmente al poder civil constituido.

Comencemos con la premisa mayor. El artículo 101 de la actual Constitución señala que las Fuerzas Armadas y Carabineros son esencialmente obedientes y no deliberantes. Un breve repaso de la historia de Chile nos demuestra que, en realidad, nunca lo han sido.

Antes de que se afianzara la independencia de Chile, nadie podrá negar los afanes golpistas de muchos de los involucrados y el amor a los cañones y no a los votos para decidir quién debía gobernar.

En la naciente República, la batalla de Lircay (1830) consagró el triunfo del ejército pelucón y, por ende, el de Prieto sobre Freire, determinando el inicio de los gobiernos de decenios. En 1891, el derrocamiento de Balmaceda y su suicidio fueron el producto de la intervención de militares apoyando la posición del Congreso. El 3 de septiembre de 1924 se produjo el famoso “ruido de sables” en el que los militares reclamaban diversas mejoras y el 9 de septiembre, los militares le pidieron a Alessandri que … ¡disolviera el Congreso! Alessandri renunció. El 23 de enero de 1925 se inició, previa asonada militar, se logró el regreso de Alessandri. Casi de puño y letra de Alessandri nació la Constitución de 1925, nada de asambleas constituyentes, por favor, que hablamos en serio. Al pueblo no se le pregunta, se le norma.

El 4 de junio de 1932, golpe de estado de por medio, se inicia un brevísimo gobierno socialista en el que Marmaduke Grove era la estrella. No tengo espacio para seguir, pero averigüe el lector sobre el Ariostazo, el Tanquetazo, el Servilletazo, el Tacnazo. Puede agregar a esto el golpe de Estado de 1973, 17 años de dictadura, ejercicios de enlace, boinazo, declaraciones de Pinochet diciendo que si le tocaban a uno de sus hombres “hasta ahí llegaba el Estado de Derecho”.

¿Que me quedo en el pasado? ¿Que ahora es distinto y en democracia carabineros y las Fuerzas Armadas sí son obedientes? Un ejemplo actual entonces. A propósito de los cuestionamientos a la forma en que ha actuado Carabineros, su General Director, Mario Rozas, ha dicho que “no dará de baja a nadie, aunque lo obliguen”. Díscolo, él. Y sigue en su cargo, muy tranquilo.

Convendremos, entonces, en que los uniformados, desde siempre, deliberan y se mandan solos o, lo que es lo mismo, obedecen mientras tengan ganas.

Sigamos con la premisa menor: representan, por ende, un peligro para la vida e integridad física de chilenos y chilenas. Es un contrasentido absoluto, porque los civiles los financiamos, les damos salud y armas, y somos los que corremos riesgos con ellos. Sé que muchos odian a Baradit – debe ser porque dice cosas molestas –, pero tiene razón cuando afirma que nuestro ejército ha matado a muchos más chilenos que extranjeros (y ojo, que no doy por bueno andar matando a nadie, de la nacionalidad que sea). En el mes que concluye, casi 200 personas han perdido un ojo. Hay demasiados reportes que hablan del actuar desproporcionado y derechamente violatorio de los derechos humanos ejercido por uniformados militares o policiales. ¿Peligrosos? ¡Súper peligrosos! ¿Y son peligrosos para la democracia? Bueno, yo creo que sí. Lo digo por lo del ‘73 y por 17 años de dictadura, pero puede sea solo un error de apreciación de mi parte.

Concluyamos: Necesitamos, en consecuencia, una nueva regulación.

Mi propuesta del nuevo artículo 101 solo surge de mi mente afiebrada, pero también de mi libertad de expresión. Entre otras linduras, tendría las siguientes: “Las Fuerzas Armadas y Carabineros serán esencialmente obedientes del poder civil, representado en la Presidencia de la República” o “No podrán deliberar sobre la situación política nacional bajo ninguna circunstancia”. La violación de estas normas debería autorizar al poder civil para destituir, debido proceso de por medio, directamente a mandos superiores o incluso medios. También debería haber un inciso con algo parecido a lo siguiente: “Es parte esencial de su misión la protección de los derechos humanos de toda la población civil, estimándose como un delito de gravedad similar a la traición la violación de ellos”.

Deben entender que las armas son prestadas, que sus sueldos los pagan los que se las prestan y que, en consecuencia, traición es la palabra que mejor define la actuación de quienes, armados y financiados por la civilidad, torturan, violan, mutilan, detienen niños o abusan sistemáticamente de civiles.

En Chile se han vuelto a violar los derechos humanos. Y lo han hecho uniformados. Y civiles. La nueva Constitución deberá contener mecanismos jurídicos de altísima eficiencia para su protección y sanción. Y uno de ellos es que los uniformados entiendan que deben obedecer al poder civil siempre. Si no lo entienden, habrá que repensar el sentido y utilidad de su existencia, porque si ellos nos agreden en lugar de proteger, es mejor prescindir de su existencia. Costa Rica ya lo hizo. No es imposible.

Esteban Vilchez Celis
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