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Opinión

El Acuerdo Parlamentario por una Nueva Constitución

Por: Germán Correa | Publicado: 24.11.2019
El Acuerdo Parlamentario por una Nueva Constitución pueblo no acuerda | Foto: Agencia Uno
Los parlamentarios de Oposición entregaron sin razón alguna un trofeo a la derecha recalcitrante al aceptar que una de los mecanismos para modificar la Constitución, la Asamblea Constituyente, se le cambiara de nombre por el de Convención Constitucional, en circunstancias que en las movilizaciones la gente ya hizo carne y sangre una consigna que le ha costado muertos, torturados, mutilados y violados. Si ya les habían entregado a la derecha los 2/3 en lugar de los 3/5 de quorum, no había sentido en ofrendarles no sólo una palabra sino que un símbolo de la lucha democrática de estos días y años y que, sobre todo, la gente ya entendía su significado concreto.

Los chilenos y las chilenas movilizados, asesinados, torturados, mutilados, reprimidos han dado un paso fundamental en la historia de nuestro país: su sacrificio ha hecho posible que después de 49 años tengamos la posibilidad de poner fin a la Constitución pinochetista, sustento del modelo económico-social y político que ha tenido a la gran mayoría de los chilenos sometidos a los intereses, la explotación y el abuso de un grupito oligárquico de chilenos super ricos. Posibilidad, porque el Acuerdo tiene falencias notables.

El Acuerdo que tomaron la madrugada del viernes 11 partidos y sus parlamentarios, en un ambiente en que se hablaba de un inminente Estado de Sitio y nueva militarización del país, deja algunos sabores amargos e inquietudes importantes.

Primero, los parlamentarios se arrogaron una representación del movimiento social en las calles que no tienen y que no se la han otorgado. Por ello, cualquier base de acuerdo debió haber sido tomada ad referéndum, es decir, esperando una consulta ciudadana para su ratificación, lo que era perfectamente posible en el marco de la Consulta Ciudadana que las municipalidades  habían puesto en marcha para el 7 de diciembre y que el Acuerdo prácticamente desactivó. Además, debieron haberse valorado y validado las centenas de cabildos ciudadanos que espontáneamente se han venido dando a lo largo y ancho de Chile, eventos en que la ciudadanía ya inició su reflexión colectiva y sus propuestas por el nuevo Chile que desean para sus hijos en la nueva Constitución. La vieja política, realizada a espaldas de la gente y con desprecio de sus opiniones, se impuso una vez más.

Tercero, lo que es más grave, aparte de condenar la violencia y del reconocimiento que algunos parlamentarios hicieron reclamando por los derechos humanos violados sistemáticamente durante 28 días por los aparatos represivos del Estado, ningún punto del Acuerdo exige el término inmediato de la salvaje represión que en esos mismos momentos estaban sufriendo miles de compatriotas movilizados, y que han continuado el día de hoy, como tampoco que se apartara de inmediato de las filas a todos los policías y militares siendo investigados por violaciones a los derechos humanos. El Acuerdo, de hecho, le da carta blanca al Gobierno para reprimir aun con más salvajismo a quienes tengan la osadía de seguir movilizándose después que se suscribió, como de hecho está ocurriendo hoy. Por no haber exigido lo que debían haber exigido, los parlamentarios se hacen co-responsables por omisión de las violaciones a los derechos humanos que siguen dándose.

Cuarto, los parlamentarios de Oposición entregaron sin razón alguna un trofeo a la derecha recalcitrante al aceptar que una de los mecanismos para modificar la Constitución, la Asamblea Constituyente, se le cambiara de nombre por el de Convención Constitucional, en circunstancias que en las movilizaciones la gente ya hizo carne y sangre una consigna que le ha costado muertos, torturados, mutilados y violados. Si ya les habían entregado a la derecha los 2/3 en lugar de los 3/5 de quorum, no había sentido en ofrendarles no sólo una palabra sino que un símbolo de la lucha democrática de estos días y años y que, sobre todo, la gente ya entendía su significado concreto.

Quinto y más importante aún, el Acuerdo contiene alguna  letra chica que de hecho se va a traducir en distorsionar la voluntad ciudadana, cuando se acuerda que la forma de elegir a los futuros delegados a la Constituyente será la misma que se usa para elegir a los parlamentarios. Con ello se entrega el monopolio de las candidaturas ciudadanas a los cuestionados partidos políticos, haciendo prácticamente casi imposible que se postulen y sean elegidos conciudadanos independientes, que son la gran mayoría del país y de la gente movilizada. Además que la ley electoral está hecha para mantener una representatividad partidaria entre quienes sean elegidos, en circunstancias que los asambleístas constituyentes se definirán más bien por las temáticas que se desea que queden plasmadas en una Nueva Constitución, lo que no necesariamente se dará a lo largo de los ejes partidistas. A ello se agrega que no se reconoció representación a sectores tan importantes como los pueblos originarios, mujeres, jóvenes de 14 años para arriba,

Todo ello hace que el movimiento social, no consultado antes de aprobar este Acuerdo entre partidos y sus parlamentarios, tenga el derecho a reconocer de este Acuerdo lo que coincida con sus aspiraciones y que siga dando la lucha por aquellos elementos que no fueron recogidos o por cambiar aquellos que serán obstáculos para sus aspiraciones y demandas.

Quedan aún muchas batallas por delante si los chilenos y chilenas quieren lograr una Constitución auténticamente democrática y que permita que sus anhelos de justicia social, término de los abusos, derechos sobre los bienes públicos como el agua y recursos minerales estratégicos, derechos sociales y políticos, derechos humanos, sean efectivamente promovidos y defendidos. Los suscriptores del Acuerdo perdieron una inmensa oportunidad de hacer esta vez las cosas bien por la gente, pero han dejado más dudas y forados abiertos en temas cruciales.

Germán Correa